Ciudad de México.- A 15 años de la masacre de San Fernando, perpetrada por un grupo de la delincuencia organizada, la impunidad sigue siendo la constante y aunque en 2024 se anunció la condena de 50 años de cárcel contra algunos integrantes de los zetas vinculados con los hechos, ningún funcionario público ha sido procesado, pese a que las instituciones del Estado fallaron en prevenir, investigar e identificar de manera digna a las víctimas, así lo denunció la periodista Marcela Turati.
Hay que recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, durante los días 22 y 23 de agosto de 2010, ocurrió la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinadas 72 migrantes , 58 hombres y 14 mujeres. Sin embargo, esto no cesó ahí, pues en un periodo de ocho meses continuaron cometiéndose delitos en contra de migrantes que atravesaban por ese territorio, lo que llevó a la localizaron de siete fosas clandestinas.
San Fernando es un municipio en el estado de Tamaulipas ubicado en la frontera norte de México, en el cual se ha reportado la presencia del cartel los zetas y el cartel del golfo y en el cual transitan migrantes, solicitantes de asilo y víctimas de desplazamiento interno forzado que desean llegar a Estados Unidos. En dicho municipio, se han registrado delitos contra la población de paso, desapariciones forzadas, asesinatos y secuestros.
Estos acontecimientos fueron conocidos por la prensa como la masacre de San Fernando, las cuales provocaron la preocupación de diversas organizaciones y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual condenó los asesinatos en la localidad e hizo un llamado al Estado mexicano “a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos”.
Desde entonces, han sido las periodistas y defensoras de derechos humanos quienes han dado seguimiento al tema quienes también han sido perseguidas por el hecho de informar y evidenciar un sistema que opera en favor de la delincuencia.
Es importante destacar que en el 2024 Amnistía Internacional (AI), denunció en su informe Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México la persecución contra Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo y Marcela Turati.
Por ejemplo, Turati con la información recabada durante meses, pudo publicar una serie de reportajes que incomodaron a los miembros de la PGR por denunciar hechos ilícitos en la investigación. Así, la PGR denunció que los reportajes habían publicado «información no autorizada».
Esto ocurrió entre mayo y junio de 2015, cuando Marcela invitó a dos colegas a armar un equipo de investigación para analizar el caso y recorrer los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán en busca de familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando y a sobrevivientes.
No hay que perder de vista que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió integrar una Comisión de la verdad para esclarecer la matanza de 72 migrantes y el hallazgo de las decenas de entierros clandestinos en San Fernando, situación que no ocurrió.
Los errores fueron múltiples: cuerpos mal identificados, restos enviados a países equivocados e incluso víctimas que permanecen en fosas comunes sin ser reconocidas. Esta tragedia humanitaria no solo marcó un antes y un después, sino que sentó las bases de un patrón que se repite hasta hoy: secuestros, detenciones de autobuses y desapariciones masivas en el tránsito migrante hacia la frontera norte.
Este suceso pese a que ya fue hace más de una década, la problemática persiste, porque en México hay 130 mil personas desaparecidas, en su mayoría a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la cual señaló Turati fue financiada y respaldada por Estados Unidos, lo cual refleja la magnitud de una crisis que trasciende fronteras.
La periodista dio esta información durante el “Conversatorio: A 15 años de la masacre de San Fernando”, organizado por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) donde Camilo Pérez, profesor de estudios étnicos, advirtió que uno de los motivos para que el panorama para los migrantes siga siendo hostil, deviene de la militarización de la política migratoria en las fronteras, lo cual se ha recrudecido desde la llegada de Donal Trump al poder. Como resultado, continúa el peligro, la persecución y el clima de terror contra las personas migrantes en tránsito.
Pese a que las políticas migratorias deben estar alineadas con los principios de derechos humanos, en donde las autoridades deben capacitar al Instituto Nacional de Migración (INM), personal de seguridad y vigilancia en estaciones migratorias en derechos humanos e igualdad de género; la realidad muestra que el Estado Mexicano ha decidido alinearse a las necesidades de Estados Unidos.
La militarización como estrategia para frenar el flujo migración ha profundizado los peligros a los que las mujeres migrantes se enfrentan a lo largo de su tránsito por México. Siendo que migrar es un derecho humano establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
«Toda persona tiene derecho a circular libremente, elegir su residencia y regresar a su país. No obstante, este derecho es frecuentemente ignorado o criminalizado. Países como Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder, se imponen restricciones mediante visados, controles fronterizos y la construcción de muros y hoy una criminalización que dificulta el ejercicio de este derecho fundamental».
De esta manera, las políticas públicas migratorias no han puesto en el centro la seguridad de las mujeres migrantes, quedando así una deuda pendiente con ellas.
Por ejemplo, con el regreso de Trump en su segunda administración, se enviaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional a 18 ciudades fronterizas: Baja California (3 mil 010), Sonora (mil 987), Chihuahua (2 mil 620), Coahuila (mil 017), Nuevo León (623) y Tamaulipas (743), como parte del Operativo Frontera Norte.
Este fue el precio de la negociación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump, quienes a través de una llamada telefónica acordaron interponer una pausa a los aranceles que se pensaban poner a los productos mexicanos exportados hacia Estados Unidos en febrero de 2025.
Turati recalcó que las políticas migratorias y de seguridad continúan priorizando la militarización y el uso de la fuerza. Lejos de garantizar protección, estas medidas obligan a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas. Las causas estructurales de la migración, como la violencia, la inestabilidad política, el despojo territorial y el impacto del cambio climático, siguen sin ser atendidas.
Discurso antimigrante
Sumado a la política migratoria de Trump, el discurso que la sostiene resulta letal para las y los migrantes. Dubal Fernández, especialista en demografía, advirtió que el discurso trampista tiene un impacto «gravemente preocupante», pues criminaliza, revictimiza y llega a catalogar de “terroristas” a quienes pisan su territorio de forma ilegal, denostando que cualquier vulneración a sus derechos es responsabilidad propia y no del Estado.
Ante ello, recordó que los hechos acontecidos en territorio mexicano responden en gran medida a acontecimientos previos en Estados Unidos, pues señaló que fue inmediatamente después del 11 de septiembre cuando nació este paradigma de la militarización de fronteras, la criminalización de migrantes, la securitización de las políticas migratorias, así como la externalización y regionalización de estas políticas. Ese fue el camino que pavimentó la tragedia de San Fernando.
“Conmemorar San Fernando y señalar los crímenes persistentes e impunes del Estado mexicano es señalar también que, tristemente, los crímenes mexicanos son crímenes secundarios, porque los primarios son los crímenes del régimen de Estados Unidos del terror, que tienen sus orígenes como paradigma inmediatamente después del 11 de septiembre”.
Fernández advirtió, que lo más preocupante del presidente de Estados Unidos no es solo su figura política, sino el amplio respaldo social con el que cuenta, incluso dentro de algunas comunidades migrantes. Esto ocurre pese a que el propio presidente ha colocado un discurso neofascista, abiertamente racista y xenófobo.
Sin embargo, apuntó Camilo Pérez, no es el único discurso peligroso, pues en los últimos años figuras conservadoras como Javier Milei en Argentina, Giorgia Meloni en Italia y Jair Bolsonaro en Brasil han buscado sentar sus bases a través de la legitimación del discurso antimigrante.
A pesar de que han transcurrido 15 años de la tragedia en San Fernando, las y los migrantes se siguen enfrentando a políticas y discursos que atentan contra su dignidad. Pese a ello, la corrupción que emana de México, sumada a los actos xenófobos liderados por figuras como Donald Trump, sigue ocasionando que estos hechos atroces se perpetúen con total impunidad.
