Ciudad de México.- Shalma Castillo, periodista de investigación tras publicar un reportaje en el medio Artículo 7 en el cual expuso presuntos actos de corrupción y vínculos del gobierno de Tamaulipas con el crimen organizado ha sido blanco de amenazas, hostigamiento y criminalización, hechos que reflejan la crisis de libertad de expresión en la región y pone en evidencia la deuda de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien aseguró que salvaguardaría la integridad de las y los periodistas
Recordemos que fue en Julio del 2024, Claudia Sheinbaum aseguró en conferencia de prensa previo a tomar el mando presidencial que, junto con Rosa Icela Rodríguez, designada como secretaria de Gobernación, trabajarían en conjunto para proteger a periodistas.
“Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a los periodistas y a las periodistas. Tienen que tener la certeza de su seguridad para poder ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa; de crítica, por supuesto.”, aseguró Claudia Sheinbaum
Sin embargo esta promesa ha quedado rota, pues las y los periodistas continúan ejerciendo su labor con riesgos latentes. Una de ellas es Shalma Castillo, quien ha enfrentado una ola de violencia, luego de que el pasado 13 de agosto de 2025 publicara la investigación Proveedor de obras de gobierno de Tamaulipas, entre los extraditados a EU por narcotráfico.
Esta serie de agresiones que enfrenta la periodista se enmarcan en un hecho generalizado de violencia en el país. Tan solo en el 2020, CIMAC documentó 251 casos de violencia contra mujeres periodistas, que incluyeron 19 feminicidios, nueve periodistas desaparecidas y diez en condición de desplazamiento forzado. Esto significa que, en promedio, cada 34 horas una comunicadora sufre algún tipo de violencia por ejercer su derecho a informar.
Aunado a esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) informó que desde el año 2020 al 2023, 33 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México fueron víctimas de feminicidio y 23 tentativas de asesinatos.
Shalma Castillo, en el reportaje reveló que la Secretaría de Obras Públicas adjudicó contratos a una empresa ligada a José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 hombres extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico en 2025.
En México, ejercer el periodismo se ha convertido en un acto de resistencia frente a un Estado que busca silenciar a quienes cuestionan su poder. Tamaulipas es un ejemplo contundente de esta problemática: en 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó a la entidad como una “zona de silencio absoluto” para la prensa.
En entrevista con Cimacnoticias, Shalma Castillo señaló que las acciones perpetradas en su contra provienen del gobierno, lo que deja entrever que en Tamaulipas, liderado por el partido Morena bajo el gobernador Américo Villarreal Anaya, existe cero tolerancia hacia el periodismo crítico y de investigación.
“Hay presión para censurarme. Lo que les gusta no lo puedo llamar periodismo, pues solo quieren que se hable bien en favor de ellos y no lo que habla con la verdad”, expresó.
Pese a ello, un año después de la promesa de Sheinbaum, Castillo por su investigación ha enfrentado amenazas de muerte en redes sociales mediante mensajes intimidatorios. A ello se sumó la filtración de sus documentos de identidad, incluyendo su credencial de identificación oficial con su domicilio. Posteriormente, la situación se recrudeció con mensajes de hostigamiento masivo y llamadas que provocaron fallas en su teléfono.
Paralelamente, enfrentó una campaña de difamación y criminalización en la que se le vinculó con el narcotraficante investigado, señalamiento replicado en diversos medios locales. Las intimidaciones trascendieron el espacio digital y se materializaron en el ámbito físico: las cámaras de seguridad de su domicilio dejaron de funcionar repentinamente.
La periodista denunció que en ese momento observó a personas con chalecos del partido Morena de Tamaulipas afuera de su vivienda, tomando fotografías, interrogando a vecinos y registrando información del entorno.
El 18 de agosto interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, no ha recibido información sobre la investigación, pues se le mencionó que para conocer los avances del proceso, se le sería proporcionaría un asesor legal, asignados por ellos, no obstante hasta el momento no se ha presentado.
Para este tipo de situaciones, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está obligado a brindar medidas urgentes de protección, Shalma denunció que siguen sin obtenerlas. Sumado a ello, sentenció que las medidas que ofrece el Mecanismo son insuficientes, pues solo se pretende ofrecer rondines alrededor de su casa por la Guardia Nacional.
Desplazamiento forzado
Ante esta situación, Castillo no ha podido regresar al estado de Tamaulipas por temor a su seguridad, lo que la mantiene lejos de su familia y círculo cercano. Esto genera incertidumbre, pues teme verse obligada a desplazarse indefinidamente a la capital del país si la violencia en su contra no cesa, lo que ha truncado sus proyectos personales y profesionales.
Según Artículo 19, durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum han sido asesinados siete periodistas en el ejercicio de su labor, el último de ellos el pasado 9 de julio. Desde el año 2000, al menos 171 periodistas han sido asesinados en México, 31 permanecen desaparecidos y durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador al menos 32 se desplazaron huyendo de la violencia.
Aunque Castillo admite sentir miedo ante los constantes ataques recibidos en las últimas semanas, lo que la ha llevado a cuestionarse si debe continuar con su labor periodística. Sin embargo, asegura que abandonar el oficio, sería cumplir con el cometido del gobierno: censurarla. “Aún con miedo pienso hacerlo. No debería ser así, pero en este momento es lo que hay”, afirma con convicción
Un claro ejemplo de su resiliencia es que no es la primera vez que enfrenta campañas de desprestigio, muchas de veces ha sido descalificada únicamente por el hecho de ser mujer. Esta situación no es aislada, pue de acuerdo con el informe La violencia en línea contra las mujeres en México, la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer señaló que los ataques digitales contra periodistas y otras mujeres que ejercen la libertad de expresión siguen un patrón caracterizado por lenguaje violento, sexual, discriminatorio y misógino.
Pese a la “zona de silencio absoluto” que enfrenta Tamaulipas, Shalma asegura que su principal motivo para resistir es entregar a la ciudadanía “un periodismo crítico, real y de investigación” que les permita tomar decisiones con información veraz.
“Es importante que escuchen los datos reales y no lo que el gobierno quiere que escuchen. Eso es lo que me motiva: hacer la diferencia, no ser parte del institucionalismo y hablar de lo que realmente pasa”, sostiene.
Como respuesta, exige a la presidenta Sheinbaum garantizar un periodismo libre, sin represalias, “sin que su gabinete tome acciones en contra de quienes hablan con la verdad. Deberían simplemente garantizar la libertad de expresión”, concluyó Castillo.
Paralelamente, Artículo 19 y CIMAC han manifestado su respaldo a la periodista y exigen a la FEADLE realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales de las agresiones.
Asimismo, demandan al Mecanismo Federal de Protección otorgar medidas urgentes, efectivas e integrales que garanticen la seguridad de Shalma Castillo y su familia. Finalmente, exhortan al Gobierno de Tamaulipas a cesar toda forma de hostigamiento, abstenerse de estigmatizar o criminalizar a la periodista y garantizar el libre ejercicio del periodismo en la entidad.
