Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) debieron ofrecer una disculpa pública por los casos de violencia sexual cometidos entre agosto y octubre del 2018 en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, por parte del personal docente, administrativo y técnico, sin embargo, esta acción llega siete años después de los hechos.
Del caso se sabe que procedieron 18 denuncias por la violencia sexual contras niñas y niños de esa escuela, pero hasta el momento solo existen dos sentencias: una contra el principal agresor, condenado a 495 años de cárcel, y otra contra la misma SEP y que el Jardín de Niños implicado está ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
Desde el momento en que las madres y padres se percataron de la situación con sus hijas e hijos comenzaron un camino para encontrar justicia pero solo fueron 18 casos los que judicializaron el caso para recibir una sentencia favorable de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Distrito quien exigió a la SEP como parte de las medidas de reparación a realizar este reconocimiento de responsabilidad y ofrecerles una disculpa a todas las víctimas.
Junto a la condena, el juez impuso una multa de más de 3 millones de pesos y una reparación del daño superior a los 24 millones 650 mil pesos, que deberán ser cubiertos por parte de la Secretaría de Educación Pública, quienes fueron declarados penalmente culpables por el juez por no proteger a las y los niños adecuadamente. Además se establecieron medidas de reparación integral para las víctimas y sus familias: becas educativas, apoyos para la inserción laboral de las víctimas indirectas y la obligación de realizar un evento de “Disculpa Pública”.
Así fue que la Secretaría de Educación Pública encabezada por Mario Delgado Carrillo llevó a cabo este acto protocolario el pasado 28 de agosto.
Durante el evento, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, reiteró la disculpa pública por estos lamentables hechos y anunció medidas de capacitación, detección, atención y seguimiento, reafirmando la obligación del Estado de proteger la vida, la integridad y la educación de niñas, niños y adolescentes.
«Reiteramos que estos hechos no deben ser encubiertos y reconocemos la valentía de las familias, la importancia del acompañamiento de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y solicitamos a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la investigación».
Hay que señalar que el caso del Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, no es un hecho aislado, sino que corresponde a una persistente realidad en México. El informe “Es un secreto”, elaborado por la ODI, documentó entre 2021 y 2023 al menos había 25 casos de violencia sexual en escuelas preescolares y primarias de 10 estados del país: Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California.
Los hallazgos dentro de los 25 casos revelan patrones «alarmantes»: Todas las víctimas eran niñas y niños de entre 3 y 6 años; hubo participación de múltiples agresores; se presentó violencia grupal; identificaron el uso de cámaras para registrar los abusos; existió indicios de sedación en los menores, así como encubrimiento o participación de personal escolar.
El informe advierte que la información pública sobre estos delitos es parcial, incompleta y fragmentada, lo que impide dimensionar su magnitud real. Esta opacidad genera consecuencias graves, entre ellas, invisibiliza la problemática, obstaculiza el acceso a la justicia y favorece la reproducción del delito, pues la impunidad permite que los agresores continúen operando, incluso dentro de las mismas escuelas.
En uno de los casos documentados, la ODI identificó hace apenas unos días que el Colegio Carmel, institución en la que se denunciaron múltiples abusos sexuales contra niñas y niños desde 2023, reabrió sus puertas pese a haber sido clausurado, solo que bajo un nombre distinto. En este caso, la carpeta de investigación continúa abierta y hasta el momento no hay personas responsables sentenciadas.
Las víctimas
Brenda Castillo, psicóloga de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) señaló en entrevista para Cimacnoticias que existen múltiples omisiones cometidas por la SEP. Una de las principales fue la ausencia de protocolos claros para la contratación y supervisión del personal. Asimismo, cuando las denuncias se hicieron públicas, la SEP no avisó a fiscalía y decidieron investigarse a sí mismos, lo cual explicó, constituye un delito.
A ello se sumó la presión ejercida sobre las familias para que desistieran de sus denuncias, situación que se reafirma con el testimonio de una de las madres, víctima colateral de los hechos, quien durante el acto público responsabilizó directamente a la SEP al subrayar su incapacidad para elegir y supervisar al personal que contrata:
“Hay que dejar claro que no estamos aquí porque hayamos cometido un error nosotras, sino porque la SEP no supo hacer su trabajo cuidando de nuestros hijos e hijas”. Testimonio de una madre de familia víctima del caso. Solicitó anonimato.
Ante ello, Castillo declaró que la disculpa pública no constituye un acto pleno de reparación. Primero, porque se trata de una violencia que nunca debió haberse perpetrado contra la infancia; y segundo, porque esta acción se llevó a cabo únicamente ante a la sentencia judicial que obligó a la SEP a reconocer su responsabilidad por no proteger a los niños.
Uno de los testimonios presentados relató cómo detectó la violencia contra su hija al comenzar a notar cambios significativos en su comportamiento, por ejemplo
«La niña entraba llorando a la escuela, se resistía a quedarse y mostraba conductas sexualizadas. Su carácter, antes «feliz, amoroso y expresivo», cambió de manera repentina, pues se volvió «introvertida, desconfiada de las personas, comenzó a sentir miedo de lugares específicos», llanto incontrolable y dificultades para dormir. según describió un padre de familia víctima del caso.
De acuerdo con la psicóloga Castillo, para las 9 familias que acompañó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, durante 7 años ha sido un largo camino marcado por el desgaste. Algunas madres y padres perdieron sus empleos por sus constantes inasistencias para atender el proceso. Hay quienes se vieron obligadas a mudarse, incluso a cambiar de estado, en busca de un entorno que les brindara mayor seguridad. Al mismo tiempo, tuvieron que dedicar grandes esfuerzos a la sanación personal y en especial a reconstruir la relación con sus hijas e hijos después de la violencia vivida.
“En todo este camino, quienes nos han dado contención fueron mis hijos. Creo que de ahí vino la principal fuerza para poder tomar acciones como estas para poder protegerlos. De las instituciones percibo ahora una gran desconfianza y frustración, incluso por la misma SEP”, denunció una de las madres, víctima de los hechos.
Insuficientes medidas de la SEP
Como parte de la sentencia emitida contra la SEP, las autoridades educativas deberán destinar un día del ciclo escolar a la prevención del abuso sexual infantil y desarrollar programas enfocados en la protección de niñas y niños, en este año sucederá el próximo 8 de septiembre. La iniciativa tiene como propósito que tanto el personal docente, administrativo, familiares, así como infancias cuenten con las herramientas necesarias para prevenir y combatir esta problemática.
Sin embargo, Castillo apunta que esta medida no es suficiente, pues lo que realmente se necesita es una capacitación profunda y efectiva, jornadas de concientización en donde se incluyan al personal administrativo y académico. Advirtió que el problema no se resuelve únicamente con instalar estas actividades en el calendario, sino con asegurar que la capacitación tenga un contenido sólido, útil y pertinente. Ante ello, aseguró, se deben plantear preguntas urgentes: «¿quién elabora los materiales?, ¿cómo se distribuyen y de qué manera se aplican?».
Asimismo Mario Delgado, secretario de Educación Pública, se comprometió a que la información sobre el personal educativo que labora en cada escuela sea completamente transparente y de fácil consulta, así como un seguimiento riguroso ante la Fiscalía General de la República sobre la investigación sobre los presuntos responsables del caso del jardín de niños Marcelino de Champagnat, quienes aún no han sido presentados ante la justicia.
Además, se establecerá una mesa de trabajo con la participación de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a estos acuerdos, pues pese a que la institución ya emitió lineamientos para la prevención y detección oportuna de casos de violencia y abuso sexual, la falta de acción efectiva evidencia la impunidad y el riesgo persistente para la infancia.
La exigencia
Desde la ODI y las familias, propusieron crear políticas públicas que garanticen espacios escolares seguros, con infraestructura adecuada, supervisión constante y capacitación permanente para todo el personal académico y administrativo, enfocada en la prevención y detección de violencia sexual infantil. Además, buscan publicar materiales educativos, establecer protocolos claros para sancionar malos tratos y definir criterios de contratación que aseguren personal adecuado para trabajar con niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, pretenden homogeneizar la Jornada de Concientización en todo el país para que cumpla su objetivo de prevención y actuación frente a la violencia sexual en las escuelas. Como medida de apoyo a las víctimas, se pidió el otorgamiento de becas completas y garantizar entornos escolares seguros.
En respuesta a ello, Castillo apunta que si bien este acto de disculpas representó un avance para las familias, lo que realmente les permitirá avanzar hacia una reparación del daño será la implementación efectiva de las acciones, tanto de las exigencias que ellas plantearon como de las medidas a las que se comprometió Mario Delgado, por lo que consideraron que, a partir de ahora, la tarea principal es dar seguimiento puntual a lo establecido.
