Ciudad de México.- En tan solo seis meses, el estado de Zacatecas ha acumulado dos asesinatos de madres buscadoras, el más reciente ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando el Colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas denunció el feminicidio de Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija desde junio de este año.
De acuerdo con Artículo 19, con el caso de Aida Karina suman 36 asesinatos y desapariciones de personas buscadoras desde 2010. Tan solo en la administración de Claudia Sheinbaum se han documentado 10 agresiones letales contra buscadoras: siete mujeres asesinadas y tres más desaparecidas por su labor de búsqueda.
Este hecho no es aislado, está atravesado por una crisis de personas desaparecidas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), al 1 de septiembre de 2025 suman 133 mil 120 personas desaparecidas, de las cuales 30 mil 259 son mujeres de todas las edades y son sus familiares quienes hacen la labor de búsqueda.
Es de señalar que el mismo día 28 de agosto, cuando fue reportado el feminicidio de Aida Karina Juárez Jacobo, el gobernador zacatecano David Monreal Ávila, presumía en sus redes sociales: «Desde el municipio de Nochistlán hicimos entrega de equipamiento y patrullas para las policías municipales de la región sur. Fortalecer las corporaciones es fundamental para consolidar la pacificación; seguiremos trabajando de manera coordinada con este objetivo de paz». No hubo ningún pronunciamiento gubernamental por el caso.
Pese a este escenario, Zacatecas celebró, tras el informe de Claudia Sheinbaum, los avances en materia de seguridad que, según las autoridades, ha “logrado” el estado gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía. Desde mayo, incluso, han reiterado un supuesto cambio positivo en el Índice de Paz Positiva, que evalúa factores estructurales como el acceso a la justicia, el buen gobierno y los bajos niveles de corrupción.
“Zacatecas representa ahora un caso emblemático en la mejora de las condiciones de paz en México. Según el Instituto para la Economía y la Paz, su trayectoria puede servir como modelo para otras entidades, especialmente en el manejo del conflicto criminal en contextos de alto riesgo”. se lee en comunicado del gobierno de Zacatecas.
Estas afirmaciones se desmantelan con los hechos que enfrentan las madres buscadoras. En el caso de Karina Juárez, fue reportada como desaparecida el 26 de agosto pasado, pero dos días después fue hallada sin vida en San Luis Potosí, estado colindante con Zacatecas. Ella había comenzado la búsqueda de su hija de 26 años, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, el 28 de junio de 2025. Inmediatamente se unió al colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, pero hasta el momento no se tiene rastro alguno de su hija.
Tras hallar el cuerpo de Karina Juárez, Rodríguez Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, anunció que el probable responsable de este hecho ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Además, se informó que sería la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz la encargada de ofrecer mayores detalles, incluyendo las líneas de investigación de la Fiscalía. No obstante, hasta ahora dicha instancia no ha emitido información alguna.
Las contradicciones aumentaron cuando las autoridades zacatecanas reiteraron su colaboración con el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, la fiscal potosina, García Cázares, aseguró tras estas declaraciones que aún no existía un diálogo conjunto, lo que puso bajo la mira la falta de coordinación real entre ambos estados.
Ante ello, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pronunció su consternación sobre los hechos, además exhortaron a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.
Este caso de feminicidio tiene otro precedido de forma reciente. Seis meses antes del asesinato de Aida, en febrero de 2025, fue asesinada otra madre buscadora: Sofía Raygoza Ceballos, encontrada sin vida dentro de un automóvil en la comunidad de Felipe Ángeles, municipio de Villanueva, a 100 kilómetros al suroeste de la capital zacatecana, de acuerdo con datos registrados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).
En 2023, Sofía había reportado la desaparición de su hija, Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después tras haber permanecido secuestrada. Aunque la fiscalía aseguró que el asesinato de Sofía no estuvo relacionado con su labor, el Centro ProDH sostiene que durante ese tiempo se convirtió en una voz incómoda para las autoridades al cuestionar públicamente los protocolos y métodos de la fiscalía.
En un acto público, Sofía encaró al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar, y le exigió que ordenara la búsqueda de su hija:
“Mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que la está esperando. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”.
Madres buscadoras: las más incómodas para el Estado
La crisis de desapariciones en el país recae principalmente en las madres buscadoras, quienes encabezan la lucha por encontrar a sus hijas e hijos. Como consecuencia, son también quienes más enfrentan criminalización, amenazas, intimidación y desprotección del Estado.
De acuerdo con Amnistía Internacional, entre febrero de 2011 y mayo de 2025 se registraron 30 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 16 fueron mujeres: once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista. En muchos de estos casos, las víctimas habían denunciado amenazas previamente, ya sea de manera pública o ante las autoridades, tras localizar fosas clandestinas, identificar cuerpos o señalar a probables responsables.
Debido a los roles de género que les impone la sociedad patriarcal, las mujeres y niñas experimentan impactos diferenciados en su labor como buscadoras. En primer lugar, enfrentan la estigmatización de la familia, la comunidad, la sociedad, los medios de comunicación y otros actores con poder. Frecuentemente se les culpa por la desaparición de sus familiares, y cuando la persona desaparecida es mujer, la violencia simbólica se agudiza. En el caso de las madres, suelen ser responsabilizadas por “no cuidar lo suficiente” a sus hijas e hijos y son rechazadas por dedicarse a la búsqueda, lo que genera en ellas sentimientos de culpa, preocupación y aislamiento.
Los datos reflejan la magnitud de estas violencias: 295 buscadoras reportaron haber recibido amenazas verbales o escritas; 179 fueron violentadas en redes sociales; 178 acosadas por autoridades; 94 víctimas de lesiones o ataques físicos; 66 denunciaron tortura y 39 fueron secuestradas. A ello se suma que 261 reportaron haber sido víctimas de extorsión y 206 señalaron haber enfrentado corrupción en el marco de su labor.
