Ciudad de México- El círculo familiar, lejos de ser un espacio seguro, se ha convertido en el principal canal de captación para el delito de Trata de personas, advirtió el Consejo Ciudadano en el quinto Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024- 2025, debido a que el 51 por ciento de los casos registrados involucra a víctimas enganchadas por un familiar, siendo la niñez la más afectada, pues el mayor porcentaje de víctimas es menor de 18 años y tiene rostro de niña.
La trata de personas representa un problema grave en México donde se registraron tan solo en julio de 2025, 2 mil 239 mujeres víctimas de trata, lo que representa el 74.9 por ciento del total, frente a 748 hombres (25.1 por ciento) informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). De las cifras, resalta que mientras los hombres suelen enfrentar otros tipos de trata como la explotación laboral, para las mujeres el destino siempre es el mismo: la explotación sexual.
De acuerdo con el Balance Anual de REDIM, en 2023 se registraron 9mil 802 casos de personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.
Es posible dimensionar este fenómeno, si revisamos el panorama mundial, el cual confirma esta tendencia: según el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2022 el 61 por ciento de las víctimas detectadas eran mujeres y niñas; de estas, seis de cada diez niñas fueron explotadas sexualmente. En América Central y el Caribe, el 52 por ciento de las víctimas detectadas fueron niñas y el 30 por ciento mujeres, de las cuales el 62 por ciento fue tratada con fines de explotación sexual.
Esto significa que en conjunto, las personas de sexo femenino representan más del 80 por ciento de las víctimas, lo que evidencia que “la trata de personas es un delito con énfasis de género” según el capítulo trata en #Tiempodemujeres del quinto informe de Trata de Personas, de la misma Oficina.
Ante los datos, UNODC refiere la urgencia de diseñar políticas públicas que prioricen la protección, prevención y acceso a la justicia para mujeres y niñas, sobretodo en un país donde el sistema de justicia continúa priorizando a las y los agresores y revictimiza a las víctimas, por falta de perspectiva de género.
La familia ¿Y si el peligro está en casa?
En su más reciente labor, el Consejo Ciudadano —responsable de operar la única Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas (800 5533 000)— ha centrado sus esfuerzos en analizar los patrones y prácticas que revelan cómo la desigualdad funciona como un señuelo.
De acuerdo con sus datos, el 28.9 por ciento de las víctimas mujeres, niñas y adolescentes fueron captadas por personas dentro de su propio entorno familiar. Además, en más del 40 por ciento de los casos, el reclutamiento ocurre de forma directa y personal, lo que pone en evidencia cómo los lazos afectivos son utilizados como mecanismo de control. Así lo señala María Elena Esparza Guevara, consejera en temas de género del Consejo Ciudadano y fundadora de la organización Ola Violeta A.C., quien señala que las y los familiares incurren en este delito por el beneficio que obtienen por medio de la trata de niñas, niños y adolescentes (NNA).
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la trata se ejerce por medio de “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” .
“No fue su mamá fue su proxeneta”
En este contexto basta observar lo que sucede con el reciente caso que se hizo mediático de Giovanna, quien vivió por ocho años explotación sexual a manos de Gema N. su madre, quien presuntamente fue su explotadora desde que tenía 10 años de edad y se prolongó durante varios años, hasta que logró escapar a los 18 años al extranjero, donde buscó un nuevo comienzo.
Por si fuera poco, otro rostro de la trata es la lucha que enfrentan por recuperar totalmente su libertad, pues suele ser muy difícil que un tratante deje a la víctima continuar su vida.
Gema N, también amenazó e intentó extorsionar a Giovanna, motivo por el que en 2021 la víctima decidió denunciar, es por ello que actualmente la imputada se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años pues el Estado reconoció que representaba no sólo un peligro para Giovanna, también para su hermano quien ha sido presuntamente amenazado.
El juez: el rostro de un sistema revictimizante
El juez Esquivel Jasso es quien tiene este caso y ha sido señalado por su actuación, de acuerdo con la víctima ha mostrado parcialidad revictimizándola, pues pese a las amenazas que ponen en riesgo su vida, el impartidor de justicia, sugirió a la imputada que solicitara medidas cautelares en libertad. Al parecer tendría cercanía con la mujer denunciada.
Este tipo de posturas no son aisladas, sino parte de un patrón sistemático dentro del sistema judicial mexicano, donde distintos actores contribuyen a normalizar la impunidad y la revictimización en casos de violencia contra las mujeres. Esta problemática se agrava aún más cuando las víctimas han sido traicionadas por su propia familia, lo que las deja en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección institucional.
Recordemos que ante estos casos, las víctimas pueden y deben ser amparadas por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual establece que toda persona que haya sido víctima de trata durante su infancia, especialmente con fines de explotación sexual, debe ser reconocida como víctima, aunque denuncie el delito ya siendo adulta.
Esto se debe a que las y los menores de 18 años no pueden otorgar consentimiento válido para su explotación, por lo que el hecho constituye un delito grave que no prescribe por la edad de la víctima, donde particularmente quienes son explotadas por su familia no tienen regularmente un adulto seguro a su alcance que pueda defenderlos con medidas legales.
Cuando son mayores de edad y se encuentran en posición de denunciar, la ley tiene que garantizar que estas personas tengan atención integral, incluyendo servicios médicos, psicológicos, sociales y jurídicos, así como medidas de reparación del daño. Además, las autoridades están obligadas a investigar y perseguir penalmente a las y los responsables, incluso si el delito ocurrió muchos años atrás, asegurando que la justicia y la protección a la víctima prevalezcan por encima del tiempo transcurrido.
Ante los hechos que hoy enfrenta Giovanna es importante que las víctimas y el Estado tenga presente el artículo VIII de esta ley:

El caso de Giovanna no es un hecho aislado, sino el reflejo de una práctica sistemática que ocurre en la sociedad mexicana, como el caso de Beatriz Rodriguez quien fue víctima de trata con fines de explotación, pues su madre la entregó a su tía quien fue su tratante por más de 20 años.
“Las niñas no se tocan, no se violan, no se venden”
Por ello el hartazgo colectivo se movilizó a las calles este primero de septiembre, el cual arrancó con indignación desde las 7:30 de la mañana, frente a los juzgados de Sullivan en la Ciudad de México. Defensoras de derechos humanas y colectivas se reunieron para exigir justicia para Giovanna.
Buscaban visibilizar a urgencia de que su caso sea juzgado con perspectiva de género y evitar la salida de la presunta agresora recordando que la impunidad no puede ser la norma en los casos de violencia contra las mujeres y más en casos donde los vínculos familiares se aprovechan del poder que tienen sobre una niña.
En entrevista con Cimacnoticias, Andrea Martín del Campo, amiga cercana de la víctima y organizadora de la manifestación en favor de Giovanna, denunció:
“Esto que ven acá (refiriéndose a la protesta) es el resultado de un sistema de justicia corrupto y de un juez completamente parcial, tenemos que recurrir a hacerlo viral” además resaltó su preocupación porque no todos tienen la ventaja de hacer tanto ruido para dar a conocer su caso y su agresora o agresor sale impune. “Esto no es solo por Giovanna es por todas”.
Las víctimas no solo deben enfrentarse al mundo delincuencial, también deben cargar con el peso y la culpa de romper el pacto de silencio que permea el entorno familiar en la sociedad mexicana que nos enseñó que “la familia es lo más importante” pero que olvida que históricamente ha representado un riesgo real para las niñas, niños y adolescencias.