Ciudad de México.- “Si el día de mañana me matan por activista, al menos van a decir que lo hice en la defensa de mi hijo”, dijo a Cimacnoticias la madre de una víctima del Jardín Marcelino Champagnat, quien ha exigido justicia durante siete años tras descubrir la violencia sexual que se ejercía dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La madre quien pidió anonimato y por motivos editoriales le llamaremos Esperanza, asegura que las niñas y niños aún no están a salvo en escuelas de la SEP, por lo que a lo largo de estos años ha demandado la implementación de medidas que protejan la integridad de las infancias. Esa insistencia la ha convertido en alguien incómoda para las autoridades, pues no ha quitado el dedo del renglón. Relata que incluso gente allegada le han dicho: “ya deja eso, no te la des de activista, porque te van a matar”.
El caso del jardín de niños Marcelino Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo A . Madero de la Ciudad de México, salió a la luz en octubre de 2018, cuando madres y padres denunciaron que al menos 18 niñas y niños habían sido víctimas de violencia sexual dentro del plantel lo que llevó a buscar justicia.
El saldo fue un hombre en prisión quien se desempeñaba como apoyo técnico pedagógico, quien fue sentenciado dos años después a 463 años de cárcel, y a la SEP se le exigió una indemnización económica y una disculpa pública a las víctimas la cual fue realizada el 28 de agosto por el secretario de Educación, Mario Delgado.
Esperanza estuvo presente en el acto de disculpa pública y reconoció el gesto, pero se mantiene escéptica sobre su cumplimiento, enfatizando que lo mínimo que las autoridades deben garantizar es la no repetición de los hechos.
SEP se disculpó por 18 casos de violencia sexual contra niñas y niños en escuela CDMX
Cabe destacar que los actos ocurridos en el Marcelino Champagnat no son aislados. Según el informe “Es un secreto”, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI), entre 2021 y 2023 se documentaron al menos 25 casos de violencia sexual en escuelas preescolares y primarias de diez estados: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California.
La madre denunció que hasta ahora no se ha logrado procesar a las y los múltiples agresores directos y colaterales. Actualmente, cinco maestras han sido llamadas a audiencias, pero han recurrido a amparos para evitar rendir cuentas. “Nos dan cita para una fecha y ellas se amparan para que no se hagan. Así han suspendido las audiencias una y otra vez. No entendemos por qué no se ha hecho justicia con estas maestras también”.
Incluso, Esperanza señaló que una de las docentes involucradas continúa impartiendo clases dentro de la SEP en otro jardín de niños.
El comienzo
Esperanza relata que fue el jueves 11 de octubre del 2018, cuando los padres fueron solicitados para una junta, en la cual se les comentó que un maestro había enseñado sus genitales a uno de los grupos del jardín de niños, ante ello la directora advirtió que no se tenía que divulgar, bajo el argumento de que se estaban llevando investigaciones.
Ante ello, Esperanza decidió consultar con una psiquiatra sobre las conductas de su hijo para saber si había sido víctima de violencia sexual. El niño, de tres años, ya tenía control de esfínteres, pero había vuelto a perderlos; además, se mostraba retraído y tenía miedo de entrar al baño. Ella pensaba que eran cambios normales por el paso de guardería a kínder, pero la especialista le advirtió que podían ser señales de alarma.
Al acudir al kínder, las clases habían concluido y solo quedaban algunas madres de familia. Ellas le confirmaron lo que estaba ocurriendo. En ese momento también estaba presente un abogado de la Séptima Delegación de la SEP, quien intentó minimizar los hechos diciendo que se trataba de un caso aislado y que el maestro ya había sido retirado de la escuela y trasladado a otra institución.
La madre pidió el número de carpeta de investigación para interponer la denuncia, pero cuando acudió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) descubrió que únicamente existía una denuncia administrativa, sin validez judicial.
Días después, en la entrevista ministerial, el niño relató lo ocurrido. Él no quería hablar con su madre porque había sido amenazado: le habían dicho que, si contaba algo, matarían a su mamá y a su hermano. Por eso solía preguntarle insistentemente: “Mamá, ¿verdad que tú nunca te vas a morir?”. Fue en la Procuraduría donde confesó que el maestro le repetía esas amenazas para mantenerlo callado.
Para el lunes 15 de octubre iniciaron protestas por parte de madres y padres quienes cerraron avenidas para exigir justicia. Entre el 12 y el 19 de octubre también de ese 2018, se acumularon las denuncias, hasta que finalmente, el viernes 19, el señalado fue detenido y llevado al Reclusorio Sur, donde se celebró la primera audiencia.
Durante esa semana, la directora y la supervisora de la escuela se deslindaron de responsabilidades. La directora se ausentó bajo el pretexto de estar de licencia por maternidad y nunca volvió a dar la cara a las familias, aseguró Esperanza. Más tarde se supo que la escuela había sido alterada: los salones habían sido intercambiados y lavados para borrar evidencias antes de los peritajes.
Madres y padres de niños sobrevivientes de la violencia sexual sabían que el imputado de los hechos, no actuó solo: hubo omisiones, complicidades y encubrimientos que permitieron que la violencia sexual contra niñas y niños ocurrieran y que las investigaciones se entorpecieran desde el inicio.
Reconstruir su vida tras los hechos
Para el niño, las secuelas fueron profundas. Después de lo ocurrido, cuando regresó a clases presenciales en un nuevo colegio, no podía entrar al baño escolar, pues había sido atacado ahí y el miedo lo paralizaba. Su madre recuerda que debía ser la primera en llegar a formarse a la salida, pues sabía que él se aguantaba todo el día y necesitaba llegar de inmediato a casa para ir al baño.
La situación no solo afectó su rutina, también su vida social. Se volvió retraído, no tenía amigos en la escuela y prefería aislarse. Para su madre fue doloroso verlo cargar con esos miedos durante años. Apenas el ciclo escolar pasado, después de seis años, el niño logró volver a usar el baño de la escuela, justo cuando el curso estaba por concluir. Fue un paso enorme en su recuperación, pero el camino estuvo marcado por el miedo.
Para ella el proceso ha sido adverso. Tras lo sucedido, fue diagnosticada con depresión postraumática, lo que la obligó a recibir atención psiquiátrica. Además, como madre autónoma, la situación se complicaba, pues al tener que ausentarse de su trabajo constantemente para acudir a audiencias y a endeudarse económicamente.
Sin embargo, Esperanza también reconoce que ha habido avances importantes en el proceso de su hijo. Explica que, en ciclos escolares anteriores, los primeros días de clases eran un gran reto: le costaba trabajo adaptarse y regresar a la rutina escolar. Este año, en cambio, la transición fue distinta; logró incorporarse con mayor facilidad y mostrarse más seguro.
A pesar de su corta edad, ahora el niño incluso aconseja a sus amigos y compañeros, recordándoles que todo lo que les ocurra deben contárselo a sus mamás, porque son ellas quienes los van a proteger.“Son cosas que me hacen sentir orgullosa de él, porque da buenos consejos a sus amigos que logró hacer en el ciclo escolar pasado”.
Esperanza también alza la voz para exigir justicia, no solo para su hijo, sino para todas las niñas y niños. Pide que se realicen las investigaciones necesarias y que los maestros señalados no permanezcan frente a grupo mientras continúan los procesos. “Al final están en investigación, pero siguen al frente y no sabemos si siguen haciendo sus cosas, ¿no?”, cuestiona.
¿Qué debe hacer la SEP?
Solicita a las autoridades que las investigaciones se lleven a cabo de manera adecuada y que se implementen medidas reales de prevención dentro de las escuelas. Recuerda que, en la disertación pública, presentaron un video donde proponían un registro con los nombres de quienes estuvieran bajo investigación, para evitar que continuaran dando clases.
Otra de sus propuestas es la creación de un comité integrado por padres y madres de víctimas indirectas, encargado de vigilar que el protocolo de Escuela Segura se cumpla, desde detalles como la eliminación de cortinas hasta garantizar que las ventanas permitan ver hacia el interior de las aulas.
También considera indispensable que los docentes reciban evaluaciones psicométricas y capacitación en torno al respeto y la protección de la niñez. “Yo sé que hay muchos maestros que son buenos, pero desgraciadamente en la plantilla de mi hijo habían puros maestros malos”, lamentó.
Además, pidió mayor transparencia en las escuelas, solicitando que las autoridades presenten de manera oficial la plantilla escolar de cada ciclo, para que madres y padres conozcan de antemano quiénes serán los maestros a cargo de sus hijos.
Finalmente, Esperanza hizo un llamado a otras madres y padres para que presten atención a sus hijos, especialmente en los pequeños detalles. Subrayó la importancia de la primera hora después de la salida de la escuela, en donde se debe preguntar qué hicieron durante el día, reforzar el vínculo de confianza y recordarles que en casa siempre encontrarán un lugar seguro.
Adviertió, que no se debe normalizar ningún cambio en la conducta de los niños. “En el primer foco rojo hay que investigar, aunque te tachen de exagerado. Es mejor eso que esperar y pasar por lo que pasamos nosotros”, concluyó.
