Ciudad de México.- Tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto pasado se dio a la tarea de comenzar con las entrevistas para elegir a la persona que la sucedería, no obstante, este ejercicio no ha sido público y de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroPro) se desconocen los parámetros bajo los que están siendo evaluadas las candidaturas.
Esta elección es fundamental en el país ya que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), al 4 de septiembre del 2025 sumaban 133 mil 117 personas desaparecidas, de las cuales 30 mil 252 son mujeres de todas las edades, A esto se suma una crisis forense con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar y 5 mil 696 fosas clandestinas.
Para la elección de la próxima titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, las autoridades encargadas de ello deberán basarse en la Ley General en Materia de Desapariciones, la cual establece que la persona titular tiene que haber desempeñado en los dos años previos a su elección “actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas” relacionadas con la desaparición y la búsqueda de personas.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún tuvo señalamientos porque no contaba con esa experiencia que determina la Ley. Entre marzo de 2021 y octubre de 2023 se desempeñó como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y, previamente, durante los tres primeros años del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría del Bienestar.
Es por eso que el Centro Pro instó a que «el proceso de selección esté a la altura de una consulta pública, abierta y transparente que permita identificar la idoneidad del perfil y sus prioridades de trabajo», como lo establece la Ley General en la Materia y lo requiere la crisis que enfrenta el país.
Incluso, el Centro Pro Juárez, pidió incluir una consulta real con familiares y colectivos de personas desaparecidas, porque «escucharles es una deuda urgente».
La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó el pasado 22 de agosto que el proceso para la designación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) avanza con 27 finalistas, propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil, y afirmó que «cumplieron con los requisitos para seguir en la consulta pública».
Detalló que las y los interesados serán llamados a entrevistas para conocer su experiencia, visión y plan de trabajo, dijo que del 28 al 30 de agosto recibieron comentarios de colectivos y organizaciones en el mismo micrositio de la consulta pública y del 31 de agosto al 9 de septiembre se llevan a cabo las entrevistas y evaluaciones de idoneidad.
Finalmente será el 10 de septiembre cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) le llevará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los perfiles más idóneos.
Además, la secretaria recordó que, paralelamente, en los próximos días, el Senado de la República emitiría el dictamen sobre las personas que deberán integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Las comisiones dictaminadoras remitirán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el listado de las y los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, acrediten condiciones de elegibilidad”, dijo. Después, la Jucopo enviará a la Mesa Directiva el acuerdo con la propuesta de designación; y será el Pleno el que discuta y, en su caso, apruebe a las y los integrantes del mencionado Consejo.
Apuntó que dicho órgano estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, uno de ellos deberá contar con especialidad forense. También estarán cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
En el anuncio, la funcionaria federal estuvo acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el director general del Registro Nacional de Población, Arturo Arce, y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso.
El recorte de víctimas
Es necesario señalar que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún fue señalada por defensoras de derechos humanos y colectivas de familias buscadoras por no contar con el perfil necesario para desempeñar ese cargo, por lo que tras la renuncia solicitaron una titular con instrucción técnica y no política.
Es necesario mencionar el antecedente de Reyes Sahagún porque fue durante su gestión se presentó una de las más grandes irregularidades, cuando en diciembre de 2023, el país registraba más de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, a inicios de marzo de 2024, el gobierno federal redujo esta cifra a 99 mil 729 casos, argumentando que la disminución se debía a la exclusión de personas quienes ya habían sido localizadas.
Esta acción generó controversia, pues la organización Data Cívica identificó que al menos 10 mil 953 nombres fueron eliminados en ese censo, presumiblemente correspondientes a personas localizadas. Varias familias denunciaron que entre los nombres borrados se encontraban sus desaparecidas y desaparecidos, de quienes hasta la fecha no tienen noticias sobre su paradero.
A esta polémica se sumó otro episodio a inicios del 2024, cuando exempleados de la CNB denunciaron el despido de más de 100 servidores públicos, incluyendo personal forense, jurídico y especializado en desaparición. Aunque se argumentó que estas bajas se debían a que ocupaban plazas eventuales, durante las reuniones con familiares, Reyes Sahagún se negó a garantizar que el mismo personal sería recontratado.
Desaparición de mujeres
Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque, en términos numéricos, desaparecen menos mujeres que hombres, también son quienes tienen menos probabilidades de ser localizadas. La mayoría de las desaparecidas son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
De las 32 entidades de la república mexicana, son 10 estados en donde desaparecen más mujeres que hombres: Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
La crisis forense en el país fue reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que un grupo de mujeres buscadoras denunció la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una institución capaz de atender lo que llamaron la “crisis forense”.
A esto se suma la entrega de los restos de un cuerpo a las familias caracterizado por la falta de sensibilidad y respeto, una situación generalizada en diferentes zonas de la república. Algunos relatos incluyen entregas en bolsas de basura y en muchos casos se desconoce si los restos proporcionados sí pertenecen al familiar de la persona desaparecida.
Esto es conocido como muerte indigna, la cual no se refiere únicamente por la forma violenta en que una persona muere, sino el tratamiento del cuerpo ocultando sus restos, borrando su identidad e impidiendo los rituales de duelo de sus seres queridos, lo que agrava la violencia.
