Ciudad de México.- Tras casi 24 años del caso de feminicidio de Digna Ochoa y Plácido y buscar justicia por esta emblemática defensora de derechos humanos mexicana, su hermano Jesús Ochoa y Plácido pone de nueva cuenta el caso en la esfera pública para recordar que el Estado mexicano ha incumplido los acuerdos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por lo que la demanda se encuentra estancada.
“Prácticamente estamos en ceros, nos vamos de equipo en equipo, realmente es tedioso que la misma autoridad obstruya el proceso para llegar y obtener justicia”.
Parte de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana al Estado mexicano incluyen: reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa; disponer mecanismos de no repetición que incluyan el fortalecimiento de la capacidad investigativa de actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Así como un plan de fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con participación de la sociedad civil; una campaña nacional de reconocimiento a la labor de las personas defensoras; y la adopción de un protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras.
El próximo 19 de octubre se cumplirán 24 años del asesinato de Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de derechos humanos quien dedicó su vida a la defensa y protección de los derechos humanos especialmente por las y los campesinos e indígenas, antes de su caso de feminicidio, asumió casos de campesinos ecologistas presos en Guerrero y de los hermanos Cerezos Contreras estudiantes acusados de terrorismo.
La abogada originaria de Veracruz recibió amenazas, incluso fue secuestrada en el año 1988, presuntamente por policías estatales en Xalapa, Veracruz. Once años después, es decir, en 1999, de nueva cuenta fue privada de su libertad por un grupo de hombres.
Ante esto, el 7 de septiembre de 1999, Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh), organización en la que laboraba. Luego de casi dos años desde su solicitud, se dieron por concluidas esas medidas provisionales otorgadas y fue asesinada en su despacho en la colonia Roma, en la Ciudad de México.
Cabe recordar que cuando se perpetró el asesinato de Digna Ochoa, el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal era Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a “esclarecer el crimen de la defensora”. Pero esto no sucedió.
Las autoridades capitalinas investigaron durante una década el caso y, después de revisar tres líneas de investigación: ”Militares”, “Guerrero” y “Entorno familiar, laboral y social”, concluyeron que la causa de la muerte había sido supuestamente un suicidio.
La familia de la defensora insistió en que Digna Ochoa no se había suicidado de tres disparos. Pese a esto, tres procuradores –Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente, Miguel Ángel Mancera Espinosa– mantuvieron firme su postura y (julio de 2003, marzo de 2007 y noviembre de 2010) decidieron no ejercer acción penal.
Tras agotar todas las vías jurídicas, la familia de Digna Ochoa, acompañada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizar el caso, instancia que en 2013 lo admitió y en 2019 lo remitió a la Corte Interamericana.
A más de dos décadas del homicidio, el 29 de enero de 2022, la CoIDH notificó al Estado mexicano la sentencia en su contra. La Corte declaró que, desde que se perpetró el homicidio, la investigación estuvo sesgada debido a que las autoridades aplicaron estereotipos de género, y consideraron aspectos íntimos y personales de la defensora para sus conclusiones.
El caso de Digna Ochoa no es aislado, el último informe «La tierra, para quienes la trabajan y la defienden» de la Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) señala que, entre 2012 y 2024 se registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, donde catalogan a México, Honduras, Nicaragua y El Salvador como los países con el mayor número de asesinatos contra defensoras ambientales.
El incumplimiento
De acuerdo con Soledad Sánchez, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y representante del caso de Digna Ochoa, de las 14 medidas emitidas hace 4 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el Estado mexicano sólo cumplió con una de ellas, la cual consiste en el reconocimiento de su responsabilidad en el asesinato de la defensora y una disculpa pública en el año 2022.
El acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano correspondía a una de las 5 medidas que están orientadas a la reparación individual, de la familia y víctimas del caso. Sin embargo, una de ellas que corresponde a la investigación de los hechos sobre el asesinato de Digna Ochoa permanece en total incumplimiento, mientras las 3 restantes han tenido un cumplimiento parcial, mencionó la abogada Soledad Sánchez.
Por otro lado, existen 9 medidas en incumplimiento emitidas por la Corte Interamericana, que sugieren un cambio estructural de no repetición con el objetivo de garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país y para desarticular los obstáculos identificados en materia de investigación de ataques y crímenes contra defensoras y periodistas.
La falta de acción por parte del Estado mexicano ante las medidas internacionales al caso de Digna Ochoa pone en alta vulnerabilidad a las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en el país, quienes son las que están más desprotegidas ante la crisis de violencia que se enfrenta actualmente.
“Además de la búsqueda de justicia, del derecho a la reparación de la familia y sobre todo de honrar la memoria de Digna como persona defensora, esta sentencia tiene un valor importante para la sociedad civil, es una herramienta necesaria para desarticular la impunidad que avanza contra los crímenes y los ataques en contra de defensoras y periodistas en el país, pero también es una herramienta que busca ser propositiva y generar cambios estructurales”, mencionó Soledad Sanchez.
Hasta el momento, de estas nueve recomendaciones no se ha cumplido ninguna y todas se encuentran fuera del plazo establecido por la Corte, además hay medidas que nunca han sido sometidas al diálogo bilateral con el Estado y que no tienen avance hasta la fecha.
