Ciudad de México.- Equipo legal de la defensora amuzga Kenia Hernández, quien ha estado privada de su libertad por cinco años, dio a conocer que la jueza María Leticia Olvera Medina, del Juzgado de Ejecución de Sentencias de Nezahualcóyotl, negó el permiso humanitario para acudir al sepelio de su madre, Inés Montalván, en Xochistlahuaca, Guerrero.
Frente a la decisión de la jueza Olvera, Kenia Hernandéz tomó la decisión de levantar la huelga de hambre que había iniciado a las 9:30 de la noche del 7 de septiembre, a la cual de forma solidaria, 9 de sus compañeras se sumaron.
De acuerdo con el testimonio de la defensora, recogido por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la jueza declaró improcedente la petición bajo el argumento de que tendría que cruzar tres estados y que, por supuestas cuestiones operativas, no podía haber colaboración entre las regiones.
Ante ello, Hernández calificó la decisión como inaudita, pues asegura que sí existen condiciones de colaboración cuando se trata de trasladarla a audiencias tan lejanas como Guanajuato con la intención de criminalizarla y vincularla a carpetas o nuevos procesos judiciales.
“Cuando se trata de una cuestión de humanidad, cuando se trata de una cuestión de que simplemente necesitaba despedirme de mi mamá, me lo niegan”, expresó.
Cabe señalar que el Capítulo IV de Permisos Humanitarios de la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla permisos extraordinarios de salida de prisión por razones humanitarias. En el apartado se establece que «la persona privada de su libertad podrá solicitar al juez de Ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal o por fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendente o descendente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, o socioconviviente».
Asimismo, esta misma ley otorga a las personas en reclusión el derecho a «recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana».
Después de esta negativa, Kenia Hernández lamentó que su madre se fuera sin poder verla libre. Aseguró que ahora su hijos: Joel de 12 años y Joab de 8 se encuentran en una situación de desprotección, ya que era su abuela quien los cuidaba.
“Mi madre se fue con la preocupación de ¿qué va a pasar con sus nietos?, porque ella era la que los cuidaba. Mi madre era la que preparaba los almuerzos. Mi papá está solo, y evidentemente es muy difícil poder sostener la carga con mis niños”, declaró.
Es importante revisar el contexto donde acontecieron estos hechos y es el de una crisis de violencia contra defensoras de derechos humanos en México y en la región. Entre 2012 y 2023. El informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, documentó 35 mil 77 agresiones en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones – colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos.
Las principales causas para la defensora que emprenden las mujeres en México y Sudamérica es el Derecho a la justicia, defensa de la tierra y el territorio; derecho a la libertad de la expresión; derecho a una vida libre de violencia; derecho a la participación comunitaria; derechos de las mujeres; derechos de las personas privadas de su libertad; derechos sexuales y defensa de los pueblos indígenas.
Petición ignorada por Claudia Sheinbaum
La petición se negó pese a que, mediante una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, Hernández le solicitó que interviniera para que le fuera concedido el permiso de despedirse de su madre. No obstante, su solicitud fue ignorada, a pesar de que este mismo año la mandataria del Ejecutivo designó el 2025 como “Año de la Mujer Indígena” para reconocer y reivindicar sus derechos, un hecho que contrasta con lo ocurrido en el caso de Kenia.
“Señora presidenta: ¿y si se lo pido a usted? ¿Será que pueda ordenar que me lleven solo a eso, a despedir a mi madre, a abrazar a mis hijos, que en ella tuvieron a esa madre que no han tenido en mí los últimos cinco años, a besarlos a ellos y a mi padre en esta pena tan grande?”, expresó Hernández en su misiva.
Es importante recordar que a inicios de 2025, Joel Hernández, hijo de Kenia, se entrevistó con Sheinbaum en compañía del Frente Popular de la Montaña, una base social que siempre ha apoyado la lucha de la defensora y que ha demandado su libertad. En ese momento acudieron alrededor de 500 mujeres y hombres indígenas de 25 comunidades diferentes, quienes esperaron a la mandataria en la entrada de Tehuantepec para hacerle llegar la petición.
Durante la reunión, la presidenta le prometió a Joel que haría lo posible para que Kenia saliera libre. Esa misma promesa ya había sido realizada en el sexenio anterior, cuando Andrés Manuel López Obrador también se comprometió a buscar su liberación, lo cual nunca sucedió.
A pesar del encuentro, Joel continuó viajando a la Ciudad de México para exigir cuentas a la mandataria, asistiendo incluso a una conferencia Mañanera en compañía del Frente Popular de la Montaña y del Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia, pero nunca fue recibido.
El caso de Kenia Hernández
Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, en particular de las mujeres en los pueblos indígenas. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. También fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que desde febrero de 2019 ella y los miembros de su colectivo comenzaron a ser objeto de amenazas y hostigamiento judicial.
En junio de 2020, mientras encabezaba una protesta por la liberación de presos junto con integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, fue detenida en la carretera Toluca-Valle de Bravo. Pasó cinco días en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario Sergio García Ramírez, en Ecatepec, y posteriormente fue liberada, aunque permaneció bajo vigilancia de las autoridades.
Sin embargo, cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, alrededor de 22 elementos de la policía detuvieron nuevamente a Kenia en la caseta de Amozoc, Puebla. Este hecho ocurrió sin que le notificaran el motivo de su detención y sin una orden judicial. Posteriormente se comunicó a sus familiares que estaba recluida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Las acusaciones en su contra fueron por ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales (Capufe). Actualmente enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión como resultado de dos sentencias por delitos fabricados: robo con violencia y uso de arma.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 13,985 mujeres privadas de su libertad, de un total de 236,773 personas internadas en los centros penitenciarios. Al menos 13.9% de ellas se consideran hablantes de alguna lengua indígena.
Cuando Kenia estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16 de Morelos, convivió con mujeres indígenas privadas de la libertad, de las cuales al menos 11 eran inocentes. Ahora, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Sur, se encuentra junto a 15 mujeres indígenas más, de las cuales afirma que nueve son inocentes. Entre ellas está una mujer de 61 años cumpliendo una condena de 60 años, la cual probablemente no podrá terminar. Ambas experiencias, según Hernández, evidencian una tendencia a la criminalización de este sector.
Durante su estancia en el Cefereso 16, la defensora también documentó la situación de tortura y aislamiento que vivían las mujeres en reclusión. Su voz ha sido clave para denunciar estas condiciones.
La lucha de Hernández no ha cesado. Incluso desde prisión ha logrado visibilizar la situación de las mujeres indígenas privadas de la libertad. Durante su estancia en Morelos, del 25 de octubre de 2020 al 25 de enero de 2024, consiguió instalar un pabellón exclusivo para mujeres indígenas tras insistir durante tres años a la directora del penal.
Ese triunfo permitió instaurar un espacio de convivencia donde podían vivir juntas, cocinar, compartir saberes ancestrales e incluso sembrar calabazas, ejotes y rábanos. Según los reportes que recibe Kenia, ese pabellón es uno de los pocos lugares del penal libres de suicidios de mujeres.
En el penal Neza-Sur, donde se encuentra actualmente, aunque no existe tierra para sembrar, ha impulsado una cooperativa de 26 mujeres que se apoyan mutuamente. Allí, Kenia les enseña a ser resilientes frente a las injusticias del sistema. Además, elaboran artesanías y comparten conocimientos que funcionan como terapia ocupacional, lo que incluso ha generado que algunas de ellas dejen adicciones al tabaco, drogas y medicamentos.
