Ciudad de México.- La familia de la empresaria canadiense Ángela Birkenbach, víctima de feminicidio, denunció la existencia de una red de corrupción dentro del sistema judicial mexicano, la cual, aseguran, ha operado en favor del presunto feminicida, permitiéndoles obtener la custodia de los hijos y, con ello, el control de la herencia de la empresaria.
Ángela, propietaria del complejo turístico El Limoncito Hills, fue asesinada en Octubre del 2023 presuntamente por Sergio “N”, quien era su pareja y padre sus hijos. Él, actualmente se encuentra recluido en Nayarit como presunto autor intelectual del delito, junto con Alejando «N», presunto actor material de los hechos, sin embargo aún no se ha logrado que su caso sea llevado a juicio y con ello obtener una sentencia condenatoria.
En junio, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco (PPNNA) retiró la custodia de los niños, hijos de Ángela a su madre, es decir, a su abuela materna, para entregarla a Rosalba Primavera, hermana del presunto feminicida, decisión que de acuerdo con la familia de la víctima, se dio mediante alienación parental, es decir, bajo manipulación de los niños para rechazar a la familia materna.
El 2017, Cimanoticias realizó la primera investigación sobre las orfandades por feminicidio y constató la ausencia de una política pública específica y de información estadística que mostrara las dimensiones de los efectos del feminicidio.
Periodista, Lucía Lagunes Huerta. Columna Orfandad por feminicidio
Lagunes Huerta afirma que «entre las víctimas invisibilizadas y desprotegidas por el Estado durante décadas están precisamente las y los huérfanos por feminicidio. Desde que en México se inició el registro del Feminicidio en la década de los 90, las niñas y niños huérfanas por estos crímenes machistas han quedado excluidas de la protección del Estado».
Detalla que se genera «una sobrecarga en las familias de las víctimas y en las mujeres en concreto, quienes han asumido el cuidado y manutención de estas niñas, niños y adolescentes que, en ocasiones, son testigos presenciales de los crímenes de sus madres, con todos los daños que eso implica».
Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio
Cabe señalar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en Jalisco solo este año, es decir, de enero a julio del 2025, se han registrado 17 casos de feminicidio.
La abogada del caso, Pamela Pinedo, señaló que el caso se ha estancado debido al tráfico de influencias. Aún más grave, explicó Pinedo, es que los niños convivan directamente con el presunto feminicida dentro del penal, medida autorizada por la jueza Karina Camacho, del Juzgado Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes, quien ordenó un régimen de visitas en la cárcel.
“Estamos ante un caso de revictimización infantil y violencia institucional. El feminicidio de Ángela no terminó con su muerte: sus consecuencias siguen afectando a sus hijos”, advirtió la abogada, quien insistió en que se debe impedir la convivencia con el agresor.
Además , recordó que, aunque Sergio “N” goza de presunción de inocencia, los jueces deben priorizar el interés superior de la niñez y cuestionarse: ¿qué pasa con los niños? ¿qué pasa con su derecho a crecer libres de violencia?
Pinedo enfatizó que actualmente no existe en México una ley específica que prohíba el régimen de convivencias para personas sujetas a proceso por feminicidio. No obstante un referente es la llamada Ley Monzón, que establece la suspensión de la guarda y patria potestad por el simple hecho de estar bajo prisión preventiva por feminicidio. Sin embargo, esta legislación aún no está vigente en Jalisco.
Jalisco, no es único estado que sufre las consecuencias de la ausencia de la Ley Monzón. Los estados en los que aún no se aplica son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.
También a Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
En Jalisco, recordó la abogada, lo que sí está en vigor es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contempla ciertos supuestos en torno a la violencia de género, pero no establecen restricciones claras respecto a la convivencia entre agresores y sus hijos.
Ese vacío legal es precisamente el problema jurídico al que se enfrenta la familia Birkenbach. Según relataron, la jueza a cargo del caso señaló que no observaba indicios de alienación parental en los niños, conclusión a la que llegó únicamente tras una escucha, sin contar con peritajes ni evaluaciones de expertas y expertos especializados en la materia, a pesar de que la defensa los había solicitado en repetidas ocasiones.
Ante esta situación y la falta de cooperación de las autoridades mexicanas, Lionel Birkenbach informó que el caso ya fue presentado ante instancias canadienses, por lo que actualmente se encuentra en conocimiento de congresistas y de la embajada de Canadá. La familia espera que en los próximos encuentros diplomáticos con el Estado mexicano se aborden las inconsistencias del proceso.
Abandono institucional ante violencia intrafamiliar
De acuerdo con el testimonio del hijo mayor de Ángela, el cual no es familiar de Sergio “N”, recuerda que al inicio parecía estable la relación de su madre con el agresor. Ambos viajaban y llevaban una vida aparentemente tranquila. Sin embargo, tras la muerte del padre de Ángela, cuando ella heredó el complejo turístico Limoncito Hills y otros bienes en México, comenzaron los conflictos.
De acuerdo a su testimonio, señala que el comportamiento de Sergio “N” se volvió cada vez más abusivo, tanto verbal como emocionalmente, y en varias ocasiones llegó a violentarla físicamente.
Incluso, recordó que en una ocasión tuvo que llamar a la policía para intervenir, pero Sergio “N” habría manipulado a los elementos para que se retiraran. Pese a los intentos de la familia por denunciar la violencia que vivía Ángela, las autoridades nunca resolvieron previnieron que esto escalara, pues, aseguran, él traficaba influencias.
Además, los familiares denunciaron que Sergio ejercía control financiero y psicológico sobre Ángela. Le hacía comentarios ofensivos sobre su cuerpo y su peso, la insultaba, y mantenía un estilo de vida financiado íntegramente por ella.
