Ciudad de México.– Organizaciones civiles y colectivas de familiares de personas desaparecidas exigen al Estado mexicano entregar el informe solicitado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la práctica generalizada y sistemática de desapariciones en el país tras la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones, mecanismo que se aplica únicamente en contextos de gravedad extrema.
El panorama en México es devastador pues entre enero de 2006 y septiembre de 2025 se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas a lo que se suma la acumulación de más de 72 mil cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales así como cientos de miles de fragmentos óseos.
En cuanto a las desapariciones de mujeres el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas RNPDNO reporta 30 mil 241 mujeres desaparecidas hasta septiembre de 2025 y aunque en términos absolutos desaparecen más hombres las mujeres enfrentan menores probabilidades de ser localizadas pues muchas son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
La respuesta judicial ha sido mínima ya que entre 2017 y enero de 2025 solo se han dictado 373 sentencias condenatorias por desaparición forzada o por desaparición cometida por particulares mientras tanto las desapariciones continúan pues en 2024 se registraba un promedio de 26 personas desaparecidas al día y en el primer semestre de 2025 la cifra aumentó a más de 45 desapariciones diarias.
Hay que recordar que la demanda de dicho documento, se derivó luego de que el pasado abril, el Comité contra la Desaparición Forzada del la ONU, decidió activar el artículo 34 tras las declaraciones de su presidente Oliver de Frouville, quien denunciara ante las Naciones Unidas que las desapariciones en México eran un tema «preocupante» pues son sistemáticas y generalizadas.
Esta resolución fue histórica, incluso para la misma CED, pues constituye la primera vez que se aplican estas medidas para un país miembro de la ONU, asimismo, implica un reconocimiento de que México ha sido incapaz de contener esta crisis y ante ello, surge la intervención internacional.
No obstante, pese a que este mecanismo pretende crear una la alianza con el estado Mexicano, tras las declaraciones del presidente de la CED, desató una reacción agresiva por parte de miembros del estado, uno de ellos Gerardo Fernandez Noroña, cuando era presidente de la mesa directiva del Senado.
Entonces, Fernández Noroña afirmó que el presidente de la CED no tenía la facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre del Comité, por lo que violentó los procesos internos y «pre juzgó sin pruebas» y «alentó» a la falsa e injusta especulación de que hay una crisis de desapariciones en nuestro país, a lo que Noroña definió como una «frívola aseveración».
La respuesta de Noroña no sólo resultó alarmante, sino que, además, anunció que el Estado mexicano emprendería ante las más altas instancias de las Naciones Unidas acciones condenatorias contra el presidente de la CED, Olivier de Frouville. Situación que fue recriminada por las colectivas de madres y familias buscadoras quienes se manifestaron a las afueras del senado ante las declaraciones del funcionario.
Frente a esta situación la CED activó el Artículo 34 que establece que si el Comité recibe información fundamentada de que la desaparición forzada se practica de manera sistemática en el territorio de un Estado Parte y deberá solicitar a dicho Estado toda la información pertinente.
El informe requerido al gobierno mexicano deberá contener un diagnóstico integral sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas con cifras actualizadas y un análisis del estado actual de la crisis para que posteriormente y con carácter de urgencia la Asamblea General de la ONU pueda solicitar al Secretario General emprender acciones que contengan la crisis.
Además el Estado mexicano debe responder al Comité con una propuesta de solución estructural que garantice verdad justicia reparación cese de la impunidad identificación rápida y digna de las víctimas. A la par, 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, 129 familiares de personas desaparecidas y 50 personas solidarias se han organizado para mandar un informe paralelo al Comité aportando indicios bien fundados de la desaparición sistemática y generalizada.
En dicho informe se solicitó la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento que ayude al Estado mexicano a determinar las causas de las desapariciones, a establecer un programa nacional de prevención, a procesar debidamente a los responsables, reparar a las víctimas, y buscar a las personas desaparecidas e identificar los cuerpos y fragmentos acumulados en los servicios forenses del país.
Las organizaciones civiles y colectivos de víctimas han enfatizado que la aplicación del Artículo 34 no debería ser considerado por el gobierno mexicano como un ataque, sino debería de ser contemplado con como una oportunidad extraordinaria, en un contexto que no se le ha dado solución, para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas y atender a las víctimas colaterales de estos delitos impunes.
Una crisis sin precedentes
A mayo de 2025, Red Lupa, en su informe anual, denunció que las desapariciones de mujeres aumentaron en todo el país, especialmente en tres estados, donde el incremento fue superior al 40%: Campeche (55), Chiapas (46) y Ciudad de México (45), un aumento masivo que evidencia la falta de efectividad del Estado para frenar la crisis, pues la ausencia de planes estratégicos y la falta de presupuesto han impedido brindar la atención necesaria a las víctimas y sus familias.
Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque en términos numéricos desaparecen menos mujeres que hombres, ellas tienen menores probabilidades de ser localizadas, y la mayoría son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
De las 32 entidades federativas, el análisis señala que son 10 los que concentraron el mayor número de mujeres desaparecidas, encabezadas por el estado de México con 5 mil 585 casos, seguido de Ciudad de México (2 mil 607), Tamaulipas (2 mil 686), Jalisco (2 mil 280), Tabasco (mil 761), Nuevo León (mil 731), Michoacán (mil 805), Veracruz (mil 383), Puebla (973) y Coahuila (776).
Como se puede observar, los cinco estados que encabezan la lista concentran actualmente el 49% de las niñas y mujeres desaparecidas del país. Además cabe destacar el incremento en Tabasco, que no aparecía entre los cinco primeros en 2024, al pasar de 236 casos de mujeres desaparecidas a mil 761.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de las 32 entidades de la república mexicana, son 10 estados en donde desaparecen más mujeres que hombres: estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
El rango de edad donde se concentran la mayoría de los casos de niñas y mujeres desaparecidas continúa siendo de 15 a 19 años, con el 21% del total. En 2024, este grupo representaba el 22%, lo que muestra que, aunque sigue siendo el más vulnerable, ha habido una ligera redistribución en otros rangos etarios.
