Ciudad de México.- Argentina está de nueva cuenta en una fuerte agitación social por el triple feminicidio que conmociona a la región porque además de la indignación que desata la crueldad del caso, se suma la transmisión por redes sociales del hecho, lo que expuso la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres frente al debilitamiento del andamiaje jurídico, institucional y legal que habían ganado por décadas y que están perdiendo frente a las política del presidente Javier Milei.
Este fin de semana, las calles de Argentina se llenaron de protestas siendo el epicentro la Plaza Flores en Buenos Aires ante este triple feminicidio ocurrido el pasado 19 de septiembre. Una de las colectivas convocantes fue el grupo feminista «Ni Una Menos», quienes estuvieron acompañadas por las familias de las víctimas, la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
El caso se remonta a la desaparición de las tres jóvenes mujeres: las primas Brenda del Castillo (20 años) y Morena Verdi (20 años), así como la adolescente Lara Gutiérrez (15 años) el pasado 19 de septiembre, quienes fueron halladas cinco días después en una casa de Villa Vatteone, una localidad de Florencio Varela en la localidad de el Gran Buenos Aires. A esto se suma que su feminicidio ocurrió con extrema violencia y fue transmitido en una cuenta cerrada de Instagram con alcance a 45 personas que atestiguaron el crimen.
El triple feminicidio se relaciona con la trata de mujeres en modalidad de explotación sexual, ya que según informó el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las chicas fueron víctimas de «una trampa» por parte de un grupo de narcotráfico peruano «para asesinarlas» al subir a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las trasladaría a participar en un evento, acción que quedó documentada en una cámara de seguridad. También se especificó que dicha organización opera en uno de los barrios de Buenos Aires.
Imágenes y videos de la camioneta circularon por redes sociales gracias al medio de comunicación LN+ dónde mostraba que se estaba prendiendo en fuego cerca del lugar dónde se hallaron los cuerpos. Las autoridades aclararon que el vehículo fue denunciado como robado en agosto y contaba con documentación alterada.
Hasta el momento ya son seis las personas detenidas relacionadas con el triple feminicidio, entre ellos se encuentran Miguel ángel Villanueva Silva (27 años), Iara Daniela Ibarra (19 años), Andrés Maximiliano Parra (18 años), Magalí Celeste González Guerrero (28 años). Los dos primeros fueron encontrados limpiando la escena del crimen cuando la policía allanó la casa la madrugada del 24 de septiembre.
Días después se detuvo al peruano Lázaro Víctor Sotacuro (41 años) quien fue extraditado desde Bolivia y a Ariel Giménez (29 años). Aunque también se busca a Tony Janzen Valverde Victoriano alias «Pequeño J» (20 años) y a Matías Agustín Ozorio (28 años) señalados por las autoridades de Argentina de ser los autores intelectuales del crimen.
El desmantelamiento
Desde que Javier Milei subió al poder en diciembre de 2023, las políticas de género dieron un giro drástico, ya que se desmantelaron programas claves para la eliminación de la violencia por razones de género. El informe «A diez años de #NiUnaMenos. Retrocesos en las políticas de género en la era de Milei» publicado en junio de 2025, denunció la desjerarquización del «Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad» en 2019 a su transformación en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género en 2023.
La primera política pública modificada fue el Programa Acompañar, el cual tiene la finalidad de fortalecer la independencia económica de las mujeres que están en riesgo de violencia de género a través de una prestación económica equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por un periodo de seis meses y fortaleciendo las redes de acompañamiento.
Hasta el momento ha ayudado a más de 302 mil 72 personas, siendo el 96.2% mujeres; sin embargo, se redujo el impacto en su cobertura, ya que en diciembre de 2023 se entregaron 49 mil 913 apoyos, mientras que en marzo de 2024 solo fueron 24 mil 986 apoyos, lo que dejó a muchas argentinas sin acceso al recurso. Entre enero y marzo de 2024 se registraron 2 mil 462 solicitudes siendo que el 54.4% de ellas estaba en el máximo nivel de riesgo de violencia.
La línea 144 funge como un dispositivo que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género. Fue creada en 2013 a través de la Ley 24.485 y la atención está a cargo de profesiones en diferentes áreas. Se trata del segundo dispositivo de atención a víctimas de violencia ofreciendo ayuda a más de 946 mil 584 mujeres. Para 2024 se recortó el presupuesto y en seis meses de operación ya había utilizado el 83% del recurso disponible.
Otro programa clave afectado fue la Ley Micaela que se deriva de la Ley 27.499 y establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para quienes desempeñan una función pública en todos los niveles y jerarquías de la nación. Pese a que, entre 2020 a diciembre de 2023 se proporcionaron 234 mil 710 capacitaciones, em 2024 no se compartieron datos sobre la aplicación de capacitaciones.
Por último, la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género implementa políticas de prevención, asistencia, protección, fortalecimiento y abordaje especializado e integral de las violencias de género. Se constituye por dispositivos que funcionan en espacios ferroviarios para atender a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Hasta diciembre de 2023 funcionaban 5 dispositivos en 5 estaciones de la provincia de Buenos Aires (Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora, Pilar y San Martín), pero en mayo de 2024 se registró que solo 6 trabajadoras brindaban la atención.
Esto resulta insuficiente considerando que, desde su implementación en 2021, la Red asistió a más de 10 mil personas realizando 15 mil 500 consultas. Los últimos datos indican que, en el primer trimestre de 2024, cuatro dispositivos de la Red ayudaron a 157 personas. Ahora esta desmantelada.
Otras políticas públicas afectadas fueron el Programa Acercar Derechos (PAD); traslados interregionales de personas en situación de violencia por motivos de género y de familiares; Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU); Reparación económica para hijas e hijos de víctimas de feminicidios o por motivos de género (REYNA), Programa Producir, Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad (CTs); Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género; GenerAR, Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG); Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), entre otras.
Milei
Mientras que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof apuntó que el caso se vincula con el narcotráfico en el país, el movimiento feminista señaló la escalada de violencia de género contra las mujeres como una consecuencia de los cambios en políticas y programas de género en el gobierno de Milei al considerarlas «ideológicas y prescindibles» generando un retroceso simbólico en el país.
A principios de este año, el ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarola, afirmó que el gobierno de Milei buscaría la eliminación de la figura de «feminicidio» del Código Penal Argentino como una forma de «defender la igualdad entre hombres y mujeres». No obstante, dicho planteamiento invisibilizó la violencia histórica ejercida contra las mujeres sólo por su género y el sistema patriarcal del cual se sostiene.
Algunos datos evidenciados en el informe «¿Libradas a su suerte? Políticas públicas contra la violencia de género en Argentina en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei» vislumbran el panorama actual en el país advirtiendo que en Argentina ocurrió un feminicidio cada 35 horas en los primeros seis meses de 2024, sumando así 151 casos en dicho periodo.
Asimismo, una de cada dos mujeres vivió violencia en pareja al menos una vez en su vida. La violencia en el ámbito doméstico es una de las más frecuentes. Además existen bajos niveles de educación formal, las mujeres no cuentan con ingresos propios y se encuentran en situaciones económicas desfavorables lo que correspondería al 54.3% de las argentinas quienes tienen un trabajo informal.
Por otro lado, el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) encontró que entre 2012 y 2023, ocho de cada diez argentinas se encontraban en niveles de alto riesgo, siete de cada diez, tenía a su cargo el cuidado de un menor de 14 años y cuatro de cada diez habitaba en una vivienda provisoria. En suma, el 95.7% declaró no tener ingresos suficientes para cubrir sus gastos y el 54% son beneficiarias de programas sociales.
«La demanda de mujeres (…) que buscan asistencia y protección no responde a ideologías de género ni a lógicas partidarias. A lo largo de las últimas décadas, todos los gobiernos democráticos comprendieron la necesidad de contar con políticas públicas para su prevención, atención y erradicación» – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
