Ciudad de México- Aunque el Congreso de la Unión, sigue revisando la redacción de la Ley de Amparo en el Senado para ver si corrigen la retroactividad, lo cierto es que el contenido que no se va a modificar sigue siendo analizado por expertas y hoy advierten que con esta aprobación uno de los sectores más afectados serán las mujeres empresarias las más afectadas, debido a las violencias y brechas estructurales que dificultan su participación en el mercado laboral y de emprendimiento.
Por ejemplo, las mujeres que deciden emprender enfrentan más barreras para acceder a financiamiento, tienen menos redes de apoyo y sus negocios están en etapas más vulnerables. Durante el 2024 el Banco de México (Banxico) en su reporte de estabilidad financiera, señaló la brecha que persiste en las empresas acreditadas donde solo el 30. 6 por ciento es representado por mujeres, frente al 69.4 por ciento y sus créditos constituyen apenas el 24 por ciento del saldo total, contrario a los hombres que abarcan el 75 por ciento.
Por eso es necesario entender las complejidades de la nueva Ley que podrían afectar a estas mujeres empresarias porque se restringiría la posibilidad de suspender actos como cobros o embargos del Servicio Administrativo Tributario (SAT), cerrando así una vía legal que ha sido clave para que mujeres emprendedoras defiendan su patrimonio frente a decisiones arbitrarias o excesivas de la autoridad fiscal.
En 2024, por cuarto año consecutivo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en alianza con Kiik Consultores, analizó a más de 200 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Además, por primera vez, se incluyó la medición de 15 Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs), conocidos por su alto rendimiento en el mercado nacional.
«Esta edición concluyó que la participación de las mujeres en las empresas está estancada, y en algunos casos, tuvo retrocesos» IMCO.
De acuerdo con el informe 2024 Mipymes Mexicanas: Motor de Nuestra Economía, publicado por la Secretaría de Economía y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), en México, actualmente hay 1.2 millones de mujeres mexicanas entre 20 y 54 años que generan un total de 80.2 mil millones de pesos mexicanos en ventas anuales. Esto representa el 9 por ciento del valor total de las ventas minoristas de bienes y servicios en el país, lo que destaca la importancia de las mujeres en la economía de México.
En una entrevista para Cimacnoticias la abogada Diana Ramírez, con experiencia en el área de amparos explicó que la reforma que se está proponiendo al juicio de amparo y al Código Fiscal busca limitar que las empresas puedan frenar de inmediato ciertas decisiones del SAT, como el cobro de un crédito fiscal o el embargo de bienes, mientras pelean legalmente el caso y señala que las empresarias podrían ser de los grupos más afectados.
Hay que recordar que mientras la población mexicana se preparaba para el grito de independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó una iniciativa que busca reformar la Ley de Amparo, la cual limita quién puede hacer uso del recurso legal y bajo qué condiciones, además de la importante reducción para emitir el fallo, a 60 días y limitar las suspensiones con el propósito de evitar el abuso de este recurso.
Es importante rescatar dentro del debate, que esta iniciativa también busca reformar el código fiscal que, según especialistas en el tema, puede resultar en un atropello a los derechos humanos, sobre todo en un entorno donde emprender siendo mujer, ya implica enfrentar desigualdades estructurales, esta reforma amenaza con dejar a las mujeres sin herramientas efectivas para proteger sus negocios.
Aunque aún es una propuesta, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) explicó que la modificación que se busca en el artículo 124 del código fiscal de la federación, consta de adicionar una fracción para que sea causal de improcedencia el recurso de revocación, es decir, una vez que el contribuyente, persona física o moral pierda el juicio respecto a un adeudo ante el SAT, tendrá que pagarlo sin acudir al recurso de revocación, el cual permite impugnar actos o resoluciones emitidas.
En este contexto, el amparo ha funcionado como una vía para frenar actos arbitrarios, exigir investigaciones diligentes o impedir daños irreparables. La ley Amparo es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos, entró en vigor en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un marco legal que protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de autoridades o particulares.
Las empresarias podían acudir al amparo para detener estos actos mientras un juez resolvía si eran legales o no; ahora con la reforma en el código fiscal, para poder suspender ese cobro, tendrían que presentar una garantía (como dinero en efectivo, propiedades o una carta de crédito), lo cual puede ser complicado, especialmente para negocios pequeños o medianos que no tienen tanto respaldo económico.
La abogada Diana Ramírez mencionó que existen microempresas que saldrían afectadas fiscalmente, como Jafra o Natura, que han fungido un papel importante para brindar oferta laboral a jefas de hogar y que ellas puedan obtener un ingreso desde casa.
“Imaginemos que Jafra tiene una deuda grande ante el SAT, ya no va a poder tener un medio de defensa legal idóneo ante el estado, pues quedará de lado este derecho”.
Por ello restringir el acceso a herramientas legales como el juicio de amparo y el recurso de revocación en el código fiscal, no sólo vulnera el derecho a la justicia, sino que agrava la precariedad de quienes sostienen la economía desde el lado del autoempleo y la informalidad.
Si el Estado limita las vías de defensa ante actos fiscales arbitrarios, lo que está en juego no es solo la legalidad de un procedimiento, sino la posibilidad real de que miles de mujeres sigan generando ingresos, autonomía y futuro. Blindar el marco fiscal sin escuchar las voces de las empresarias es, en el fondo, cerrar la puerta a un México más justo e incluyente.
Debilitará derechos
Cimacnoticias ha podido documentar con defensoras que la Ley de Amparo que propone Sheinbaum las personas juzgadoras tendrían las facilidades para proporcionar este recurso bajo criterios limitados y específicos.
«El interés legítimo es primero la puerta de entrada para el juicio de amparo (…) no asegura ganar, pero sí permite iniciar un juicio por una persona especializada para verificar si se violan o no los derechos.» -Jesús Segovia Villena, abogado del área de defensa del Centro Prodh.
Uno de los escenarios para permitir el interés legítimo del amparo es una lesión jurídica como una restricción, intervención, daño y perjuicio directo a quien lo está solicitando. Las organizaciones advierten que afectaría a colectivos, grupos en situación de vulnerabilidad, así como la protección de derechos colectivos porque el beneficio del amparo tendría que extenderse solo a quien lo solicita sin poder ayudar a otros.
Un ejemplo concreto son las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos en estados donde el aborto se encuentra completa o parcialmente penalizado. Una forma de combatir las restricciones sobre la interrupción del embarazo no deseado ha sido a través de los amparos dónde se argumenta que las restricciones de la ley afectan de manera indirecta los servicios que proporcionan como el acompañamiento.
Cuando les aprueban un amparo, las mujeres a quienes ayudan tienen permitido acceder al servicio de salud público para practicarse un aborto seguro con la protección de la ley. Esta estrategia fue implantada a principios de 2022, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que era inconstitucional penalizar el aborto consentido en los códigos penales.
