Ciudad de México.– En Chiapas, entre enero de 2024 y mediados de 2025 se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellas cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor, cifras que evidencian una escalada de violencia en la región, alertó Espacio OSC.
En este escenario, el panorama para las mujeres periodistas tampoco es alentador. De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), entre 2024 y 2025 se registraron 21 agresiones contra mujeres periodistas, siendo 2025 el año más violento con 16 casos, incluidos dos allanamientos.
Este clima de violencia se desarrolla en el contexto de crisis que arrastra la entidad. Según el informe “Chiapas es un desastre” (2023), el estado se ha convertido en un territorio en disputa por el control político, social, económico y territorial, producto de la triada gobierno–empresas–delincuencia organizada, lo que ha profundizado la violencia y la impunidad.
Como consecuencia, persisten desigualdades estructurales, incremento de violencia armada, desplazamiento forzado, desapariciones y trata de personas, afectando de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños.
Frente a este contexto se encuentran las y los defensores de derechos humanos, quienes además de enfrentar condiciones adversas, han sido reprimidos por el Estado. Un caso reciente fue el ocurrido el 7 de octubre de 2025, cuando madres buscadoras que mantenían un plantón frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron agredidas por policías estatales para desalojarlas.
Las madres buscadoras denunciaron además violencia institucional, acusando a la FGE de filtrar carpetas de investigación y fotografías, vulnerando nuevamente sus derechos y poniendo en riesgo su seguridad.
Este no es un hecho aislado, pues durante el transcurso 2025 también se han registrado múltiples agresiones contra Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien ha sufrido al menos ocho ataques, el más reciente documentado por Cimacnoticias, el allanamiento de su vivienda.
Directora del Frayba reporta 8 agresiones en su contra durante 2025
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado 46 agresiones en su contra, incluyendo vigilancia, amenazas, allanamientos y campañas de difamación por parte de autoridades. Pese a contar con medidas cautelares desde 2010, el Estado no ha garantizado su protección.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha sido una de las organizaciones que más ha denunciado el avance del crimen organizado en el estado, lo que ha derivado en hechos como la Masacre de Nueva Morelia, donde fueron asesinadas 11 personas (cinco mujeres y seis hombres).
Otro caso reciente fue contra la organización Las Abejas de Acteal, quienes denunciaron un ataque armado por grupos delictivos el pasado 8 de junio , no obstante el Estado en lugar de detener a los responsables, las autoridades criminalizaron a uno de sus integrantes.
Comunidad Tzajalch’en y Las Abejas de Acteal denuncian agresión armada en su contra
“La realidad en Chiapas muestra desafíos alarmantes en materia de seguridad y derechos humanos. Mientras se habla de reconciliación y diálogo, las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten”, advirtió Espacio OSC.
A su vez, detallaron que estos abusos cometidos contra las y los defensores, se entrelazan con las denuncias de las comunidades zapatistas ante los despojos de tierras y hostigamientos contra comunidades indígenas, pues se demuestra la complicidad con fuerzas armadas federales, policías estatales y agentes particulares.
Pese a este contexto crítico, Espacio OSC denunció recortes al financiamiento de organizaciones civiles, lo que limita su capacidad de acompañamiento y deja en mayor vulnerabilidad a víctimas y comunidades.
Exigencias
Las organizaciones exigieron al gobierno de Chiapas que garantice la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, respete su labor y detenga cualquier forma de criminalización y estigmatización en su contra. También demandaron acciones urgentes para salvaguardar su vida e integridad.
La Fiscalía del Estado de Chiapas, le demandaron informar sobre el avance de las investigaciones por los delitos cometidos contra defensoras, defensores y periodistas, y a agilizar los procesos judiciales correspondientes.
Asimismo, pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que emita un informe especial sobre la situación de riesgo que enfrenta este sector y transparente el estado de las quejas presentadas contra autoridades involucradas en violaciones a derechos humanos.
