Ciudad de México.- A raíz de la recomendación que emitió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el pasado 29 de septiembre de este año sobre el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín en 2018, Consorcio Oaxaca denunció que el documento llega siete años tarde, lo que refleja omisión, simulación y violencia institucional.
Colectivas y organizaciones feministas se congregaron frente a Palacio de Gobierno de Oaxaca para escuchar a la periodista, feminista y defensora María Soledad Jarquín Edgar, quien estuvo en compañía de Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca, Nallely Guadalupe Tello Méndez, de la Dirección Colegiada de Consorcio, y María de Lourdes López Velasco, parte del equipo jurídico de la organización.
En una conferencia de prensa se comentaron las últimas actualizaciones del feminicidio de María del Sol, fotoperiodista que murió a sus 27 años mientras se encontraba cubriendo las elecciones electorales en Juchitán de Zaragoza. El evento también dio como resultado el feminicidio de Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata concejal del Ayuntamiento, así como el homicidio de Adelfo Jiménez Guerra, conductor de la funcionaria.
Este estado del sur de México registra altos índices de violencia contra mujeres, según cifras del Observatorio de Feminicidio del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos» A.C. (GESMujer), han ocurrido 273 casos de feminicidios en la actual administración oaxaqueña, de los cuales 14 acontecieron en el transcurso de 2025 de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No obstante, el gobernador Salomón Jara ha sido señalado por organizaciones y colectivos feministas por su inacción ante la violencia feminicida en la entidad.
Durante la conferencia, Soledad Jarquín, mamá de María del Sol Cruz Jarquín, mencionó que la recomendación 19/2025 de la Defensoría es una forma de revictimización institucional para la familia ya que se emitió fuera de tiempo. Acusó que esto indica la falta de urgencia por atender las violaciones a derechos humanos y diluye la eficacia de cualquier medida de reparación o justicia.
«Es lamentable que siete años y 4 meses, hayan tenido que transcurrir. Tiempo en el que pasaron tres titulares de la defensoría, tres titulares de la fiscalía, dos gobernantes, y tres legislaturas que representan 126 diputadas y diputados. Así de larga ha sido la dilación y revictimización que hubo desde que sucedió aquel terrible hecho que le quitó la vida a María del Sol.» -María Soledad Jarquín Edgar
También apuntó que el tiempo en que demoró en publicarse la recomendación incumple el principio de debida diligencia en casos de violencia de género a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. Además de que la recomendación no tiene perspectiva de género o un análisis feminista sustantivo, la madre de María del Sol no fue consultada para el contenido de la resolución lo que viola el principio a la dignidad humana.
En un análisis sobre la recomendación de la DDHPO, Nayely Tello de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca compartió que, la resolución no garantiza la seguridad ni reparación, tampoco establece mecanismos de seguimiento real para la víctima, no incluye evidencia actualizada y se admite que no se incluye la totalidad de la información debido a la renuncia de la Fiscalía General del Estado para proporcionar los detalles completos. Esto deja la posibilidad de impunidad en el caso y poniendo en riesgo a quienes deben estar protegidas.
«La debilidad de la defensoría es tan evidente que ni siquiera pudo obtener documentación actualizada del caso para emitir su recomendación. Lo que pone en entredicho la efectividad de una posible aceptación y cumplimiento de su recomendación. Una resolución incoherente, incompleta, sin acciones concretas es solo papel y el papel no protege, no repara y no salvavidas.» -Nayely Tello de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca
De esta manera, la recomendación se reduce a una compensación económica y atención psicológica sin medidas de no repetición con perspectiva de género. Ante este escenario, Nayely Tello exigió a la Defensoría que asuma su responsabilidad como una institución garante de derechos donde las víctimas sean escuchadas, acompañadas y protegidas, y que las resoluciones no sean tardías ni simbólicas, sino herramientas de transformación.
Soledad Jarquín añadió que la recomendación no sirve; sin embargo, antes de ser publicado la Defensoría se acercó a Consorcio Oaxaca para emitir el documento, pero omitió los señalamientos que hizo la recomendación causando una simulación. Asimismo, la recomendación no menciona a los funcionarios implicados en las omisiones de las investigaciones los cuales son 24 como la fiscalía electoral, diputadas y diputados que participaron en la elección o incluso personas al servicio de los funcionarios.
Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca, añadió que la Defensoría no agregó que el feminicidio de María del Sol fue un crimen de Estado como lo señala el libro de Soledad Jarquín, ya que esto le hubiera dado sentido de actualización al documento.
«Frente a un crimen de Estado, la recomendación de la Defensoría queda como ni siquiera una cosquilla. Me parece que justamente el hecho es que se buscó por varios lados, la responsabilidad civil, penal, administrativa juicios, pero todas estaba en un esquema de impunidad para no generar ninguna sanción a autores materiales e intelectuales, pero tampoco al aparato de Estado que generó esa impunidad.» -Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca
La defensora señaló que otro ángulo novedoso de la recomendación hubiera sido incluir la violencia política en el ámbito laboral que vivió María del Sol. Cabe recordar que, en ese momento de su vida, ella laboraba como fotógrafa y jefa de Comunicación Social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado de Oaxaca.
Aquel día, fue enviada en contra de su voluntad a uno de los municipios más riesgosos de la entidad federativa para cubrir las actividades de campaña del candidato Hageo Montero López, hermano del titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López.
Por ahora, Consorcio Oaxaca y Soledad Jarquín esperan que el caso se resuelva a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), el cual ya fue enviado desde hace dos años y medio.
