Ciudad de México.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su más reciente informe, advirtió que defender los derechos sexuales y reproductivos se ha vuelto una actividad extremadamente peligrosa en América Latina, particularmente para quienes luchan por el acceso al aborto legal, pues siguen enfrentando de manera sistemática violencia física, hostigamiento, amenazas y criminalización
Cabe señalar que la Corte IDH ha reconocido el derecho a la salud sexual y reproductiva como parte integral del derecho a la salud, por lo que los gobiernos deben garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, información, educación y los medios necesarios para ejercer, de manera libre y responsable, el derecho a decidir sobre el número de hijos que se desea tener.
No obstante, derechos como el aborto aún son ilegales en algunas zonas de la región, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, mientras que en países como Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Brasil, Ecuador solo se permite bajo ciertas excepciones; mientras que en México aún criminalizándose en el Código Penal Federal.
En consecuencia, son las mujeres las que más participan en esta lucha de derechos y solo en 2022 se registraron 768 agresiones contra defensoras y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la región mesoamericana, con al menos tres mujeres defensoras que perdieron la vida.
A lo largo de la región latinoamericana, la Comisión ha identificado diversas agresiones hacia estas mujeres. Por ejemplo, en Brasil se documentó que una de sus defensoras de derechos sexuales y reproductivos tuvo que abandonar el país ante intimidaciones y hostigamiento en su contra.
En Honduras, se ha documentado que organizaciones relacionadas con la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos han sido blanco de campañas de odio y desprestigio digital y por otros medios, las cuales, de acuerdo con el documento, son perpetradas, alentadas y consentidas por destacadas figuras políticas y religiosas.
Por ejemplo, uno de los casos que da evidencia de ello fue el de la coordinadora del grupo Ecuménicas por el Derecho a Decidir, quien ha denunciado que ha sufrido hostigamiento y amenazas por parte de la Policía Militar del Orden Público en su domicilio.
En República Dominicana, se ha registrado uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional en contra de las manifestantes que se han opuesto a la decisión gubernamental de mantener la penalización de la interrupción del embarazo, incluyendo los casos de embarazos que representen un riesgo para la vida de las mujeres.
En el norte de América, la situación ha sido similar, pese a que se presume una mayor libertad de expresión y garantía de derechos, lo cierto es que en Estados Unidos, según la información recibida, este tipo de defensa ha enfrentado estigmatización, ataques físicos y verbales, intimidación, amenazas y criminalización, incluyendo al personal médico y proveedores de atención médica, activistas, personal y acompañantes de las clínicas de interrupción de embarazo, parteras y profesionales de la educación.
Asimismo, se habría presentado un aumento de incidentes tales como incendios provocados, robos, amenazas de muerte e invasiones de clínicas que brindan este tipo de servicios. Lo anterior, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia de la causa Roe v. Wade, que reconocía el acceso a la interrupción del embarazo como derecho constitucional.
En El Salvador, país liderado por Nayib Bukele, quienes realizan esta defensa se enfrentan a constantes amenazas, campañas de deslegitimación y discursos discriminatorios y misóginos. Muchas de las agresiones registradas se han dado hacia las mujeres que han apoyado a Beatriz, una mujer con un embarazo de alto riesgo a quien el Estado le negó la posibilidad de abortar, ya que el procedimiento no está legalizado en el país, por lo que su caso fue llevado a la Corte IDH.
Corte Interamericana falla contra El Salvador por negar derecho al aborto a Beatriz
En Ecuador, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos pueden ser investigadas por “apología del aborto”, según el artículo 149 del Código Penal, lo que significa que, aunque solo informen o apoyen a las mujeres en la decisión de interrumpir un embarazo, pueden ser acusadas, limitando su acompañamiento a las mujeres que deciden abortar.
En Guatemala, se presentó una denuncia penal en contra de colectivos feministas por promover el derecho a una interrupción del embarazo seguro y legal en redes sociales y en las calles del centro de la ciudad en el marco del Día de Acción Global, por los delitos de “instigar a delinquir” y “usurpación de calidad.
Además se siguen perpetuando discursos estigmatizantes y campañas de desprestigio también se han registrado en países como Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela, evidenciando un patrón de criminalización.
