Ciudad de México.- Esta mañana, mujeres periodistas y defensoras acudieron a la Cámara de diputados para exponer en el recinto legislativo, la desigualdad y discriminación que enfrentan cuando buscan justicia y exigieron tomar acciones para revertir los niveles de violencia que experimentan en todo el país.
El recinto de San Lázaro recibió a estas periodistas y defensoras quienes estuvieron presentes en el Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, donde recordaron que en México el 98% de casos sobre violencia contra periodistas y defensoras quedan en impunidad por lo que se requieren acciones para detener esta situación.
El foro que comenzó en punto de las 10 de la mañana, se desarrolló a partir de la exposición de algunas voceras, como Maia Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), quien señaló que, desde enero de 2016, el organismo registró 367 víctimas de algún tipo de agresión en México (160 periodistas y 179 personas defensoras) de los cuales 80 fueron mujeres. Asimismo, detalló que hay 16 periodistas y 12 personas defensoras que fueron víctimas de intentos de homicidios, así como 26 periodistas y 38 personas defensoras víctimas de desaparición forzada.
Ante este panorama, Campbell recalcó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal de las personas con una respuesta integral desde los tres poderes y niveles de gobierno por lo que remarcó cuatro ejes importantes: la obligación de respetar los derechos humanos; prevenir todo tipo de violencia; asegurar una protección efectiva integral y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
No obstante, este último continúa siendo un reto importante para las mujeres, ya que, de los 367 casos documentados, solo el 12.5% cuentan con una sentencia condenatoria siendo esta una cifra preocupante para la OHCHR.
Siguiendo el informe «Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensores de derechos humanos y periodistas», México cuenta con la capacidad en la Fiscalía General de Justicia y fiscalías estatales para realizar investigaciones conforme a los principios generales de vida.
Pese a esto, no siempre existen recursos, competencia o voluntad política, según mencionó Campbell, por lo que será necesario que las nuevas autoridades del Poder Judicial tomen medidas para fortalecer las capacidades de respuesta del Estado mexicano.
Por su parte, Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), durante el evento realizado en el recinto de San Lázaro también reconoció la importancia del nuevo poder judicial ahora que la Ley de Amparo realizó diversas modificaciones que podrán afectar las denuncias sobre agresiones a periodistas o defensoras.
Uno de los casos más destacados que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ha acompañado es el de las mujeres rarámuris desplazadas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua quienes atravesaron por un caso de injusticia cuando fueron desplazadas del territorio Coloradas de la Virgen.
No obstante, al día de hoy continúan sin regresar, incluso cuando la jueza que autorizó dicho recurso legal reconoció que la comunidad entera es víctima y que dicha violencia fue consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, lo que respalda la lucha.
Es por ello que, Fierro apuntó a la importancia de que las juezas y jueces en sus diferentes competencias puedan juzgar con perspectiva de género comenzando con la inclusión de guías, protocolos y estándares para las personas juzgadoras. De esta forma, el nuevo poder judicial puede ser un parteaguas para evitar la criminalización de las mujeres periodistas y defensoras si incluye un enfoque de género y derechos humanos, afirmaron y así se garantizaría su protección, analizar el contexto en el que ocurre la amenaza, y seguir los estándares internacionales.
Por otro lado, las mujeres periodistas enfrentan algunos retos y desafíos por su labor que se profundizan por su género. De acuerdo con el informe «Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador» de CIMAC, en el sexenio de López Obrador se documentaron mil 189 casos de violencia, 117% más que en la administración de Peña Nieto (2012-2018), de los cuales 47 ocurrieron en la Mañanera.
Desde la perspectiva de la periodista Myrna Gómez Vázquez, los principales retos a los que se enfrentan son la fragmentación institucional que diluye sus responsabilidades, falta de enfoque interseccional y de género en las políticas públicas, ausencia de personal especializado en atender a las mujeres periodistas y defensoras especialmente en contextos rurales e indígenas, la desconfianza institucional, la falta de reconocimiento en la violencia diferenciada, la falta de la tipificación adecuada que no reconoce los patrones de violencia específicos, la invisibilizarían de la violencia estructural, la ausencia den protección con enfoque familiar, la falta de políticas para mujeres desplazadas, y sobre todo, la falta de acceso a la justicia.
Uno de los casos más destacados en México es el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Jarquín en Oaxaca hace siete años y cuatro meses y medio cuando se encontraba cubriendo las elecciones electorales en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El caso fue mencionado en el foro por Yésica Sánchez Maya, co-directora de Consorcio Para el Dialogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca (Consorcio Oaxaca).
La defensora Sánchez resaltó que la recomendación de la la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llegó muchos años tarde, lo cual no puede seguir ocurriendo cuando se habla de acceso a la justicia. También señaló que el sistema judicial está rodeado de burocracia lo que genera desgasta en las mujeres que piden justicia, por lo que es importante que se recupere la dignificación de la acción por la defensa de los derechos humanos y por la labor periodística.
Por el momento, la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cargo de Cristina Solano Díaz, está por iniciar trabajos técnicos y ejercicios de foros para actualizar el protocolo para juzgar con perspectiva de género y aunque no estará focalizado en mujeres periodistas y defensoras, se espera que se integren algunos criterios comentados en este «Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos«.
Finalmente, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, señaló que no basta con la creación de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino que se necesita profundizar y encontrar herramientas para frenar la criminalización contra las mujeres periodistas y defensoras, la acontece de diferentes formas como el lenguaje, señalamientos o estigmatización.
En adherencia, Lagunes advirtió que para ser efectiva las capacidades del Estado en la investigación de la violencia contra ellas, se requiere que la justicia no sea tardía, sino expedita y que escuche las diferentes realidades que las mujeres atraviesan.
