Ciudad de México.– A unas horas que la Cámara de diputados defina el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026), denunciaron que la política fiscal en México no ha puesto en el centro de sus prioridades a las mujeres, por lo que defensoras se reunieron en el Foro Internacional “Protección, justicia y presupuesto: hacer realidad CEDAW y Belém do Pará” para exigir una política fiscal feminista que contribuya a frenar las desigualdades que enfrentan las mujeres.
Andrea Larios, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., señaló que la política fiscal, en donde se decide de dónde se recauda el dinero y a dónde se destina, no es neutral en términos de género, pues impacta de forma diferenciada a mujeres y hombres.
Un claro ejemplo del impacto que tienen las decisiones del Estado en materia fiscal se observa en las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026), donde se invisibilizó el Programa de Refugios al ser fusionado dentro del rubro “Programa para la prevención y detección de las violencias feminicidas y atención de las causas”, eliminando su nombre y con ello su identidad política.
Decisiones fiscales como esta, al carecer de perspectiva de género, afectan directamente la vida de las mujeres que enfrentan violencia. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 338 casos de feminicidio en México, lo que demuestra la importancia de la Red Nacional de Refugios (RNR), encargada de brindar protección a mujeres cuya vida corre peligro.
Ante ello, Larios enfatizó que la transparencia en los presupuestos es una herramienta esencial para visualizar en dónde se están enfocando los esfuerzos. El caso de la RNR demuestra una política fiscal no feminista, ya que no solo impide visibilizar con claridad cómo se gestionarán los recursos, sino que evidencia que el Estado no prioriza las instancias que salvaguardan la integridad de las mujeres.
“Es una política fiscal que no es feminista porque no está dando transparencia; está dejando mucha incertidumbre y generando muchas dudas, pese a que estos centros hacen el trabajo que debería estar realizando el gobierno, y además se les quita trazabilidad”, señaló.
Por su parte, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), advirtió que la invisibilización de los recursos forma parte de una violencia institucional y económica ejercida por quienes tienen el control de las decisiones presupuestarias.
Ante esta realidad, Larios subrayó que una política fiscal con perspectiva de género ayuda a desmontar los discursos gubernamentales que aseguran estar “construyendo una sociedad de cuidados y «una república de y para las mujeres”, cuando en realidad, al analizar el PPEF, se observa que estos compromisos no se han materializado en recursos concretos.
En ese sentido, Ximena Ugarte Trangaray, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que si no hay una planificación precisa sobre cómo se erogará el presupuesto, el discurso político queda sin sustento. Además, enfatizó que los temas fiscales continúan siendo un terreno masculinizado, del cual se excluye a las mujeres bajo argumentos sexistas que refuerzan su marginación dentro de las agendas públicas.
Asimismo, destacó que no solo es importante que el presupuesto contemple recursos con enfoque de género, sino también que se definan acciones concretas para su ejercicio, a fin de evaluar si realmente estos fondos están beneficiando a las mujeres.
Leyes sin garantía
Uno de los logros feministas que muestra cómo puede materializarse una política fiscal feminista fue la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos de gestión menstrual, medida que ayudó a disminuir su costo y facilitar su acceso. Sin embargo, pese a este avance, Anahí Rodríguez, integrante de Menstruación Digna México, apuntó que el siguiente paso debe ser la gratuidad de estos productos en todas las regiones del país.
Celebran organizaciones tasa cero en productos de gestión menstrual
Además, pese a que en 22 estados ya se han aprobado leyes que garantizan su distribución gratuita en escuelas o centros de salud, en la práctica aún no se ha concretado, explicó que en las políticas fiscales no basta con crear leyes, sino que se requiere una hoja de ruta que contemple la capacitación e instrucción de quienes aplicarán las medidas, además de brindar información pertinente y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.
Como ejemplo de una mala práctica, mencionó el caso de Michoacán, primer estado en aprobar la ley de gratuidad en escuelas de educación básica. No obstante, los productos de gestión menstrual entregados fueron insuficientes y al personal docente no se le explicó cómo, cuándo o en qué cantidad debía repartirlos a las alumnas. Esto evidenció que, aunque existen leyes, no siempre garantizan su correcta implementación.
A la par, subrayó la importancia de diseñar políticas públicas interseccionales acompañadas de investigación de campo. Lo ejemplificó con casos en Michoacán y Jalisco, donde se pretendía distribuir copas menstruales entre las jóvenes, pero los baños de las instituciones carecían de agua, lo que impide su uso adecuado, ya que es necesario limpiarlas tras cada vaciado. Esta situación, señaló, no fue prevista por las autoridades.
Frente a estas acciones de invisibilización, la falta de políticas fiscales feministas y la implementación de leyes sin garantía de cumplimiento, las especialistas hicieron un llamado a crear herramientas de transparencia, así como mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan demostrar si los recursos destinados dentro del PPEF realmente contribuyen a reducir las desigualdades que enfrentan las mujeres.
