Ciudad de México.- El Museo Memoria y Tolerancia, en colaboración con la periodista de investigación Sandra Romandía, inauguraron “Teuchitlán: Acto de Memoria”, un altar dedicado a las personas que perdieron la vida, la libertad y la dignidad en el Rancho Izaguirre, centro de exterminio en Jalisco, lugar donde se encontraron alrededor de 400 prendas, pares de zapatos y objetos personales.
El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pasará a la historia contemporánea como uno de los episodios más oscuros que evidencian el peso de la crisis forense, el narcotráfico y las omisiones del Estado que se recarga sobre el trabajo de las mujeres buscadoras quienes ponen el cuerpo para la localización e investigación de personas desaparecidas en todo el país, así lo reportó Cimacnoticias en marzo de este 2025.
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Esta exposición está basada en el libro “Testigos del horror”, una investigación realizada por la periodista Sandra Romandía, que retrata y da testimonio de las víctimas sobrevivientes que narraron cómo fueron reclutadas por el crimen organizado. El trabajo documenta el modus operandi de captación y, además, evidencia que esta forma de operar persiste ante la omisión o colusión de las autoridades, lo que ha permitido al crimen organizado ejercer un dominio total sobre los territorios.
En entrevista con Cimacnoticias, la periodista Sandra Romandía compartió que documentar y realizar actos de memoria, como el altar inaugurado, no solo tiene el propósito de rendir homenaje a las víctimas, sino también de sensibilizar a la sociedad y, con ello, hacer un llamado a la acción para exigir al Estado que frene esta problemática que persiste desde hace décadas.
Asimismo, explicó que el objetivo es generar empatía por las víctimas y mostrar que lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no es un hecho aislado dentro del territorio mexicano. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al día de hoy, 28 de octubre de 2025, existen 133 mil 575 personas desaparecidas en el país, de las cuales 30 mil 040 son mujeres.
“Es importante que conozcan que existió este caso del Rancho Izaguirre, que es solo una muestra, un caso particular que se convierte en universal al darnos cuenta de que no hay un solo rancho, sino varios ranchos, y que este es solo un ejemplo de que estos centros clandestinos de tortura, esclavitud y muerte existen en México y deben ser frenados de una vez por todas”, expresó Romandía.
La periodista precisó que casos como el del Rancho Izaguirre han demostrado que en México son las mismas autoridades, de todos los niveles, las que han estado involucradas en las desapariciones. “No solo por ser negligentes, incapaces y omisas, sino porque hay demasiadas pruebas de la colusión de policías y alcaldes que actualmente están procesados”, afirmó.
Esta situación ha sido negada por el propio gobierno mexicano. Cabe recordar que el pasado 27 de octubre, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las desapariciones en el país están “vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos”.
También, esta declaración se dio luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activara el artículo 34, con el propósito de investigar indicios y una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición. La activación de este procedimiento fue dada a conocer por presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, durante la presentación del informe anual del Comité ante el 80º Periodo de Sesiones de la Asamblea General.
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Ante las declaraciones de la presidenta, Sandra Romandía enfatizó que el crimen organizado no puede desaparecer a más de 130 mil personas sin colusión, amparo o protección de las autoridades. Esta postura del gobierno, añadió, no solo perpetúa la impunidad, sino que también revictimiza, ya que “al negar, omitir o minimizar la colusión, la negligencia o la incapacidad para frenar estas desapariciones, el Estado está volviendo a desaparecer a los desaparecidos”.
Sumado a ello, se les niega a las familias de las víctimas el reconocimiento como víctimas también. “Se les niega su derecho a ser vistas, escuchadas y tomadas en cuenta dentro de un contexto tan doloroso que México lleva enfrentando desde hace décadas”, señaló.
Estas redes de corrupción que se tejen en el país han sido denunciadas en múltiples ocasiones. En junio pasado, diversas organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtieron que el crimen organizado no actúa solo, sino que opera mediante estructuras complejas, flexibles y transnacionales en las que participan actores estatales, empresariales y financieros. Este entramado, señalaron, no solo alimenta la violencia, sino que también erosiona la legitimidad democrática.
Ante ello, Sandra Romandía declaró que es fundamental que el Estado mexicano reconozca que en México hay reclutamiento forzado de jóvenes mediante engaños; que existe esclavitud de personas, hombres y mujeres jóvenes, al servicio del crimen organizado; y que hay exterminio, asesinatos masivos y sistemáticos.
Finalmente, subrayó que se debe garantizar el fin de la impunidad y procesar y encarcelar a todas las personas coludidas con las cadenas de exterminio, asesinatos masivos, esclavitud y “barbarie” que imperan dentro de los grupos del crimen organizado.
