Ciudad de México.- El avance de la ultraderecha y de los grupos con agenda contraria a derechos humanos ha provocado la reducción y eliminación de fondos destinados a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, lo que ha derivado en el cierre de servicios, la disminución de apoyos y la suspensión de programas para prevenir y erradicar la violencia de género y con esta tendencia se corre el riesgo de perder décadas de progreso, advirtió ONU Mujeres en su más reciente informe.
Esta reducción presupuestal se ha presentado a nivel internacional. De acuerdo con ONU Mujeres, los recortes en los Estados miembros han provocado la suspensión o cancelación de programas en un tercio (34.5 %) de las organizaciones de la sociedad civil, afectando proyectos de empoderamiento, políticas en favor de víctimas de violencia y servicios de apoyo para sobrevivientes.
Esta situación ocurre pese a que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática persistente. A nivel global, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Lejos de disminuir, este fenómeno se ha estancado o incluso retrocedido ante las crisis mundiales, los conflictos nuevos y persistentes, y la criminalización de las defensoras, lo que ha exacerbado las formas de violencia existentes.
Pese a ello, el 40.5 % de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil reportaron una reducción en los servicios que prestan a mujeres y niñas. Varias organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a cerrar albergues, espacios seguros y hogares de acogida. Algunas han reducido significativamente su capacidad de atención y, en consecuencia, se han visto forzadas a despedir o disminuir las horas de trabajo del personal especializado, como psicólogas y abogadas.
Asimismo, un alarmante 89% de las personas encuestadas señaló que los recortes de financiación están provocando una reducción significativa o grave en el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de apoyo para sobrevivientes.
“Esto no es simplemente un descenso estadístico; es una cuestión de vida o muerte. Cuando las mujeres y las niñas no tienen acceso a refugios, espacios seguros ni apoyo legal, médico y psicológico, aumenta el riesgo de que sufran violencia”, advirtió ONU Mujeres.
Las organizaciones de mujeres encuestadas que trabajan para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas informaron que se han visto obligadas a interrumpir o suspender por completo sus programas de prevención debido a los recortes masivos.
ONU Mujeres apunta que la inversión en prevención siempre ha sido escasa (antes de los recortes representaba apenas el 0.2% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo), pero con la reducción actual, la situación se ha agravado aún más.
Estas disminuciones presupuestarias, advierten diversas organizaciones ante ONU Mujeres, no representan una crisis de política pública, sino el resultado de decisiones e intereses políticos que buscan limitar el acceso a recursos, evidenciando que la protección de las mujeres no es una prioridad en las agendas gubernamentales.
Asimismo, el 33% de las organizaciones encuestadas afirmaron que los recortes han afectado significativamente su capacidad para realizar actividades de incidencia política y rendición de cuentas. Sin financiación, su posibilidad de movilizarse, involucrarse y exigir responsabilidad a las autoridades se ha visto mermada, pues se ven obligadas a destinar los recursos restantes únicamente a la prestación de servicios.
Estos recortes presupuestarios han generado una crisis generalizada, cuyos efectos impactan de forma desproporcionada a las organizaciones locales y de base, que constituyen la columna vertebral del apoyo comunitario para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas. De las 197 organizaciones locales y de base que respondieron, el 65% informó haber sufrido un impacto significativo por la disminución de fondos.
Estas disminuciones presupuestarias, advierten diversas organizaciones ante ONU Mujeres, no representan una crisis de recursos, sino el resultado de decisiones e intereses políticos que buscan limitar el acceso a recursos, evidenciando que la protección de las mujeres no es una prioridad en las agendas gubernamentales.
Consecuencias
Esta situación es especialmente preocupante, ya que los recortes coinciden con un creciente autoritarismo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia y la pobreza. Se proyecta que, de continuar esta tendencia, para 2030 fracasará el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, además de afectar al menos 14 de los 17 ODS.
Asimismo, las organizaciones afectadas han denunciado que a medida que los gobiernos reducen los fondos, deben tomar decisiones difíciles sobre qué programas mantener. Situación grave, pues está demostrado que para lograr reducciones efectivas en la violencia contra las mujeres y las niñas se requiere un enfoque integral que involucre a todo el Estado.
Además, las organizaciones informan que los recortes han devastado su capacidad para recopilar datos, investigar y generar conocimiento, pilares fundamentales para la incidencia, las políticas públicas y la intervención basada en evidencia. Sin información precisa, la violencia se vuelve invisible y la impunidad se generaliza.
La falta de datos concretos no solo dificulta el desarrollo de estrategias de prevención específicas, sino que también impide medir con exactitud la magnitud del problema, silenciando las voces de las víctimas y marginando aún más a las poblaciones vulnerables.
Otro impacto negativo de los recortes es la grave erosión de la confianza entre las organizaciones, las comunidades a las que sirven y los donantes. Cuando los proyectos se ven obligados a cerrar servicios esenciales como los albergues por falta de recursos, se produce una crisis de confianza que daña la reputación institucional y socava años de trabajo para construir relaciones sólidas.
Sin embargo, pese a este panorama, las organizaciones han buscado resistir las acciones antiderechos mediante la reconfiguración de sus relaciones con los donantes, el contacto con nuevos financiadores y el desarrollo de planes de gestión de riesgos. También han impulsado estrategias de colaboración e incluso la fusión de proyectos, lo que, según ONU Mujeres, evidencia una creciente solidaridad entre las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil ante la precariedad financiera compartida.
