Ciudad de México.- Después de cinco años de espera y tras una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), las autoridades de Cancún no ofrecieron una disculpa pública a la colectiva feminista que fue reprimida en noviembre de 2020 tras una protesta, cuyo movimiento se conoce como #9N, por lo que esta negativa contraviene los estándares internacionales y invisibiliza la serie de violaciones a derechos humanos que vivieron estas mujeres tras participar en una manifestación de rechazo al feminicidio de la joven Alexis.
Recordemos que el 9 de noviembre de 2020, cientos de mujeres se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal Benito Juárez para protestar por el feminicidio de Bianca Alejandra Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis. Ella había desaparecido el 8 de noviembre, y al día siguiente, sus restos fueron encontrados en bolsas de basura.
Las autoridades tenían la labor de investigar el feminicidio de Alexis. También, de garantizar el derecho a la protesta de las mujeres que exigían justicia para la joven de 20 años. Sin embargo, contrario a esto, un grupo de policías municipales y estatales abrió fuego contra la manifestación y detuvo a varias mujeres que portaban paliacates y otros distintivos propios del movimiento feminista.
María Oronzor, una de las mujeres que acudieron el 9N al Palacio Municipal Benito Juárez, fue víctima de tortura sexual por parte de los policías que participaron en el operativo. De acuerdo con su testimonio las fuerzas de seguridad las amenazaron a ella y a sus compañeras diciéndoles que «las iban a dejar peor que a Alexis».
La no disculpa
La disculpa pública estaba programada el pasado 9 de noviembre de 2025 a las 5 de la tarde, formaba parte de la reparación integral del daño que el Estado mexicano debía proporcionar a las mujeres; sin embargo, durante el evento, esto nunca llegó, pues solo ofrecieron garantías de no repetición por parte del secretario general del Ayuntamiento de Cancún, Pablo Gutiérrez Fernández.
El principal argumento utilizado para no ofrecer la disculpa fue que el estado respetó las recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Al pedirle que emitiera una disculpa humana y no política, Pablo Gutiérrez Fernández respondió con un «si una disculpa hace que podamos seguir avanzando, se les ofrece una disculpa por parte del municipio.» con lo que finalizó su discurso omitiendo los nombres de las mujeres agredidas y las acciones que cometió el ayuntamiento.
La situación de violencia contra las mujeres en Quintana Roo no es de otros periodos gubernamentales, actualmente, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en lo que va del 2025, esa entidad tiene 14 casos de feminicidio, siendo este territorio la quinta entidad con la mayor tasa de incidencia por cada 100 mil mujeres. Además, Benito Juárez es uno de los municipios con mayores registros, posicionándose en el séptimo lugar.
Hay que recordar que la recomendación 20/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), recuerda lo ocurrido el 9 de noviembre de 2020 cuando se llevó a cabo una manifestación en Cancún en contra de la violencia de género y tras el feminicidio de la joven Alexis. A la marcha asistieron organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas alertando un aumento de casos de feminicidio pese a la Alerta por Violencia de Género activada en el municipio.
Se trató de una manifestación convocada en varios estados de la República como Ciudad de México, Quintana Roo, estado de México y Guanajuato, que provino del dolor colectivo por el aumento de casos de feminicidio en México. Cabe recordar que, dentro de los diez años que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lleva registrando los casos de feminicidio en México, el 2020 se posicionó como el tercer año con mayor incidencia.
ESPECIAL 2020: la represión del Estado contra las marchas feministas – cimacnoticias.com.mx
La manifestación del 9N en 2020, que comenzó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Cancún, se trasladó a las instalaciones del H. Ayuntamiento de Benito Juárez; sin embargo, Eduardo Santa María Chávez, el entonces Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito quien estaba al mando de la Policía de Quintana Roo, ordenó el uso de armas para dispersar la protesta ocasionando que las manifestantes resultaran heridas.
También se documentó la agresión de los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, así como la feminista y activista Wendy Galarza; el uso de violencia física en las manifestantes; detenciones arbitrarias que vulneraron los derechos humanos y la libertad de expresión; y daños a pertenencias personales de las feministas.
Visitadoras y visitadores de la CDHEQROO que presenciaron el acto, dieron cuenta del uso de fuerza desproporcional, según describe el documento.
La CDHEQROO recabó un total de 36 pruebas que estuvieron conformadas por entrevistas, videos y actas circunstanciales donde se documentaron las agresiones y detenciones con uso de armas, aunque también se recabaron denuncias de violencia sexual en contra de las mujeres detenidas y agresiones físicas. Por otro lado, un total de ocho mujeres fueron detenidas y trasladadas en la unidad 12025 de la Policía Estatal Preventiva, una vez en la Fiscalía las acusaron de delitos que no cometieron.
A través de una solicitud de información realizada por la CDHEQROO a la Secretaría Municipal de Seguridad Publica y Transito de Benito Juárez se supo que fueron 77 elementos de la policía que fueron encargados de cubrir la manifestación. Asimismo, la instancia declaró que no podía compartir el informe realizado de aquel día y ningún elemento fue dispuesto a disposición de las autoridades competentes.
La no disculpa
Durante la participación del secretario general del Ayuntamiento de Cancún, Pablo Gutiérrez Fernández, el funcionario dio un breve recuento de la represión que ocurrió ese día hace cinco años remarcando que los hechos se dieron en la administración anterior. Después de nombrar una serie de tratados internacionales, Pablo Gutiérrez Fernández solo remarcó que durante la actual administración el Ayuntamiento reconocería la manifestación como un derecho.
Asimismo, explicó que actualmente existe un análisis en materia de derechos humanos para integrarlos en sus protocolos de actuación. De la misma manera, destacó la implementación de cursos con perspectiva de género y derechos humanos a los elementos de la policía. Dijo que adquirieron 775 cámaras corporales paa que cada interacción con la policía quede documentada y tenga valor judicial.
Incluso dijo que se creó la Comisión de Derechos Humanos de Grupos Prioritarios, la cual está elaborando un protocolo de atención a protestas.
La participación de Pablo Gutiérrez Fernández concluyó con su compromiso de no repetir hechos, el trabajo colaborativo con el Comité de Víctimas del #9N, así como la próxima construcción de un monumento en la explanada del H. Ayuntamiento de Benito Juárez que tomará la forma de estela de luz.
Para la organización Amnistía Internacional (AI), quien estuvo presente en el evento, las disculpas públicas forman parte de la reparación integral del daño, por lo que el Estado mexicano está obligado a cumplir con dicha medida, la cual está incluida en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe «México: la era de las mujeres» de AI, el Estado mexicano ha respondido con violencia contra manifestaciones feministas, de mujeres o de colectivas que alzan la voz contra la violencia de género y quienes tan protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica. A pesar de esto, existen una serie de derechos humanos que han sido violados en varios casos como a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. Esto genera un ambiente hostil contra ellas.
El estigma contra las manifestaciones feministas se basa principalmente en estereotipos de género. Por ejemplo, quienes deciden hacer uso de pintar consignas, romper cristales o realizar iconoclasia a monumentos. Para la organización, la represión contra las manifestantes se entrelaza con otras formas de exclusión y marginación. De la misma manera, existe un sesgo de discriminación para quienes se tapan el rostro o se visten de negro en las protestas.
