Ciudad de México.- La de violencia que atraviesa Michoacán, derivada de las pugnas por parte entre grupos delincuenciales ha colocado en mayor situación de vulnerabilidad a mujeres, niñas y niños, quienes se encuentran en riesgo de ser víctimas de trata de personas y reclutamiento forzado; sin embargo, pese a la urgencia de establecer medidas de protección, el nuevo Plan Michoacán, presentado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no contribuye a fortalecerles protección.
De acuerdo con la Red Lupa, para mayo de 2025 había un total de 290 niñas y adolescentes desaparecidas en el estado de Michoacán. Según la plataforma, la edad promedio en la que más desaparecen niñas y adolescentes de la entidad oscila entre los 15 y 19 años.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en su informe de la visita realizada a México en 2021, señaló que las desapariciones de mujeres y niñas han ido en aumento, y que algunos casos corresponden a desapariciones vinculadas y relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual.
Si bien esta problemática se ha acentuado en las últimas semanas, es preciso recordar que desde 2006 la militarización de la seguridad pública provocó el fortalecimiento y expansión de los grupos criminales. Inicialmente, la familia michoacana y posteriormente los caballeros templarios consolidaron estructuras de control social, económico y religioso. La irrupción del cártel jalisco nueva generación (CJNG) intensificó la disputa territorial, incrementando los niveles de violencia.
Esta problemática fue abordada en el Foro sobre Trata y Reclutamiento, organizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la cual señaló que, el reclutamiento y la trata en Michoacán son fenómenos estructurales profundamente vinculados con la pobreza, la violencia territorial y la ausencia sostenida del Estado.
Estos problemas afectan de manera diferenciada según el género, la edad y el territorio, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos; sin embargo, las respuestas institucionales actuales son fragmentadas y reactivas, limitándose a atender las consecuencias sin abordar las causas de fondo.
Tania Ramírez, directora de REDIM, señaló que si bien la presentación del Plan Michoacán, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una respuesta inmediata ante la escalada del crimen organizado, es necesario subrayar que el plan carece de un enfoque de derechos de infancia y no contempla si se detendrá la militarización, factor que continúa profundizando esta problemática.
Cabe resaltar que de acuerdo al análisis de contexto de Michoacán, realizado por esta REDIM, el estado presenta alta incidencia de trata con fines de explotación sexual, particularmente en Morelia, Zamora, Uruapan y en las regiones agrícolas. La explotación se encuentra entrelazada con la movilidad interna y migración, las economías ilícitas y el extractivismo agroindustrial, en un contexto de precariedad laboral extrema.
Pese a ello, de acuerdo con la organización, a octubre de 2025, no existen datos oficiales sobre la “utilización por agrupaciones delictivas” de niñas, niños y adolescentes en Michoacán. Sin embargo, existen métodos para procesar e interpretar los datos oficiales y obtener aproximaciones a los casos detectados de víctimas de este delito, aunque no se encuentre tipificado.
Una de esas formas es empleando la información publicada recientemente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024. En dicho documento, el organismo indica que, basándose en información sobre 3 mil 121 tratantes sentenciados en 942 resúmenes de casos judiciales, el 74% de los casos de trata de personas son cometidos por el crimen organizado.
Daños a comunidades
Si bien los municipios de Morelia, Zamora y Uruapan han sido el foco principal de esta escalada de violencia, otros también han denunciado constantemente la arremetida de grupos delictivos dentro de sus comunidades.
El caso más reciente es el de los municipios de Chinicuila y Aquila, territorios nahuas de la Sierra Costa de Michoacán, que se encuentran bajo el asedio de grupos de la delincuencia organizada. La violencia se ha vuelto parte de su vida cotidiana, especialmente para las mujeres quienes habitan la zona y enfrentan una mayor exposición a la pérdida de su seguridad y libertad, el desplazamiento forzado y el riesgo de ser víctimas de redes de trata de personas.
Asimismo, el crimen organizado ha extendido su control por distintos territorios de la entidad. En la región de la Meseta Purépecha, la comunidad indígena de Cherán, conformada por 22 mil habitantes, denunció que el pasado 2 de junio fue atacada con armas de alto poder por un grupo delictivo aún no identificado. El atentado dejó una persona muerta y otra herida.
A través de un comunicado, la comunidad expresó que se trató de “un golpe directo al corazón de nuestra autonomía y de todos los pueblos que luchamos por defender la vida”. La comunidad ha manifestado que esta agresión es consecuencia directa de la escalada de violencia en Michoacán, donde el crimen organizado se disputa los territorios con total impunidad ante el abandono de las autoridades estatales y federales.
Ante esta realidad que enfrentan las infancias michoacanas, la REDIM exigió establecer un registro estatal unificado de niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de trata o reclutamiento. Asimismo, llamó a fortalecer la presencia institucional en municipios rurales y zonas de riesgo.
También solicitó que el Estado financie mecanismos permanentes de protección y que el apoyo no se limite a campañas temporales, además de implementar programas de reintegración con acompañamiento psicológico y educativo para las víctimas.
