Ciudad de México.- Pese a los avances alcanzados en el continente europeo en cuanto a la despenalización del aborto, las mujeres siguen enfrentando restricciones y obstáculos como consecuencia del resurgimiento de grupos antiderechos que, cada vez están mejor dotados de recursos e intensifican sus esfuerzos para influir negativamente en políticas y leyes, así lo informó Amnistía Internacional en su más reciente informe.
La organización advierte que los movimientos de derecha están ganando terreno en todo ese continente a través de instituciones conservadoras, grupos religiosos, organizaciones civiles e incluso figuras influyentes en redes sociales. Su objetivo, señala el informe, es imponer nuevas restricciones al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos para mantener el control sobre los cuerpos de las mujeres y reforzar las normas patriarcales.
Aunque las reformas legales han facilitado el acceso al aborto en buena parte de Europa, todavía existen numerosas barreras administrativas, sociales y prácticas que impiden su acceso universal. Entre ellas destacan los requisitos sin justificación médica, la objeción de conciencia del personal de salud, la falta de profesionales capacitados, los límites gestacionales y los altos costos del procedimiento.
Actualmente, la mayoría de los países europeos permite el aborto a petición dentro de ciertos límites gestacionales. Sin embargo, en lugares como Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), Italia, Hungría, Países Bajos y Suiza, el procedimiento solo se permite por motivos sociales o económicos.
Otros países mantienen leyes sumamente restrictivas, autorizando el aborto únicamente en casos excepcionales, como riesgo para la vida de la persona gestante. Es el caso de Liechtenstein, las Islas Feroe, Malta, Mónaco y Polonia. En Andorra, la prohibición es total.
En países como Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Kosovo, Letonia, Macedonia del Norte, Montenegro, República Checa, Rumanía y Serbia, el aborto no está cubierto por los seguros médicos ni por el sistema nacional de salud, lo que lo hace inaccesible para muchas mujeres.
Amnistía Internacional también documentó que varios Estados europeos incumplen su obligación de garantizar el acceso a los servicios de aborto, especialmente donde los médicos se niegan a practicarlos por motivos de conciencia. En Italia y Croacia estas negativas son frecuentes, y en Rumanía van en aumento, mientras las autoridades permanecen inactivas ante las consecuencias de estas prácticas.
Además, al menos 12 países europeos imponen plazos de espera obligatorios y 13 exigen asesoramiento previo, medidas que carecen de justificación médica y sólo retrasan el acceso. En Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal se aplican ambos requisitos. En Hungría, incluso se obliga a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes del procedimiento, mientras que en Türkiye, las mujeres casadas mayores de 18 años deben contar con el consentimiento de su cónyuge para interrumpir un embarazo dentro de las primeras 10 semanas.
La penalización del aborto perjudica desproporcionadamente a personas y grupos ya marginados, como las personas con bajos ingresos, las personas refugiadas y migrantes, las personas LGBTIQ+ y las comunidades racializadas o indígenas.
Grupos de ultraderecha
El informe también advierte sobre el avance de un movimiento transnacional antigénero, bien financiado y coordinado, que agrupa a grupos religiosos y conservadores, centros de pensamiento, organizaciones civiles y figuras mediáticas.
En Croacia, la alianza entre políticos antiderechos y la Iglesia católica ha impulsado repetidos intentos de restringir el aborto. En Eslovaquia, el Parlamento ha promovido reformas que podrían limitar gravemente los derechos reproductivos, y en Hungría se han introducido nuevas trabas para acceder a la anticoncepción y la planificación familiar.
En Italia, el partido gobernante impulsa leyes que permiten a grupos antiaborto ingresar a los centros de asesoramiento obligatorio para mujeres que buscan interrumpir legalmente su embarazo. Las autoridades justifican estas medidas con argumentos sobre la baja natalidad y discursos racistas sobre el supuesto “reemplazo” de la población blanca nativa por personas migrantes.
Asimismo en esta entidad, el país presenta una de las tasas más altas de objeción de conciencia en Europa. Más del 60 % de los ginecólogos están registrados como objetores de conciencia, llegando a superar el 84 % en ciertas regiones, incluyendo numerosos hospitales con personal compuesto exclusivamente por objetores. Esta medida trae como consecuencia escasez de servicios de aborto en amplias zonas geográficas y supone una enorme presión para los profesionales no objetores.
Las manifestaciones frente a clínicas de salud sexual y reproductiva también se han convertido en una barrera creciente. En Polonia, un centro de abortos abierto en Varsovia en marzo de 2025 ha sido objeto de acoso constante por parte de grupos conservadores. En Austria, el personal médico enfrenta intimidaciones similares, mientras que en Francia y Alemania los centros de planificación familiar y de asesoramiento obligatorio también han sido blanco de ataques por parte de grupos antiderechos.
Recomendaciones
Amnistía Internacional pidió a los gobiernos europeos despenalizar totalmente el aborto, eliminar las leyes que castigan a quienes lo practican o acompañan, y garantizar el acceso gratuito o asequible dentro de los sistemas públicos de salud. También solicitó retirar los cargos y antecedentes penales de mujeres y personal médico sancionados por abortar o brindar atención relacionada.
La organización instó además a eliminar las barreras legales, económicas y sociales que dificultan el acceso, como los periodos de espera, el consentimiento de terceros o la objeción de conciencia no regulada. Pidió asegurar el acceso sin discriminación para mujeres y personas gestantes en situación de vulnerabilidad, y ofrecer opciones seguras y accesibles, incluso mediante telemedicina, conforme a las recomendaciones de la OMS.
