Ciudad de México.- Aunque la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó en agosto la Ley del Sistema Público de Cuidados como una de las principales acciones de su administración y Human Rights Watch (HRW) advirtió que la iniciativa no garantiza la autonomía, la igualdad ni la protección contra el abuso para las mujeres con discapacidad.
Esta advertencia surgió después de que organizaciones de personas con discapacidad enviaran una carta al gobierno de la Ciudad de México, en la que señalaron que el enfoque actual, no contempla de forma integral a este sector y corre el riesgo de reproducir los defectos de los modelos asistencialistas. Dichos modelos colocan a las personas como receptoras pasivas, en lugar de reconocerlas como participantes activas en la definición de los apoyos que requieren.
No perdamos de vista que en México 19.5 millones de mujeres, entre madres, hijas y abuelas, son quienes realizan principalmente las labores de cuidado no remuneradas dedicando 38.9 horas a la semana, mientras que los hombres únicamente destinan 30.6 horas en el mismo lapso de tiempo. Lo anterior provoca que ellas no puedan acceder a empleos remunerados y desencadena una serie de afectaciones físicas y emocionales que representan un obstáculo para el ejercicio pleno de sus derechos, así lo reveló la primera edición de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Para entender este señalamiento hay que resaltar que en la Ciudad de México el cuidado está consagrado como un derecho en la Constitución Política, en el artículo 9:
“Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado”. Sistema de Cuidados para el Bienestar de la Ciudad de México
Y de acuerdo con la CEPAL y ONU Mujeres (2021), un sistema de cuidados puede definirse como el
“Conjunto de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social de los cuidados con la finalidad de cuidar, asistir y apoyar a las personas que lo requieren, así como reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados –que hoy realizan mayoritariamente las mujeres-, desde una perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional e intercultural”.
Ante esta serie de problemáticas, HRW señaló que la propuesta de ley también carece de claridad sobre los servicios específicos que se ofrecerán, como la asistencia personal financiada con recursos públicos y no establece un presupuesto ni un marco que permita ampliar y mejorar el sistema a lo largo del tiempo.
Cabe decir que en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento son hombres, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020. Además debemos de precisar que de acuerdo al INEGI, el 72.6 por ciento de las mujeres con discapacidad vivió al menos un incidente de violencia a lo largo de la vida.
Pese a este panorama hostil, se suma la falta de sistemas adecuados de apoyo, la cual puede dejar a las mujeres con discapacidad en mayor riesgo de sufrir violencia y abuso dentro de sus hogares.
HRW ejemplificó esta situación con el caso de una mujer con discapacidad física quien denunció una serie de abusos y la ausencia de autonomía dentro de su núcleo familiar. Su experiencia, señaló la organización, mostró cómo la falta de alternativas a los apoyos familiares puede generar entornos donde el control, la negligencia o el abuso se presenten con mayor facilidad.
Este caso no es aislado, pues en su informe de 2020, “Es mejor hacerte invisible”, Human Rights Watch documentó en cuatro estados del país, incluida la Ciudad de México, situaciones en las que personas con discapacidad sufrieron negligencia y maltrato por parte de familiares o personas cuidadoras, un problema estrechamente relacionado con la falta de apoyos para la vida independiente.
“Sin acceso a asistencia personal o apoyos comunitarios, se ven obligadas a permanecer en entornos familiares donde experimentan negligencia, coerción o abuso. Un sistema integral de cuidados y apoyos debe permitir que las personas denuncien la violencia y tomen sus propias decisiones sobre dónde y con quién vivir.”
Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 31/2025, reconoció los apoyos para la vida independiente como un componente inherente del derecho al cuidado.
Además, de acuerdo con los estándares internacionales, los apoyos deben incluir medidas que permitan a las personas tomar sus propias decisiones, participar en sus comunidades y vivir de manera independiente. Estos apoyos pueden incluir asistencia personal, apoyos en comunicación y toma de decisiones, servicios tecnológicos y de accesibilidad. En el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad debe incluir su transición a la vida adulta.
Es indispensable recordar esta exclusión no solo se refleja en este proyecto de ley, pues Cimacnoticias documentó que las mujeres con discapacidad fueron relegadas de la XVI Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, cuyo tema central fueron los cuidados. Al no ser incluidas en la sede oficial y ser enviadas a un foro paralelo para exponer su agenda y se corrió el riesgo de que sus demandas no fueran atendidas adecuadamente.
Durante ese foro también se coincidió en la importancia de reconocer la asistencia personal como un derecho en México, ya que, además de otorgar mayor autonomía, delegar el cuidado exclusivamente a las familias, particularmente a las madres, reproduce sistemas precarios que condicionan la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Ante este panorama, Human Rights Watch reiteró que es urgente establecer un sistema sólido e inclusivo de cuidados y apoyos, capaz de promover la igualdad, la autonomía y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.
Dicho sistema debe alinearse plenamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, garantizando que las políticas de cuidados empoderen a las personas usuarias en lugar de limitar su independencia.
Finalmente, HRW destacó que un sistema inclusivo de cuidados y apoyos también contribuiría a promover la igualdad de género al permitir que las mujeres, incluidas aquellas con discapacidad y las adultas mayores. ejerzan sus derechos y participen plenamente en la educación, el trabajo y la vida comunitaria.
