Ciudad de México.- De acuerdo con el informe de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), en 2024 murieron 4 mil 646 mujeres por cáncer de cuello uterino o cáncer cervicouterino (CaCu), convirtiéndose en la segunda causa de muerte por cáncer entre las mexicanas. Aunque es prevenible y curable, persisten deficiencias en el sistema de salud que dificultan su oportuna atención, siendo las zonas rurales los lugares donde más mujeres fallecen por esta causa.
México ha respondido de forma desfavorable en materia presupuestaria para la atención. De acuerdo con informe Presupuesto para Cáncer. Insuficiencia, desigualdad y subejercicio en el gasto, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el gasto para atención de cáncer en mujeres se redujo 52.7% entre 2017 a 2023, pues pasó de mil 329.3 millones de pesos en 2017 a 629.1 millones.
Los mayores recortes se observaron en cáncer de mama y en cáncer cervicouterino con 75.4% y 71.7% respectivamente. Aunado a ello, también se observa un subejercicio para cáncer en las mujeres de 51.8% en 2023. Además, en el INCan se estima que 2 de cada 10 personas que solicitaron atención no pudieron recibirla.
Derivado de los recortes presupuestarios, las mujeres han tenido que enfrentar deficiencias en la atención médica y las instituciones han disminuido el número de pacientes a quienes atienden.
Además, de acuerdo con Pérez del INCan, hasta 2025 la cobertura de vacunación en México apenas alcanzaba el 45%. Aunque esta cifra ha mejorado, resaltó que aún faltan esfuerzos institucionales para alcanzar los rangos establecidos a nivel mundial.
En el marco del primer Día Mundial de Acción para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino, conmemorado a partir de ahora cada 17 de noviembre, los países y asociaciones en el mundo visibilizan la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública, su principal causa es la infección por ciertos tipos del virus del papiloma humano (VPH), una enfermedad de transmisión sexual.
De acuerdo con Cetina Pérez del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en México el 74.3% de los casos de cáncer cervicouterino se presentan en niveles socioeconómicos bajos, quienes destinan el 83.3% de sus ingresos económicos en servicios básicos lo que les imposibilita atenderse y ponerse como prioridad. Además, el 51.7% no cuenta con escolaridad, el 52.2% proviene de una zona rural y el 79.5% son trabajadoras del hogar.
A diferencia de ellas, el 25.3% de los casos de cáncer de cuello uterino corresponden a mujeres de niveles socioeconómicos intermedios y altos, de las cuales el 78.1% vive en zonas urbanas, el 57.1% destina la mayor parte de sus ingresos económicos a servicios básicos y el 35% no cuenta con escolaridad.
Esta situación no es aislada, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022, más del 94% de las 350 mil muertes por cáncer cervicouterino ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos. Las regiones con mayor incidencia y mortalidad incluyen África Subsahariana, América Central y Asia Sudoriental.
Las diferencias regionales están relacionadas con desigualdades en el acceso a la vacunación, la detección temprana y el tratamiento. Además, factores como la alta prevalencia de VIH, los determinantes sociales y económicos, los sesgos de género y la pobreza agravan la situación.
El informe El legado de López Obrador, elaborado por la asociación civil Signos Vitales, reveló que durante el sexenio anterior se planteó realizar citologías cervicales a 11 mil 529 mujeres de entre 25 y 34 años que vivían en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes. Sin embargo, solo se alcanzó el 39% de la meta, dejando a miles de mujeres sin acceso a una herramienta crucial para la detección temprana del CaCu.
Asimismo, a lo largo del país la cobertura de tamizaje es heterogénea, alcanzando aproximadamente solo el 24% de las mujeres y existe menores porcentajes de atención en áreas rurales. Por otro lado, el monitoreo de las estrategias de tamizaje para CaCu y del seguimiento de pacientes en México muestra hasta un 50% de pérdida de pacientes en las fases de seguimiento. En zonas de baja cobertura, el riesgo de mortalidad ha mostrado ser hasta tres veces mayor.
Cabe señalar que las pruebas de tamizaje permiten detectar y diagnosticar enfermedades, especialmente el cáncer y las lesiones precancerosas, mediante el análisis de células al microscopio. Es una prueba fundamental para la detección temprana, que puede prevenir el desarrollo de la enfermedad y permitir tratamientos más efectivos.
La falta de presupuesto, una constante
Cabe señalar que en 2020 la OMS lanzó la Estrategia Mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud pública, estableciendo objetivos de cobertura de la vacuna contra el VPH del 90%, cobertura de tamizaje con una prueba de alto rendimiento del 70% y cobertura del tratamiento del 90%.
Actualmente, las vacunas disponibles contra el VPH son la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Es importante resaltar que esta última, que ofrece cobertura contra más genotipos de alto riesgo, es de más difícil acceso. En el sector público suelen aplicarse la bivalente y la tetravalente, mientras que la nonavalente predomina en el sector privado, con un costo aproximado de 3 mil 900 pesos mexicanos.
Pese a este panorama, el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aún no ha implementado programas efectivos para brindar tamizajes gratuitos y fácil acceso a la vacunación, así como un servició óptimo para las pacientes. Esta falta de atención pone en evidencia el abandono del Estado en la salud de la mujer, por ello, es urgente exigir la creación de centros de salud accesibles y gratuitos que garanticen la prevención y detección temprana de esta enfermedad.
