Ciudad de México.- A 27 años de haber sido encarcelada injustamente, María Luisa Villanueva recibió una disculpa pública por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos por las violaciones cometidas a sus derechos humanos; sin embargo, la justicia aún sigue pendiente, pues el reconocimiento de su inocencia no se ha concretado, pese a contar con múltiples pruebas en su favor.
Esta disculpa emitida por la FGE se publicó en el periódico Tierra y Libertad como parte de la recomendación emitida hace dos años por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, dentro del expediente CDMH/SE/VRSP/061/044/2019. Sin embargo, en entrevista con Cimacnoticias, Villanueva señaló que, si bien este reconocimiento representa un avance importante, una disculpa no va a reparar los 25 años que estuvo privada de su libertad ni la revictimización que aún enfrenta.
“Una disculpa pública, desde luego, nunca va a subsanar todo el daño que llevo, todo lo que viví. Una disculpa únicamente representa una satisfacción en el sentido de que, por fin, aceptan que sí fui torturada.”, expresó
En consecuencia, la lucha no cesa ahí, pues el siguiente pasó para María Luisa Villanueva es lograr el reconocimiento de su inocencia, por lo que está en espera de realizar una audiencia, concedida por por parte de la sala del tribunal colegiado penal, quien ordenó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), realizar de nueva cuenta un estudio minucioso de las pruebas.
Es necesario decir que el caso de María Luisa no es aislado, desafortunadamente en el país persiste esta situación, durante 2023, se iniciaron 4 mil 592 investigaciones por el delito de tortura y tratos inhumanos o degradantes en México, sin embargo, menos del 1% fueron judicializadas, es decir, no avanzaron lo suficiente para llegar ante una persona juzgadora.
Este número resulta alarmante, pues, en un panorama general se encuentra que, en comparación con otros delitos como el secuestro la cifra es 9 veces mayor, entre este y otros hallazgos arrojados por el Observatorio Contra la Tortura en su informe 2023, se esboza lo incontenible de la crisis de derechos humanos que atraviesa a nuestro país.
De acuerdo con los datos segregados, las mujeres representan el 14% de los casos, aunque en realidad, como ya se advertía, el número puede ser mucho mayor, sin embargo, una buena parte de la población decide no denunciar; hablar de tortura, implica reconocer una poderosa cifra negra pues además de no saber la cifra exacta, en más de 300 casos se desconoce el sexo de la víctima.
Las entidades que acumulan las mayores violatorias en contra de las mujeres es Michoacán de Ocampo con 193 casos registrados, seguido por el estado de México con 167, la Ciudad de México con 123 y finalmente, Puebla con 49. Asimismo, de estas 865 víctimas sólo 3 casos lograron judicializarse: Una en estado de México, otra en Jalisco y la última en Oaxaca.
865 mujeres fueron víctimas de tortura por autoridades; sólo 3 fueron judicializadas en 2023
Cabe señalar que el amparo que obtuvo el caso de María Luisa se dio pese a que, hace dos años, el magistrado Juan Gabriel Vargas negó el reconocimiento de inocencia a Villanueva. Ella presentó varios tomos con pruebas en su favor, pero, bajo el argumento de que no se habían entregado los elementos necesarios, su solicitud fue rechazada; sin embargo, ella señaló que sus documentos nunca fueron revisados.
Ante ello, dijo que Tribunal Superior de Justicia, no ha querido asumir la responsabilidad por los hechos perpetrados, ya que implicaría “un golpe” a la propia institución, pues advierte, son responsables de haberla mantenido 25 años en prisión injustamente, sin haber cometido delito alguno.
Pese a que asume que el gobierno actual no fue el responsable de la serie de violaciones que se llevaron en su contra hace 27 años, María Luisa Villanueva enfatizó que sí es su responsabilidad colaborar para lograr una justicia restaurativa.
Además, afirmó que, si se logra el reconocimiento de inocencia, será necesario modificar la Ley de Víctimas, porque casos excepcionales como el suyo no están contemplados, pues enfatiza que las medidas de restitución que actualmente ofrece la ley resultan insuficientes para quienes, como ella, pasaron casi tres décadas en prisión y viven consecuencias que atraviesan todas las dimensiones de su vida.
Villanueva expresó que, de lograrse este reconocimiento, se marcaría un precedente importante en la entidad y se contribuiría a evitar la repetición de estos hechos. Asimismo, sería una forma de avanzar hacia una justicia y reparación parcial del daño.
“Todas las víctimas son importantes, todas. Pero hay víctimas que están en condiciones aún más difíciles, más vulnerables, y yo me considero una de ellas, porque mi situación ha sido muy complicada desde que salí y he tenido que seguir luchando”
Mientras la justicia llega, María Luisa señala que seguirá luchando en colectivo y apoyándose en otras mujeres que han vivido experiencias similares como consecuencia de un Estado omiso y un sistema de justicia corrupto. “
Necesitamos estar unidas, que nos acuerpemos todas las víctimas que estamos en estas luchas, incluso quienes no están viviendo un caso como el mío”, concluye.
Caso María Luisa Villanueva
En 2019, Cimacnoticias conversó con María Luisa Villanueva, mujer originaria de la comunidad de El Ocotillo, en Guerrero. En ese entonces, María Luisa se encontraba privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos. Estaba cumpliendo una sentencia de 30 años, acusada de haber participado en el secuestro de la niña Sara Saskia Seligman, ocurrido el 22 de junio de 1997, según la causa penal 06/1998.
La vida de María Luisa cambió de forma drástica el 6 de enero de 1998. Con apenas 21 años y dos hijos, uno de 11 meses y otro de 9 años, regresó a Morelos, donde había vivido tres años antes, en busca del padre de su hijo menor, a quien no veía desde hacía nueve meses. Vivía en condiciones de precariedad, en un contexto adverso que la colocaba en una situación de vulnerabilidad.
Aquella noche acordó encontrarse con su expareja, Catalino N, en el restaurante Los Porkys, ubicado en la colonia Galeana de Zacatepec. Pero lo que debía ser un reencuentro personal, se convirtió en una pesadilla. Minutos después de su llegada, un grupo de agentes de la Unidad Antisecuestros irrumpió violentamente en el lugar. Iban encapuchados y, según el expediente, entre ellos se encontraban José Guadalupe Reyes, Fernando Paredes Meza y Édgar Chávez Rodríguez.
Frente a los comensales, los oficiales sacaron a la fuerza a María Luisa y a Catalino del restaurante. Él, en medio de la confusión y la violencia, suplicaba: “Ella no tiene nada que ver, dile al jefe que me dé chance y la deje ir”. Sin embargo, ambos fueron subidos a un vehículo. En una parada durante el trayecto, María Luisa escuchó cómo uno de los policías le decía a su expareja que, si quería que ella quedara libre, debía entregar 200 mil pesos.
Lo peor estaba por venir, pues fue llevada a una casa donde fue torturada y violentada sexualmente, así como amenazada de muerte.
Cuatro días después, el 10 de enero, ambos fueron presentados, esposados y encapuchados, ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Allí, una vez más, fueron golpeados y obligados a firmar confesiones bajo amenaza.
Su situación legal se agravó por la falta de recursos económicos de su familia, que no podía pagarle una defensa adecuada. Le asignaron un defensor de oficio, quien hizo un trabajo deficiente. La diligencia de confrontación, clave en el proceso, estuvo plagada de irregularidades: en el expediente incluso aparecieron nombres de mujeres que, según las actas, estuvieron presentes, aunque ellas mismas niegan haber participado en la diligencia.
A pesar de las evidentes violaciones a sus derechos humanos y la ausencia total de una perspectiva de género, el 2 de septiembre de 1999, María Luisa fue condenada a 30 años de prisión. Fue juzgada sin garantizarle el derecho a una defensa adecuada, a no ser torturada, ni a que se fabricaran pruebas en su contra. El juez avaló todas las irregularidades, revictimizándola y legitimando la arbitrariedad con la que fue detenida.
Pasaron 22 años para que su caso comenzara a recibir atención. Con el apoyo de un nuevo abogado, logró que la Fiscalía General de Justicia abriera una carpeta de investigación contra los policías ministeriales que la detuvieron. Pero fue hasta el 30 de enero que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa Olea, ofreció a algunas mujeres privadas de la libertad entre ellas María Luisa, acogerse a un beneficio de remisión parcial de la pena, lo que implicaba su liberación inmediata.
María Luisa, sin embargo, no quería ser liberada como si se le estuviera “perdonando” algo. Quería que el Estado reconociera su inocencia, por eso, renunció al beneficio. Pero Gamboa Olea ordenó su liberación de todos modos. Paradójicamente, fue el mismo magistrado que, años antes, había omitido todas las inconsistencias y violaciones de su proceso.
Hoy, han pasado 27 años desde su detención. Aunque María Luisa ya no está en prisión, la justicia no ha llegado. Sigue enfrentándose a un sistema corrupto y negligente, que se niega a reconocer los abusos, las torturas, la fabricación de pruebas y las omisiones que marcaron su caso. María Luisa Villanueva es libre, sí, pero aún espera que su nombre sea limpiado por completo.
