Ciudad de México.— El pasado 18 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un nuevo golpe a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos al reabrir el debate sobre si considerar o no inconstitucional la eliminación del artículo 132 de la Ley General de Víctimas (LGV) cuando se reformó en 2020, el cual establecía un aumento mínimo en el presupuesto para la reparación del daño. No obstante, en 2024 la extinta Primera Sala ya la había considerado como inconstitucional.
Anteriormente, el artículo 132° de la Ley General de Víctimas ya dictaminaba un aumento en presupuesto del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) anterior destinado a la ayuda y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos. Para la organización, la cláusula fue una conquista del movimiento de víctimas desde la implementación de esta ley desde hace una década atrás.
Derivado de la eliminación del presupuesto en la LGV en 2020 gracias a una reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Centro Prodh interpuso el Amparo en Revisión 675/2022 alegando que se trataba de una medida regresiva. En consecuencia, la ahora entonces Primera Sala de la SCJN declaró que la modificación hecha en esta ley, en efecto, marcaba un retroceso injustificado y violatorio en cuanto a la reparación integral del daño y la catalogó como inconstitucional.
Posterior a esta decisión, se esperaba que el Congreso de la Unión realizara las modificaciones legislativas necesarias para implementar un presupuesto fijo en las leyes mexicanas para la atención de víctimas, pero esto no sucedió a más de un año de la discusión en marzo de 2024. Por ello, en la reciente discusión que tuvo la Corte solo se esperaban que se determinara si la anterior resolución de la Primera Sala tenía efectos generales, es decir, que fuera aplicable para toda la población y no solo para quien interpuso el amparo.
Entre las principales solicitudes que se estaban solicitando se encontraba establecer un mínimo presupuestal fijo, etiquetado como «ayuda, atención y reparación» e irreducible destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas y para que no se destinará a otros fines distintos.
Centro Prodh advirtió su preocupación de que la Corte decidiera reabrir la discusión sin contemplar la resolución de la Primera Sala, también calificó de violatorio al principio de seguridad jurídica, ya que contraviene la figura de “cosa juzgada”, es decir, que una sentencia judicial firme no puede ser modificada ni cuestionada mediante un nuevo juicio.
Sin presupuesto para atender víctimas
Ante la falta de presupuesto, el Estado no ha sido capaz de atender a las víctimas. El Centro Prodh apuntó que entre 2022 y 2026 se estima que el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) —instancia encargada de asistir a víctimas para que puedan recuperar su proyecto de vida— está 29% por debajo del financiamiento anteriormente fijado.
Tan solo para el próximo año, se destinará a la CEAV 692 millones de pesos en la partida de “Ayudas Sociales” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, cuando el monto debió ser de al menos 913 millones de pesos exclusivos para atender a víctimas.
Esto se inserta en un contexto de crisis de violencia y violaciones graves a derechos humanos en México, sobre todo si se trata de mujeres. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que, a lo largo del 2025, acontecieron 513 casos de feminicidios, mil 607 homicidios dolosos, mil 804 casos de corrupción de niñas y adolescentes, 394 víctimas de trata de personas, 203 mil 469 casos de violencia familiar, 4 mil 929 casos de violencia de género y 15 mil 664 casos de violencia sexual.
A esto se suman las víctimas de desapariciones, las cuales, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el corte del 19 de noviembre de 2025, ya suma 133 mil 660 personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 746 son mujeres.
Derivado de la violencia, Centro Prodh reafirmó que se requieren de organismos judiciales que pongan en el centro a las víctimas para escuchar exigencias y garantizar sus derechos: “Esta tendencia debilita la coherencia y estabilidad de las decisiones judiciales de la SCJN”, sentenció.
A inicios de noviembre, el periódico Reforma publicó una nota cuyo contenido refería que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, abrió un proceso de consulta para aclarar si la nueva conformación del Pleno podría revisar sentencias emitidas anteriormente a las salas antes de su eliminación, cuando estas tenían el mismo valor de aquellas dictadas desde el Pleno. Hasta el momento no se tiene una resolución al planteamiento de Hugo Aguilar, pero de aprobarse se podría fijar un precedente histórico en el Poder Judicial.
¿Qué está pasando con el presupuesto para las víctimas en México? – cimacnoticias.com.mx
La falta de un Sistema Nacional de Víctimas
La decisión de la Corte era fundamental para garantizar el acceso de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral. Esto en un contexto con altos índices de violencia y ante la falta de la consolidación de una política de atención ante el olvido del Sistema Nacional de Víctimas, de acuerdo con el informe «De la esperanza a la decepción: Una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas».
La Ley General de Víctimas (LGV) y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) quedaron en el olvido institucional. Ejemplo de ello es que en una década solo se han realizado dos sesiones ordinarias de la SNAV y las quejas sobre el funcionamiento de las instituciones están en aumento, lo que produce afectaciones para las más de 75 mil 543 de personas que conforman el Registro Nacional de Atención a Víctimas (58 mil 523 víctimas por delitos y 7 mil 646 víctimas de violaciones de derechos humanos) y de las cuales 40 mil 594 son mujeres, es decir, el 53.73%.
En 10 años, la CEAV atravesó una serie de transformaciones, por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se mantuvo sin mayor avance hasta que llegó López Obrador, en cuyo sexenio se colocó a una nueva cabeza en la institución como parte de las promesas para hacerla más eficiente. Parte de los cambios fue la eliminación de los fideicomisos públicos que hubiesen permitido materializar políticas públicas.
También desapareció el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el 6 de noviembre del 2020, se suprimió este fideicomiso incluido en la Ley General de Víctimas. Con ello, el mínimo presupuestal anual que se debía otorgar para el SNAV, terminó de restar legitimidad a una instancia que costó esfuerzos monumentales a las víctimas y la sociedad civil.
Mientras esto sucedía, la CEAV se quedó sin titular durante 2021, posteriormente, la Secretaría de Gobernación insistió en reformar la Ley General de Víctimas, mientras que el Senado apuntalaba a que la CEAV tenía problemas de reestructura. Es decir, todo el panorama que se avizoraba era caótico y el paso del tiempo sólo agudizaba el descontento entre los órganos del Estado que mostraban una endeble voluntad política.
