En América Latina y el Caribe, casi la mitad de las personas migrantes eran mujeres y niñas durante 2024. Ese mismo año, en México, la Unidad de Política Migratoria reportó 138 mil 882 eventos de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular, de los cuales 65 mil 948 eran niñas y adolescentes mujeres, lo que representa casi la mitad del total de menores de 18 años de edad (47.5%).
Detrás de este número hay muchas historias de niñas y adolescentes quienes migran por distintas razones y que enfrentan diversos retos en su trayecto y estancia en México.
Además, en lo que va de 2025, el contexto para las niñas y las adolescentes migrantes se complejiza debido a los cambios en las políticas migratorias estadounidenses. Mucha de esta población ha visto truncadas sus metas y posibilidades de cruzar al vecino país. En este sentido, las probabilidades de reunificarse con sus familiares, o de buscar asilo ante casos de violencia de género o por violencias estructurales en sus lugares de origen han perdido viabilidad.
Como consecuencia, hoy podemos observar que los perfiles de niñas, adolescentes y mujeres migrantes son distintos a los que veíamos hace apenas unos años. A los flujos tradicionales, se suman niñas, adolescentes y mujeres desplazadas internas debido a la violencia del crimen organizado y el despojo de tierras. Estos perfiles presentan diferentes necesidades de protección y distintos retos que deben ser atendidos.
Del total de mujeres, 48 mil 924 niñas de entre 0 y 11 años de edad (309 no acompañadas) y 17 mil 024 adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años de edad (1 mil 771 no acompañadas), un 4.25% lo hizo no acompañadas, lo que representa una situación de mayor riesgo. Los riesgos migratorios pueden afectar a personas de todas las edades y perfiles; sin embargo, las niñas y las adolescentes están expuestas a mayores riesgos durante su trayecto y estancia debido a su sexo, edad y condición migratoria.
En particular, las niñas y las adolescentes no acompañadas —especialmente aquellas que viajan con otros niños o que se encuentran embarazadas— tienen necesidades específicas y están expuestas a diversas violaciones a derechos, tanto en sus países de origen como en su tránsito por México.
Entre los principales riesgos se encuentran la discriminación, la violencia de género, la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, a la educación y al empleo, debido a la carencia de documentos migratorios; así como la inseguridad en las rutas migratorias, la escasez de espacios adecuados de acogida y la falta de acceso a programas de cuidado alternativo.
En 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó un estudio exploratorio que reveló que “todas las mujeres en movilidad participantes expresaron haber experimentado algún tipo de violencia, ya sea durante el proceso migratorio o como la razón principal que las llevó a tomar la decisión de abandonar sus países de origen”.
Por su parte el informe “Nuestro derecho a la seguridad: Colocando a las mujeres refugiadas en el centro de la búsqueda de soluciones frente a la violencia de género” (ACNUR) también identificó una serie de factores que aumentan el riesgo de violencia de género contra niñas y adolescentes en movilidad. Entre estos se encuentran la xenofobia, la falta de información sobre derechos y servicios disponibles, el uso de rutas no formales, la ausencia de redes familiares o de apoyo, las diferencias culturales y de idioma, la normalización de la violencia, la hipersexualización y el bajo nivel educativo. Todos estos son desafíos que las niñas y las adolescentes migrantes deben enfrentar.
Los datos más recientes sobre eventos de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular en México indican que, de enero a junio de 2025, el Instituto Nacional de Migración identificó 11 mil 855 eventos de detención migratoria de niñas, niños y adolescentes. De estos, 6 mil 344 correspondieron a niños y 5 mil 511 a niñas (46.5% del total). Es importante hacer hincapié en que el porcentaje de niñas y adolescentes, pues este ha aumentado al pasar del 36.5% en 2018 a 42.9% en 2021, después 46.5% en 2024 y finalmente 46.5% de enero a junio de 2025. Siendo el porcentaje más alto en los últimos 7 años.
Ante este panorama, es necesario el trabajo articulado entre autoridades de protección, la sociedad civil, agencias internacionales, academia, el sector privado y niñas y adolescentes migrantes para superar los retos a los que se enfrentan en su trayecto migratorio. También, es primordial impulsar la participación de niñas y adolescentes en sus procesos migratorios, siempre promoviendo su Interés Superior.
Por lo que, en este Día Universal de la Niñez, 20 de noviembre, recordamos que es necesario que todos los actores involucrados con la atención de niñas y adolescentes migrantes lo hagan desde un enfoque de derechos humanos, género, niñez y migración.
