Ciudad de México.– Familiares de personas desaparecidas denunciaron que autoridades del estado de Veracruz ordenaron retirar y prohibir la colocación de fichas de búsqueda en las zonas turísticas, argumentando que, por tratarse de Pueblos Mágicos regidos por la Federación, la normatividad impide colocar cualquier tipo de publicidad en el primer cuadro de las ciudades.
Es importante precisar que, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo 12 se establece que la ficha de búsqueda debe difundirse de manera masiva por todos los medios disponibles entre las autoridades.
Pese a esta disposición, Rosalía Castro, quien lleva buscando a su hijo por casi 14 años y es integrante del colectivo de familias buscadoras “Solecito Veracruz”, en entrevista con Cimacnoticias denunció que esta prohibición representa una revictimización y un intento del Estado de blanquear estos espacios, al querer ocultar lo que realmente sucede en el país.
Cabe señalar que acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 21 de noviembre de 2025 se registran 133 mil 655 personas desaparecidas en el país. En el estado de Veracruz, la cifra asciende a 7 mil 714 personas.
En adherencia, de acuerdo a la Red Lupa, en la entidad de Veracruz hasta el 16 de mayo de 2025, 615 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niñas, exactamente el 51.87%.
Castro indicó que en municipios como Coatepec y Orizaba, catalogados como Pueblos Mágicos, las madres denunciaron que se les impidió colocar fichas de búsqueda; sin embargo, advirtió que, aunque cada zona tenga sus propios convenios y lineamientos, esto no las exime de enfrentar desapariciones.
“Da coraje, porque muestran muy poca empatía; ojalá nunca tengan que estar en nuestros zapatos. Dicen que son pueblos mágicos, pero de mágicos no tienen nada. Si realmente lo fueran, no habría personas desaparecidas… pero sí las hay.
Asimismo, refirió que estas prohibiciones por parte de las autoridades representan no solo falta de empatía, sino también una omisión de derechos, ya que la colocación de fichas forma parte de las acciones que realizan las familias en la búsqueda en vida, una práctica basada en el principio de que toda búsqueda debe partir de la presunción de que la persona está viva, sin importar el tiempo transcurrido desde su desaparición.
Además, la madre buscadora remarcó que la colocación y difusión de las cédulas de personas desaparecidas incluso debería ser una labor realizada por las propias autoridades, así como garantizarles a las familias el derecho de buscar a sus seres queridos; sin embargo, señaló que ha quedado demostrado que no cumplen con ello.
“Si no les gusta que se peguen las fichas, pues que los encuentren, que los busquen, que hagan su trabajo, porque ese es trabajo de ellos; pero, como no lo hacen, nosotras tenemos que tomar la iniciativa”.
Otras omisiones
Ante esta serie de negligencias, Rosalía Castro advierte que son las mismas familias y colectivos los que deben llevar a cabo las acciones correspondientes de búsqueda, pese a que incluso no cuenten con los recursos necesarios para realizarlas. Como ejemplo, mencionó que, en su colectivo, las madres tuvieron que emprender un negocio para lograr financiar el material necesario para su labor,
Asimismo, aseguró que, sumado a la falta de apoyo económico, también ha tenido que enfrentar amenazas e intimidaciones; sin embargo, refiere que, pese al riesgo que implica ser madre buscadora, no será un freno para seguir buscando a su hijo.
Cabe señalar que, de acuerdo con Amnistía Internacional, el ser buscadora ha sido catalogado como una actividad de “alto riesgo”. Entre febrero de 2011 y mayo de 2025 se registraron 30 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 16 fueron mujeres (once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista) Estos crímenes ocurrieron después de que las víctimas reportaran amenazas, ya sea de forma pública o ante las autoridades, y en varios casos tras el hallazgo de fosas, la identificación de restos o la detención de presuntos responsables.
Entre las afectaciones reportadas por estas mujeres buscadoras se encuentran diversos derechos como la vida (amenazas); a la integridad (secuestros, ataques físicos), a la circulación y residencia (desplazamiento interno); a la igualdad y no discriminación; así como a derechos económicos, sociales y culturales (problemas de salud y empobrecimiento).
“De alto riesgo” la labor de mujeres buscadoras. 16 fueron víctimas de feminicidio: AI
Si bien Rosalía Castro reconoce que ha habido algunos avances en la entidad, abona que es importante sumar mayor personal a las fiscalías ante la demanda que conlleva esta crisis. Asimismo, señaló que se trata de una situación que debe ser atendida también desde la sociedad, a la que invita a mostrar empatía y solidaridad con las familias que buscan.
