Ciudad de México.- La falta de pago de salarios llevó a las trabajadoras del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región de la Montaña, en Tlapa, y del Centro Comunitario Gu’wa Kuma, en Ayutla de los Libres, Guerrero, a mantener un paro laboral, acusaron que esta suspensión de recursos precariza su labor y, al mismo tiempo, deja sin atención especializada a mujeres que acuden a estos espacios en busca de apoyo ante situaciones de violencia.
Estos centros comunitarios pertenecen al Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer (SEMUJER) del gobierno estatal, creados como una herramienta para brindar atención acompañamiento jurídico, psicológico, social, comunitario, cultural y de traducción, así como canalización y protección.
Y los Centros de Justicia, son el resultado de la suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno de la República, las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, para la creación de espacios que concentran bajo un mismo techo servicios multidisciplinarios tales como: atención psicológica, jurídica y médica; albergues temporales; ludoteca y talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.
De acuerdo con información del Gobierno de México, actualmente, existen 73 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en 31 entidades.
Ahora, hay que señalar que este paro laboral en este Centro de Justicia de Guerrero es alarmante porque atiende a mujeres en uno de las zonas del país donde más violencia de género se presenta. De acuerdo con Abel Barrera, director de Tlachinollan, en su columna Montaña de agravios publicada en mayo de este año, señala:
«Les va peor cuando acuden a la fiscalía regional de Tlapa. La indiferencia, el despotismo y el trato discriminatorio truncan su afán de justicia. En lugar de encontrar cobijo, experimentan el desprecio por ser indígenas. La violencia que sufren las niñas es como una moneda de cambio. Le ponen precio al delito y quienes pierden son las víctimas».
Pese a esta situación de violencia que atraviesa a las mujeres guerrerenses se les ha dejado en total desprotección pues, en entrevista con Cimacnoticias, una integrante del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región de la Montaña, quien solicitó anonimato y por motivos editoriales le llamaremos Teresa, expresó que no pueden brindar sus servicios, pues son más de 31 trabajadoras afectadas, a quienes se les adeuda sus pagos correspondientes de septiembre y octubre.
La falta de salarios y el abandono hacia las trabajadoras de la Montaña ocurren en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha en la que el gobierno suele comprometerse a impulsar acciones para proteger a las mujeres. No obstante, Teresa sostiene que esto no se materializa en la realidad, pues estas omisiones reproducen violencia institucional y generan constante revictimización hacia las usuarias de los centros, quienes también resultan gravemente afectadas.
“Tuvimos que dejar de atender a las mujeres que necesitan el servicio, especialmente a quienes requieren apoyo jurídico. Con el paro estamos perdiendo fechas importantes, como audiencias. Esto afecta directamente la defensa de las mujeres, porque sin presentarnos o sin dar seguimiento pueden perder la guarda y custodia o no asegurar los alimentos para sus hijas e hijos”, explicó.
Al consultar a la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado, Violeta Pino Girón, señaló que ha intentado deslindarse de la ausencia de pagos, argumentando que Finanzas no ha realizado los depósitos y que no hay recursos suficientes para cubrir los salarios en tiempo y forma.
Las trabajadoras han enviado múltiples oficios a la gobernadora Evelyn Salgado, a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de Finanzas y al Secretario de Ingresos, pero no han obtenido respuesta alguna. Ante esta falta de atención, infieren que sus quejas han sido desechadas y consideran que han agotado todas las instancias gubernamentales posibles en la entidad.
Asimismo, Teresa también denunció que, además de la ausencia de recursos, las trabajadoras no cuentan con prestaciones; y cuando deben trasladarse a otras zonas de Guerrero por motivos laborales, los gastos corren por su cuenta. Incluso trabajan días inhábiles sin pago adicional, a pesar de que la ley establece lo contrario.
“Nos tenemos que desplazar a distintas regiones de guerrero y lo hacemos de nuestros propios medios, de nuestro medio económico. Entonces, ¿cómo yo me sigo desplazando si ya no tengo?
Pese a que su servicio es indispensable para las mujeres comunidad, es necesario subrayar que no es la primera vez que las trabajadoras atraviesan por esta situación y se ven en la necesidad de cerrar, pues durante el mes de noviembre del 2024, también denunciaron la ausencia de sus salarios, por lo que por dos meses tuvieron que dejar de brindar atención a las víctimas.
Esta constante lucha por sus derechos, ha generado que las trabajadoras sean incómodas para funcionarios que se niegan a brindarles condiciones óptimas para laborar. Como consecuencia, han enfrentado represalias; Teresa señaló que a algunas compañeras ya no les han querido renovar contrato y que han sido estigmatizadas.
“Incluso el mismo sistema las intentan vetar y decir, «No, a ellas no me las contraten.» ¿Por qué? Porque son peleoneras, son las que organizan, son líderes en organizaciones de paro”, denunció.
Ante esta situación, Teresa advirtió que, si persiste el retraso en los pagos y no se les garantiza su salario hasta diciembre, el paro continuará de manera indefinida; además, han considerado solicitar apoyo de organizaciones para lograr mayor difusión de la problemática que atraviesan, pues considera que se debe responder con prontitud y asegurarles el respeto y la dignidad en los servicios que brindan a una comunidad tan “abandonada como lo ha sido la Montaña de Guerrero”.
Cabe señalar que, de acuerdo con el Gobierno de Guerrero para lograr el fortalecimiento de las Alertas por Violencia de Género, así como la creación de módulos de atención especializada a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia se ha hecho una inversión bipartita entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y el Gobierno Estatal, de $6 millones 316 mil 780 millones pesos
Estos espacios de protección son vitales, pues datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalan que desde el 2005 a la fecha se han registrado 129 feminicidios de 9 municipios de la Montaña y debido a la violencia feminicida se ha activado la Alerta de Violencia de Género en Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec, Tlapa y Chilapa.
Las autoridades del estado se han desentendido de las alertas por violencia feminicida (2017) y por agravio comparado (2020). La alerta violeta, que sólo se activa con el 911, es inoperante. Las desapariciones de niñas y mujeres son irrefrenables. Los matrimonios forzados, que se multiplican en las comunidades más pobres de la Montaña, no son un problema que preocupe a los gobernantes, porque no los ven ni los sufren. El mayor interés de los presidentes municipales son sus ganancias y su confort; sin embargo, en los ayuntamientos está la apuesta para prevenir la violencia contra las mujeres e inhibir los matrimonios forzados. Abel Barrera Hernández, Tlachinollan
Montaña de agravios
No olvidemos que en el Presupuesto 2025, Cimacnoticias advirtió el desmantelamiento del Anexo 13 para darle prioridad a estos recursos en destinos diametralmente opuestos por lo que fueron planeados, es decir, los recursos que serían fueron acordados para cerrar las brechas de género, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum Pardo, han desviado el propósito inicial y llevan el recurso al Programa de Adultos Mayores y Beca Rita Cetina y esto deja de lado a los programas que tienen una incidencia directa en la vida de las niñas y mujeres.
