Ciudad de México.- En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alrededor de 55 defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación, así como 6 organizaciones de mujeres fueron violentadas con un total de 211 agresiones, esto de acuerdo a los registros de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, celebrado cada 29 de noviembre, es relevante visibilizar la violencia a la que se enfrentan por su labor.
Esta fecha se estableció durante la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras organizada en Colombo, Sri Lanka en el año de 2005. Desde entonces, se conmemora para rendir homenaje a las mujeres que trabajan en defensa de los derechos humanos, pero reconociendo que en todo momento enfrentan discriminación, violencia de género, acoso o agresiones que pueden escalar incluso hasta su feminicidio.
De este cúmulo de mujeres agredidas, el 67% fueron buscadoras de personas desaparecidas. Cabe recordar que estas mujeres representan una figura incómoda para el gobierno sobre la crisis de desapariciones en México, ya que al corte del 26 de noviembre de 2025 existen 133 mil 623 personas que no han regresado a casa, de las cuales 29 mil 737 son mujeres según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO).
Ante esta realidad, son las hijas, hermanas, madres, tías, abuelas y esposas quienes han asumido las tareas de búsqueda ante la incapacidad del Estado mexicano para evitar, encontrar e investigar a las personas desaparecidas desde el episodio de la Guerra Sucia. A lo largo de estos años, son ellas las que se han encargado de denunciar, buscar y encontrar la verdad de lo que les sucedió a sus familiares desaparecidas y desaparecidos.
Madres buscadoras, las más incómodas para el gobierno mexicano – cimacnoticias.com.mx
No obstante, las mujeres buscadoras no son las únicas defensoras que conforman este grupo, a ellas se suman las abogadas, psicólogas, y acompañantes de víctimas de algún delito o violación a derechos humanos. Siguiendo el monitoreo de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en su informe «Datos que nos duele, redes que nos salvan», el derecho a la verdad, justicia y reparación es la segunda lucha por la cual una defensora es agredida con el 18% solo después del derecho a la tierra, el territorio y bienes naturales con 23%.
«Nos convertirnos en defensoras de derechos humanos con el objetivo de iniciar la incansable búsqueda de nuestras personas desaparecidas; o para demandar justicia y reparación para las personas de nuestra familia u entorno cercano que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio o que están privadas de libertad y sujetas a injustos procesos de criminalización». -IM-Defensoras
De acuerdo con la información proporcionada por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, las principales agresiones contra estas mujeres defensoras fueron limitación, impedimentos y ataques por recabar, obtener, recibir y poseer información sobre derechos humanos (9%); amenazas (9%); hostigamiento (9%); o vigilancia, monitoreo de las prácticas y acecho a la vida cotidiana (8%).
En este periodo, es decir, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, también se documentaron 5 casos de feminicidio (las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García en Oaxaca, Teresa González Murillo y María del Carmen Morales en Jalisco, así como Aida Karina Juárez Jacobo en Zacatecas) y 2 desapariciones (Luz Alejandra Lara Cárdenas en Guanajuato y María de los Ángeles Valenzuela) en su totalidad se dirigieron contra mujeres buscadoras.
En sexenio de Sheinbaum, 5 mujeres defensoras han sido asesinadas – cimacnoticias.com.mx
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México detectó entre los agresores a las autoridades (30%) de las cuales el 28.5% son federales, 43% estatales y 28.5% municipales; policías (24%), personas desconocidas (23%), y el crimen organizado (11%). Asimismo, los estados con mayor incidencia son Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, y Oaxaca.
Defensoras ante la crisis de derechos humanos
En México, existe una crisis de derechos humanos que no ha sido reconocida oficialmente por el gobierno; sin embargo, en 2024 el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) infirió que la situación en el país es insostenible evidenciando una serie de inconsistencias en torno a las decisiones y justificaciones en asuntos de militarización y derechos migrantes presentadas durante la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos (ONU).
El reciente hallazgo en el Rancho Izaguirre —donde se localizaron más de 400 pares de zapatos y diversas pertenencias personales que apuntaron a un episodio de desaparición forzada— volvió a colocar al país en el foco de la atención internacional. Organismos como la ONU han expresado su preocupación ante los derechos humanos y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades mexicanas.
A ello se suma la negativa del gobierno federal a aceptar la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que permitirá al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) determinar si existe una práctica generalizada y sistemática de este delito en el país y llevar el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pese a que, el pasado 21 de octubre, el Comité aprobó la activación, el Estado mexicano no está de acuerdo con la decisión, según expresó el embajador Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU.
Anteriormente, el discurso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descalificó como «intervencionismo extranjero» la participación del Comité en México, lo que revela una postura gubernamental que busca cerrar filas ante el escrutinio externo, más que atender las preocupaciones de las víctimas y sus familias. Este escenario no solo limita la posibilidad de evaluar críticamente la situación del país, sino obstaculiza en acceso a la justicia y a la verdad al desacreditar los esfuerzos internacionales por examinar la crisis de derechos humanos que se vive en México.
«En un contexto de violencia generalizada, políticas de mano dura e impunidad estructural, las defensoras de la verdad, la justicia y la reparación somos atacadas precisamente por el rol protagónico que históricamente hemos desempeñado en la lucha por la justicia. Este camino lo abrieron las compañeras que enfrentaron la Guerra Sucia en México, las guerras civiles en Centroamérica o el genocidio en Guatemala, y cuyo legado sigue siendo indispensable para construir memoria y justicia en nuestros países.» -IM-Defensoras
En estas circunstancias que atraviesa el país, paras IM-Defensoras las defensoras de la verdad, la justicia y la reparación se han erguido como sujetas políticas que cuestionan los pactos de impunidad y las políticas de violencia y despojo en los territorios. Sus demandas no se limitan a la justicia por casos individuales, sino que se trata de una denuncia colectiva para frenar todo un sistema.
