Pues llegamos al 25 de noviembre número 44, después de que el movimiento feminista latinoamericano en 1981 declarara esta fecha como el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y como se ha hecho costumbre, llegamos con la ceremonia presidencial.
Arribamos en México al primer 25 de noviembre con una mujer presidenta de la República, 13 gobernadoras, la primera Secretaría de las Mujeres y un pacto de gobiernos para homologar el tipo penal de abuso sexual, tras la violencia sexual vivida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Anuncios, anuncios y más anuncios gubernamentales de lo que se hará, algunos, como el pacto, sin duda importante, pero sin tocar los pilares que sostienen la desigualdad de las mujeres, motor de la violencia y con llamado a la denuncia sin garantías reales de atención integral, que incluye la no revictimización de las mujeres.
Quise suponer que tendríamos la perla en la ceremonia del martes pasado sobre las acciones que haría el gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres, pero me parece que nos presentaron un plan más cercano a una organización civil que acciones de Estado.
No se valoran las lecciones aprendidas del pasado, el problema no es la denuncia o no de las mujeres, las denuncias están, lo que no hay son instancias que garanticen justicia, reparación integral y no repetición, y esto lo sabemos desde la década de los 90´s que se crearon las primeras instancias de atención. Hoy se tienen más instituciones que siguen sin funcionar.
Se habla de sensibilizar y trabajar con las fiscalías, de acuerdo con la investigación periodística que realizamos en Cimacnoticias, llamada Justicia Patriarcal (https://www.justiciapatriarcal.cimacnoticias.com.mx/analisis.html), se demuestra que de 2013 a 2018 la Suprema Corte de Justicia de la nación capacitó a más de 14 mil personas para juzgar con perspectiva de género sin lograr impactar realmente en las sentencias, se gastaron miles de pesos sin lograr justicia.
Un ejemplo: el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, cuatro años después y 72 audiencias, no logra la justicia que deberían tener.
Desde 2008 existe la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres, años después se le asignó además Trata de Personas, hace tres años reportaba haber atendido 58 casos.
Tras escuchar a la presidenta Sheinbaum y sus invitadas el pasado martes, me pregunto qué cambió en el segundo piso de la transformación en cuanto a la política de igualdad para las mujeres.
Además de tener más mujeres en el escenario público y hablar más de mujeres, sin duda es bueno pero insuficiente.
Como lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, su gobierno es la continuación del gobierno de Andrés Manuel, calificado por las seguidoras de Morena como el más feminista de la historia, quien inauguró las vallas en las manifestaciones feministas, para cuidar monumentos y edificios.
El piso que le dejó Amlo a la presidenta Sheinbaum Pardo, se presentó un 25 de noviembre de 2019 con cuatro ejes prioritarios para erradicar la violencia contra las mujeres:
- Declarar y dar seguimiento a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres. Según la secretaria Citlalli Hernández, en una entrevista que le realicé, están claras que la alerta han sido mal aplicadas y están haciendo un diagnóstico sobre ellas.
- Atender los Centros de Justicia para que tengan los protocolos establecidos para una atención expedita y profesional. Los Centro que hoy están hechos a un lado y que en su lugar se crearon los Centros Libres que dependen de los gobiernos estatales en operación y presupuesto, y no son especializados en justicia.
- El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estaba en Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) , hoy está nombrado en la Secretaría de las Mujeres, pero no sabemos qué hace.
- Y las campañas de difusión, que en esta ocasión será la campaña Nacional.
De estas 4 acciones que presentó AMLO no tenemos ningún balance, no sabemos si sirvieron de algo o no, como tampoco sabemos de dónde parte el gobierno actual, para proponernos un llamado a la “acción transformadora”, como lo enunciaron el pasado martes.
Cómo van a garantizar que ninguna denuncia por violencia sea desechada o desestimada con una Fiscalía General de Justicia “autónoma” y un fiscal general que buscó eliminar el tipo penal del feminicidio porque era “muy complicado demostrarlo”.
No se trata de inventar el hilo negro.
Sería más benéfico y ahorrador hacer efectivas las leyes existentes a raíz de la violencia contra las mujeres: aprovechar la sentencia Mariana Lima que obliga la investigación como posible feminicidio de toda muerte violenta de mujeres o la Ley Monzón que evita que la patria potestad se quede en las familias de los feminicidas, y no proponer una nueva ley; la Ley Olimpia, contra la violencia digital; la Ley Sabina que crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios o La ley Ingrid que prohíbe la divulgación de documentos o material audiovisual relacionado con feminicidio, y la lista podría seguir.
Si realmente de lo que se trata es salvar vidas de las mujeres hagamos que lo que ya existe funcione.
