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Ciudad de México.- La escritora y experta en feminismos, Nuria Varela, fue contundente: “la igualdad de género será resultado de acabar con el patriarcado”, así lo señaló en la conferencia magistral “La Ciudadanía sustantiva de las mujeres: participación política y toma de decisiones en espacios libres de violencia”, que organizó el Instituto Nacional Electoral, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el pasado 21 de noviembre.

Luego de hacer un repaso sobre la historia del feminismo en el mundo, la periodista y profesora, explicó qué es y porqué es importante llegar a la ciudadanía sustantiva.

“La igualdad de resultados es la ciudadanía sustantiva, es la meta, hacia donde queremos llegar las mujeres. La ciudadanía formal no es lo mismo que la ciudadanía sustantiva. La ciudadanía formal solamente nos da derechos en lo legal, implica la pertenencia en esta nación, pero la ciudadanía sustantiva lo que representa es el conjunto de derechos civiles políticos y sociales inherentes a la ciudadanía.

La igualdad formal, es el reconocimiento legal nada más; la prohibición de discriminación es una protección legal; la igualdad de trato es la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta; la igualdad de oportunidades es la ausencia de barreras; la igualdad de resultados es la ciudadanía sustantiva y para llegar a ella hay que acabar con el patriarcado”, enfatizó ante un auditorio lleno.

Las cifras sustentan su afirmación. De acuerdo con ONU Mujeres a nivel mundial, la brecha de género en la representación política sigue siendo un reto, solo el 25.4 por ciento de las parlamentarias a nivel global, son mujeres.

Para Varela, el patriarcado ha convertido la igualdad en retórica, por eso está lejos de ser un principio sustantivo, los feminicidios, las dificultades y las brechas siguen ahí. El éxito del patriarcado es que no lo vemos, el relato masculino habla del sistema, liberal, neoliberal, capitalista, socialista, democrático, república, monarquía, pero no habla del patriarcado y las diferentes violencias que ejerce sobre las mujeres, una de ellas la violencia simbólica, que es otro de los mecanismos que impiden realmente los liderazgos de las mujeres.

Para exponer su idea, la autora retoma la definición del sociólogo francés Pierre Bourdieu, para quien la violencia simbólica es “una violencia amortiguada, insensible, invisible para sus propias víctimas, que se hace ejercer esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y de consentimiento, se impone como neutra”. Y pone un ejemplo: es cuando nos dicen cosas como “pues ya sabes, la familia es la familia y ahí se queda”.

Los instrumentos de la violencia simbólica que observa Varela son la desvalorización de la palabra de las mujeres, los micromachismos, los mitos del amor romántico, el lenguaje sexista, la cultura de la violación, el mito de la belleza, siempre a dieta, subidas en tacones y peleando contra el paso del tiempo. Todos estos estereotipos, propios de una cultura patriarcal, están atacando a las mujeres en el poder y las lastran de una manera determinante, lo cual hace que nuestra democracia sea cada vez más frágil.

“El número de mujeres líderes que dejan sus cargos es tan elevado que se ha convertido en un fenómeno que merece la pena estudiar, en cuanto que plantea una materia de preguntas tanto sobre los motivos, como sobre las consecuencias. Las mujeres ocupan más espacios del liderazgo político que nunca, sin embargo la exclusión sistemática persiste y se manifiesta cotidianamente”, reflexiona.

Al respecto, pregunta al auditorio “¿porqué no está avanzando la agenda feminista, si ya hay más mujeres en cargos de poder? Cuando no había mujeres en política no avanzaba la agenda, se entiende, pero ahora que sí hay, ¿por qué hacen las mismas políticas que los hombres?” Para la ponente, esta es una consecuencia del androcentrismo, el antagonismo hacia las demandas femeninas que parecen particulares y no para toda la sociedad, que se traducen en la falta de apoyo a las políticas públicas de igualdad, la falta de presupuesto, en conclusión: retórica de la igualdad.

Si el relato es masculino, ¿cómo vamos a hacer liderazgos femeninos?

Nuevamente los datos confirman la reflexión de Varela. En México la paridad es un hecho, pero el poder está en otro lado. A la fecha la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas es equitativa, 250 hombres y 250 mujeres; en el Senado de la República son 63 senadoras y 65 senadores, sin embargo iniciativas feministas están congeladas como el Sistema Nacional de Cuidados.

Aún hay grandes retos como aumentar la presencia de mujeres en el ámbito municipal, ya que solo el 22 por ciento de las presidencias municipales en México están encabezadas por mujeres.

En cuanto a la cantidad de mujeres con poder de transformar su realidad a través del voto, vivimos un año excepcional. Las mujeres componen más de la mitad del Padrón Electoral, así como de la Lista Nominal de Electores; de un total de 98 millones de personas en posibilidad de votar, el 52 por ciento son mujeres.

En los próximos procesos electorales federal y locales 2023-2024 se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular y serán las mujeres quienes marquen el rumbo a futuro.

“Lograr que cada vez más mujeres estén en cargos de toma de decisiones, implica constancia, voluntad, respeto, sororidad y decisión de vida para poder resistir los embates que la propia burocracia y el servicio público generan por sí mismos”, señalaba la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala en la presentación de la Revista Ciudadanía Sonora, dedicada al 70 aniversario del voto de la mujer en México.

112 años y contando

Para Varela, a las mujeres nos tomó 112 años llegar a donde estamos, desde que las sufragistas se reunieron e hicieron la declaración de sentimientos conocida como “La declaración de Seneca Falls”, el primer programa político del feminismo redactado y escrito como tal en 1848. Ese fue el punto de partida de la primera reivindicación del derecho al voto y a la participación política de las mujeres como movimiento organizado. “Ciento doce años y ahora las mujeres están abandonando el poder, cuantas más mujeres, menos feministas”.

En este punto parafraseó a la feminista Rita Segato, “ahora comienza la transformación de lo político, nosotras cambiamos lo personal, pero tenemos que cambiar lo político”.

Y es que el feminismo todo lo que toca lo politiza. Si el feminismo trabaja sobre el tiempo, habla de la crisis de cuidado; si habla sobre los salarios, habla de las brechas salariales; si habla de la reproducción, habla de los derechos sexuales y reproductivos.

“Para llegar a una igualdad sustantiva, tenemos que cambiar el marco, hacer un cambio social, tenemos que romper el bucle del cual habla la maestra Marcela Lagarde al hablar del sincretismo de género, ese bucle perverso al que nos enfrentamos las mujeres, donde la desigualdad permite la violencia y la violencia mantiene la desigualdad, donde convergen, a la vez y todos los días de nuestra vida, lo antiguo con lo moderno”.

Breve historia del feminismo

Para Nuria Varela, los pueblos que no tienen historia no tienen legitimidad, en este sentido, el feminismo y las propias mujeres para tener autoridad y legitimidad deben recuperar y reconocer toda su historia.

No empezamos de cero. La escritora española, recordó que Adrienne Rich, en su libro Sobre Mentiras, Secretos y Silencios, reflexiona sobre ‘la facilidad con la que se borran los datos y los nombres de la genealogía feminista, la facilidad con la que cada una de nosotras parece que empezamos de cero, la facilidad con la que parece que nuestra historia no existe’.

Para no borrar la historia de la lucha feminsita, la experta en temas de género hizo un recorrido rápido, útil para cualquiera que inicie en la historia de las mujeres en el poder.

Su historia comienza en 1848 con “La declaración de Séneca Falls”, el primer programa político del feminismo y la primera reivindicación del derecho al voto y a la participación política de las mujeres. Empiezan a surgir los primeros movimientos de mujeres. Esta fue la Primer Ola del feminismo.

Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial llegó el derecho al voto para las mujeres. La mayoría de las naciones desarrolladas y todos los países que habían llevado a cabo procesos de descolonización, legalizaron el voto de las mujeres.

Año en que los países aprobaron el sufragio de las mujeres

Tras el sufragio, parecía que el movimiento de las mujeres había desaparecido, lo que se llama ‘morir de éxito’. Como si el voto fuese el punto de llegada y no el punto de salida. Las sufragistas defendían el derecho al voto y el derecho a la educación, porque pensaban que eran derechos llave, eran los derechos que abrían la puerta para conseguir, esa ciudadanía sustantiva.

A la mitad del siglo XX llega Simone de Beauvoir y el feminismo se rearma intelectualmente y teóricamente. Su libro El segundo sexo (1949) es considerado un clásico en la historia feminista. Hasta aquí termina la Segunda ola.

Luego, en los años sesenta, Betty Friedan escribe “La mística de la feminidad” que habla sobre ‘el problema que no tiene nombre’, de la domesticidad obligatoria, de cómo solo había una manera de ser mujeres, y era obligatoria para todas. Con esta publicación comenzó la Tercera Ola del Feminismo. Es cuando empezó a organizarse un movimiento de mujeres de acción: el feminismo radical.

El feminismo radical nace en 1967 y desaparece en 1975. Se le llama radical porque lo que pretende es ir a la raíz de los problemas. No es radical por extremista, sino es radical por profundo.

¿Quiénes son las feministas radicales? Las primeras mujeres que consiguen entrar a la universidad, es la generación que empieza a desarrollar teóricamente el feminismo radical. De este periodo hay dos obras fundamentales: la Política sexual de Kate Millett y la Dialéctica del sexo de Shulamith Firestone.

El feminismo radical habla abiertamente del patriarcado, desarrolla el concepto de género y el concepto de las políticas de igualdad. Surge la máxima de que en el feminismo lo personal es político.

Con todo el bagaje teórico y conceptual de poco más de la primera mitad del siglo XX, la década del setenta se caracteriza por el feminismo institucional y de reconocimieno de derechos. A pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres se reconoció hasta 1945 con la aprobación de la Carta Fundamental de Naciones Unidas (su documento más emblemático es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer), fue hasta los años 70 cuando Naciones Unidas empezó a implementar todo el desarrollo de las políticas de igualdad a nivel internacional y comenzó a poner en marcha todo el movimiento que nos lleva a las políticas públicas actuales.

En esta década es cuando se desarrollan las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer, que van avanzando en la generación de derechos, como la plena igualdad de sexos, la eliminación de la discriminación por motivos de sexo, la integración y la plena participación de las mujeres en el desarrollo y la necesidad de contribuir cada vez más al fortalecimiento de la paz mundial. En esta época aparece el feminismo institucional, inaugurado con la creación de ONU Mujeres.

Luego se desarrollaron una serie de conferencias que avanzaron más, como la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena (1993), en la cual se reconoce la violencia contra las mujeres y las niñas; la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (1994), que reconoce los derechos reproductivos de las mujeres; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como la Convención de Belem Do Pará (1994), que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

La paridad se consigue por primera vez en el mundo en 1994. También por primera vez, se propone el desarrollo de mecanismos de protección y de defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia; y la Conferencia Mundial sobre la mujer (Beijing, 1995), la hoja de ruta de las políticas de igualdad de los gobiernos de todo el mundo.

Llegados los años ochenta, llega la primera Presidenta electa, en Islandia, aunque ya antes, en 1960, Sirimavo Bandaranaike se convertía en la primera mujer elegida jefa de un gobierno, en Ceilán, hoy Sri Lanka. Un camino largo, desde 1848 hasta 1980, para tener a la primera presidenta.

Entrado el nuevo siglo, llega la Cuarta ola, la cual rompió el silencio y lo hizo de una manera intergeneracional, mujeres mayores como mujeres muy jóvenes se han manifestado y se han atrevido a exigir sus derechos reproductivos, a una vida sin violencia, contra el feminicidio y las diferentes formas de acoso sexual.

En 2015, Arabia Saudita fue el último país en conceder el derecho del voto a sus ciudadanas, 122 años después de hacerlo Nueva Zelanda que fue el primero.

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Ciudad de México.- Para Joan Tronto, una de las pioneras en la construcción de las éticas del cuidado y profesora emérita de Ciencias Políticas de las universidades de la Ciudad de Nueva York y de Minnesota, como sociedad hemos perdido de vista cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas, eso conlleva a tener sociedades profundamente injustas e indiferentes, descuidadas o mal cuidadas, que son perjudiciales colectivamente, pero más para las mujeres, para los individuos con menores ingresos y los grupos vulnerables, los cuales tienen que ver con ‘cuidar’ la economía y la riqueza antes que a las personas, los ecosistemas o la salud mental.

“Lo que llamamos injusticia está en realidad relacionado con malos cuidados. No solemos pensarlo así, pero eso es realmente lo que está pasando: la injusticia es no cuidar bien. Por ejemplo, el Estado que no invierte en sistemas de salud, educación o fuentes de empleo, no está cuidando de cierto sector de la población, eso desencadena problemas, que impactan en la sociedad , a eso me refiero con que la injusticia se origina en los malos cuidados”, Joan Tronto.

Tronto estuvo de visita en nuestro país invitada para impartir la conferencia magistral “Escapar del mal cuidado, escapar de la injusticia”, en el marco de la conmemoración -por primera vez- del  «Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo» (29 de octubre), por el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) y el Seminario de Cuidados para la Vida y el Bien Común de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En esta ponencia la investigadora destacó las tres áreas del mal cuidado en las democracias que sustentan su tesis de la ética de los cuidado:

  1. La riqueza. Nos hemos convertido en trabajadores/consumidores, donde solo trabajamos para acumular, no para cuidar ni nuestra salud, ni nuestra mente, ni a nuestra familia, la riqueza es un sistema sin límites donde solo importa tener cada vez más.
  2. La familia heteropatriarcal. En este modelo familiar las injusticias se acumulan a lo largo de las generaciones
  3. La asistencia social. El ‘chantaje de ofrecer protección’, en el modelo de ‘protector y protegido’, el Estado degrada a los miembros de una democracia a seres dependientes, infantilizantes y a las instituciones a máquinas de irresponsabilidad, donde recortan presupuestos en nombre de la eficiencia.

Para la autora de Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethics of Core y de Riesgo o cuidado, el cuidado es intrínseco en la vida humana, es una acción no un sentimiento ni una disposición. Lo que se modifica respecto del cuidado es el modo en el que está presente en la vida humana. En este sentido, los cuidado son y deben ser ejercidos por toda la sociedad, debemos dirigirnos a una “sociedad de cuidado”, basada en la ética.

“Una sociedad democrática de cuidados es aquella donde el cuidado es relacional, es decir, las responsabilidades de cuidados se reparten como colectivo, no deben ser impositivas ni abstractas; el cuidado es contextual, cada sociedad y cultura está conformada con constructos sociales variados, entonces el trabajo de cuidados será diferente, no puede pensarse en un cuidado absoluto para todas las sociedades; y por último, el cuidado democrático y no exclusivo, el cuidado debe ser ejercido en mayor o menor medida por todos los elementos de la sociedad (los civiles, el Estado, las instituciones, etc), no solo por un sector como normalmente se hace: se delega a las mujeres y niñas”. 

Una sociedad democrática basada en los cuidados, va directamente en contra del capitalismo, que promueve la individualidad y el ‘cuidarse solos’, en la democracia planteada por la autora, implica cuidar a los otros, incluso implica que las políticas públicas incorporen a las cuidadoras, a las personas que cuidan, como parte de la población objetivo en programas específicos de apoyo y valoración de su tiempo y trabajo. Los mecanismos de Estado para el avance de las mujeres deben ser parte de la institucionalidad de los sistemas de cuidado.

Además, para la investigadora involucrarse en los cuidados y valorarlos, dan sentido a la vida: los procesos del cuidado son complejos; requieren preocuparse, hacerse cargo , suministrar cuidados y recibir cuidados. Exigen también el refinamiento de varias cualidades morales, incluyendo la atención, una reflexión profunda sobre la responsabilidad, la competencia en el cuidado brindado y la respuesta indicada que ha de ofrecerse tanto a quienes reciben como al proceso efectivo del propio cuidado.»

Sistema Nacional de Cuidados en México

En México, desde 2020, el Senado tiene pendiente legislar sobre la creación del Sistema Nacional de Cuidados y una serie reformas constitucionales de los artículos 4 y 73 que buscan reconocer el trabajo de cuidados no remunerado a través de la creación del derecho humano al cuidado digno. Sin embargo, luego de tres años, la iniciativa seguirá muerta hasta la siguiente legislatura a finales del 2024.

“No hay voluntad política y financiera. Hace poco el secretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda dijo que en la próxima administración va a tener que hacerse el Sistema Nacional de Cuidados”, comentó la senadora Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano), en entrevista con Cimac Radio.

Para la legisladora,  el tema de los cuidados ya no es un tema familiar, es un tema de Estado, por ello es necesario transitar de lo privado a lo público.

“El cuidado no es un negocio, es para mejorar la calidad de vida de la población, que es responsabilidad del Estado. Empezamos el proceso electoral con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), empezamos con el pie derecho, entonces hay que ponerlo en la agenda y planteárselo a todas las candidaturas en todos los niveles”, concluyó.

El tema de cuidados en las candidatas

En el marco de las próximas elecciones 2024, varias candidatas mujeres, empezando por las aspirantes a la presidencia del país, Claudia Sheinbaum Pardo (Morena, PVEM y PT) y Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI,PAN,PRD), además de Clara Brugada Molina, por la Ciudad de México (Morena, PVEM y PT), entre otras, han mencionado como una de sus políticas públicas el tema de cuidados, y han manifestado su interés por mejorar las condiciones de millones de mujeres, niñas y adolescentes, a quienes históricamente les han sido asignados estos deberes, pero que no dejan de profundizar las desigualdades en sociedades patriarcales.

Apoyada por el grupo “Por Ellas Por Todas”, conformado por mujeres políticas, académicas, empresarias y activistas, Claudia Sheinbaum ha señalado como una de sus propuestas fundamentales toda una agenda enfocada en derechos de las mujeres que incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que garantice servicios como las guarderías infantiles y las escuelas de tiempo completo, estancias para adultos mayores y escuelas para niños con discapacidad.

Xóchitl Gálvez, también ha mencionado la creación de un SNC que permita que las mujeres no tengan toda la carga de trabajo en la casa con la apertura de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyo a las madres que tienen hijos con discapacidad, así como cuidado de adultos mayores. La candidata presidencial de la oposición, estando en precampaña, visitó Tijuana y ahí señaló: “vine a Ciudad Juárez para hacer un compromiso con las mujeres: el de “poner fin a la violencia hacia ellas”.

Mientras que, Clara Brugada postuló que la Ciudad de México será “vanguardia del sistema de cuidados que libere tiempo a favor de las mujeres. Vamos a construir una ciudad feminista, vamos a hacer de esta ciudad la mejor ciudad del bienestar con un sistema público de cuidados”, expuso en un encuentro con colectivas feministas.

La atención a este tema es fundamental, ya que a la fecha, en México 19.5 millones de mujeres, entre madres, hijas y abuelas, son quienes realizan las tareas de cuidados de la familia, labores no remuneradas a las cuales invierten casi lo que una jornada laboral de 40 horas semanales. De acuerdo con datos de la primer Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a la semana las mujeres invierten 38.9 horas a tareas de cuidado, contra las 30.6 horas que invierten los hombres.

Esta situación se agrava al analizar que la mayoría de las mujeres que actualmente son cuidadoras, están en edades altamente productivas y reproductivas, el grueso de las cuidadoras está entre 20 y 39 años, seguidas de adolescentes de entre 13 y 15 años. Lo anterior provoca que las mujeres se vean limitadas en el pleno ejercicio de sus derechos, como a la educación, al trabajo remunerado, a la independencia económica, entre otros. Romper con estas estructuras patriarcales y machistas que tienden a feminizar y naturalizar el trabajo de cuidados a mujeres y niñas, es complejo, pero no imposible.

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Ciudad de México.- Este año se han batido múltiples récords de temperatura, la sequía se profundiza, la disponibilidad del agua dulce escasea, la tierra está erosionada, la biodiversidad se pierde, los recursos se agotan; bajo este escenario, los daños son más profundos en las mujeres advierten organismos internacionales.

Por ejemplo, varios análisis de instancias internacionales dan cuenta de los impactos del cambio climático diferenciados entre mujeres y hombres. En un análisis la Organización Mundial de la Salud, realizado en 141 países, detectó que en promedio, los desastres naturales matan más a mujeres que a hombres o matan a las mujeres a una edad más temprana que a los hombres, esto debido a que las mujeres viven condiciones de mayor vulnerabilidad por sus roles y responsabilidades socialmente construidos.

ONU Mujeres indica que la desigualdad de género, sumada a la crisis climática, es uno de los grandes desafíos de nuestra época y tiene razón, en sus análisis señala que para el 2025 casi dos tercios de la población mundial estará en crisis hídrica y en ella, las mujeres serán las más afectadas debido a que generalmente asumen las responsabilidades de limpieza, acarreo y preparación de alimentos, para acceder al agua cada vez tendrán que recorrer una mayor distancia, además al ser las responsables de la familia, se reducen sus posibilidades de ponerse a salvo a tiempo.

Esto coincide con los datos de la primera Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic), sobre la cantidad de horas que pasan las mujeres mexicanas en actividades de cuidado de la familia: entre mujeres y hombres existe una brecha de hasta 12 horas semanales invertidas en asuntos de cuidados del hogar; las mujeres invierten cada semana 37.9 horas y los hombres 25.6 horas. En México hay más 19 millones de mujeres dedicadas a las labores de cuidados en el país.

En el 2018, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, publicó el Diagnóstico para conocer los impactos del cambio climático en mujeres y hombres de la Ciudad de México, coordinado por la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, (CRIM-UNAM). Pese a ser un estudio local, los resultados coinciden con otros de corte internacional.  

El documento muestra en cuanto al género, que las percepciones sobre el cambio climático también son muy diferentes. Los hombres demostraron tener una visión más orientada a una lógica de argumentación política, vinculada a discursos basados en evidencia “científica” o “objetiva” y vincularon los efectos climáticos con el deshielo de los glaciares y a la elevación de la temperatura global; en contraste, las mujeres mostraron una visión más práctica, de vida cotidiana. Ellas hicieron más énfasis en sus experiencias personales y cómo les afecta el cambio climático en el día a día, tanto a ellas como a sus familiares.

Donde está el dinero, está la prioridad

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), sobre la Brecha de Adaptación 2023, Financiación y preparación deficientes: La falta de inversiones y planificación en materia de adaptación climática, publicado hace unos días, indica que existe un consenso mundial acerca de que el cambio climático exacerbará la desigualdad en numerosas dimensiones sociales como el género, la etnicidad, la condición de migrante, la discapacidad, la edad, entre otros.

Al analizar los presupuestos de los países que se han comprometido a reducir sus emisiones contaminantes, el informe del PNUMA encontró que solo un 20 por ciento de los planes climáticos mundiales cuentan con un presupuesto específico para actividades de igualdad de género e inclusión social y la cantidad asignada suele ser baja, con un promedio del 2  por ciento. Ello a pesar de que en las actividades de adaptación que tienen en cuenta el género y otras identidades sociales, como a la población indígena, se asocian a una mayor eficacia en la consecución de los objetivos.

Por ejemplo, el informe señala que por cada mil millones de dólares invertidos en medidas de adaptación para hacer frente a las inundaciones costeras (caso Otis y otros estados del sur de México), se lograría una reducción de daños económicos por valor de 14 mil millones; mientras que una inversión de 16 mil millones al año en el sector agrícola evitaría que aproximadamente 78 millones de personas padecieran hambre crónica o inanición a causa de los efectos del cambio climático.

La lentitud y la insuficiencia de las medidas de mitigación y adaptación en todo el mundo generan cada vez más límites a la adaptación, es decir, en la última década el mundo perdió la oportunidad de ser preventivo, porque privilegió ser reactivo ante los efectos del cambio climático, el mundo se ha limitado a responder a los daños ocasionados por el cambio climático, tal como sucedió con el huracán Otis en Guerrero, México; los incendios forestales en California, Estados Unidos; los deshielos en Groenlandia o los golpes de calor en toda Europa.

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Ciudad de México.- María Vargas Hernández, informó que enfrenta una acusación por despojo interpuesta por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ella es señalada como administradora del Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía, un espacio autogestivo dedicado a promover la cultura ambiental instalado desde hace 10 años, un terreno abandonado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, acusaciones que rechaza y refuta por «no tener sustento».

“Desde que me notificaron, hace un mes, he vivido en la incertidumbre, la angustia, el cansancio de llevar este proceso, no solo yo, también mi familia y las personas cercanas al Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía: las madres de familia, los niños que participan en este proyecto. He tenido que poner en pausa mis proyectos personales para dirigirme hacia una defensa que considero no tendría que estar haciendo. Sin embargo, hemos generado mecanismos de afrontamiento y uno de esos ha sido la solidaridad”, relata María Vargas, pasante de la UNAM de la especialidad de Trabajo Social en modelos de intervención con Jóvenes y Psicóloga social por la Universidad Autónoma Métropolitana (UAM).

En la denuncia se la señala de ser presunta dueña, administradora o representante legal del Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía, acusación que rechaza rotundamente, incluso afirma que «no lo ha sido nunca».

El caso no presenta características de despojo, como violencia, desalojos o engaños; se le notificó vía electrónica al correo del centro agroecológico -donde dejó de trabajar desde abril de este año-, y no a su cuenta personal y se le impidió consultar la carpeta de investigación, negando con esto la libertad para preparar su defensa.

Sus abogados han señalado que el proceso ha sido «extraño» máxime porque este tipo de delitos prescriben al año, misma opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entidad en la cual ya ingresó una queja por violación a sus derechos humanos. Personal de la CNDH, le comentó que la forma legal que tomaron las autoridades de la máxima casa de estudios es inexplicable, ya que por lo regular en casos así, primero se inicia un proceso de conciliación; sin embargo, la universidad optó por la vía penal, por ello analizarán si la medida penal fue desmedida.

Sin aviso, ni contacto previo por parte de representantes de la UNAM, el 2 de octubre María recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), era una demanda por despojo, con cita para la primera audiencia ayer 7 de noviembre, momento hasta el cual pudo conocer su carpeta de investigación.

En la misma, se enteró que su nombre se vinculó a dicho proceso por una investigación realizada por la FGR en las redes sociales del centro ecológico, donde aparecían publicaciones y comentarios de María. A pesar de tener más de seis meses de no trabajar ahí, la fiscalía, a partir de presunciones, le imputó el delito.

De manera preventiva, ya se incorporó al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, acreditando que su situación jurídica está vinculada a su labor como defensora de derechos ambientales, culturales y derechos de niñas, niños y adolescentes.

A la fecha, María no entiende de dónde nace la demanda que le impuso la máxima casa de estudios, ni porqué las autoridades universitarias querrían eliminar un espacio que desde hace 10 años ha brindado actividades socioambientales y culturales con probados beneficios sociales, ambientales y educativos en una zona vulnerable.

«Desconozco la razón, puede ser por la recuperación del espacio o la regulación del tipo de actividades que ahí se hacen, que todas son sin fines de lucro, es un espacio comunitario de educación ambiental. Incluso, la Fiscalía tiene duda si el centro forma parte de un proyecto estudiantil, porque en la carpeta de investigación todo indica que así es», comentó en entrevista con Cimacnoticias.

Recuerda que fue el 30 de enero, cuando diversas autoridades de la alcaldía Coyoacán, del Gobierno de la Ciudad de México y de Protección Civil, realizaron una visita a la zona de perimetral del centro agroecológico, ingresaron al centro y no hubo mayor problema.

A la cita no asistió nadie de la UNAM, pese a haber indicado su participación. Al final de dicha reunión, se levantó una minuta donde las únicas observaciones fueron en materia de protección civil, porque se tiene una cocina vernácula (fogón) y mantener abierta la interlocución. Luego no sucedió nada más, hasta el 2 de octubre, cuando llegó la demanda.

Los hechos

María Vargas Hernández trabajó del 2020 a abril del 2023 en el Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía, un espacio autogestivo dedicado a promover la cultura ambiental instalado, desde hace 10 años, en un terreno abandonado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad, el terreno es propiedad de la UNAM.

María y otros integrantes del centro agroecológico colaboran ahí desarrollando talleres de agricultura urbana, educación ambiental, recreación del patrimonio biocultural y estrategias lúdico-didácticas para la población local, que son vecinos de la colonia Santo Domingo, la comunidad universitaria e hijas e hijos de los comerciantes de la zona. Lo que antes era un espacio abandonado, residual e inseguro, con los años se transformó en un espacio para la cultura y la educación ambiental.

La acusación contra María es equivocada, ella no ostenta ninguno de los cargos que se le imputan (dueña, administradora o representante legal), de hecho, para cuando llegó la notificación, ya ni siquiera trabajaba en ese centro. Al ser un espacio autogestivo, no está legalmente constituido, ni tiene dueño, ni representantes, es colectivo, comunitario.

¿Por qué se criminaliza la apropiación del territorio para fines del bien común?

El Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía tiene 10 años funcionando como un proyecto autogestivo con impacto socioambiental comprobable entre la comunidad local, flotante y universitaria.

En el último año han realizado más de 25 actividades con la participación de al menos 350 personas, con rangos edades de 2 hasta los 79 años. Se han vinculado con autoridades locales, como la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), con vecinos de la zona de Los Pedregales de Santo Domingo, con estudiantes y profesores de Ciudad Universitaria, con trabajadores de la zona y con organizaciones vecinales y huertos comunitarios de la Ciudad de México, así como con agricultores de la zona chinampera de Tláhuac.

Al ser un espacio agroecológico, el centro ha desarrollado toda una estrategia de educación ambiental que incluye el cultivo de alimentos y el aprovechamiento de los residuos orgánicos que se generan en el paradero de autobuses (de los puestos de jugos y de frutas), de forma que todo ello sirva como una escuela activa de aprendizaje ambiental y del ciclo de la vida.

Sin embargo, a raíz de esta demanda la población cercana al centro ha sido afectada psicosocial y emocionalmente.

“Se está generando cierta estigmatización con impactos negativos en ciertas personas que antes se vinculaban con el centro y que ahora tienen temor por la criminalización que se está haciendo, además del miedo que genera en las personas participar en el proyecto”, observó la psicóloga.  

Por el momento, la primera comparecencia de María Vargas sirvió para que conociera su carpeta de investigación. La siguiente audiencia será el 22 noviembre, al otro lado de la ciudad, en un juzgado cercano al Reclusorio Norte. El proceso jurídico se extenderá, con su consecuente desgaste económico, emocional, físico y organizativo; por ello, mientras su abogado prepara la estrategia jurídica, ella, junto con los integrantes del centro agroecológico y conocidos, se dedicarán a buscar los fondos necesarios para llevar su proceso En adelante lo que pide la defensa es que se garantice el debido proceso, así como una investigación pronta e imparcial respetando los derechos humanos de la imputada.

¿Quién es María Vargas Hernández?

María es defensora de derechos ambientales, culturales y educativos, maestra comunitaria, universitaria de posgrado y activista en favor del bien común. Desde el 2006 se dedica a la gestión cultural independiente y al desarrollo de proyectos comunitarios que fortalezcan el tejido social.

Llegó al Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía a raíz de la pandemia, pero desde abril de este año lo dejó para dedicarse a sus proyectos personales que también son comunitarios, como un proyecto audiovisual acerca de las tradiciones de su comunidad, La Fama Montañesa, pueblo originario ubicado en la alcaldía Tlalpan, video que se presentará en un foro de la UNAM en Michoacán.

Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de México (UAM) con posgrado en políticas culturales de base comunitaria en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con especialidad en trabajo Social por la UNAM, egresada de la maestría en Recreación Comunal de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) y estudiante de la maestría en Ciencias Antropológicas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Para apoyar su defensa, está recabando firmas en la siguiente liga: https://docs.google.com/…/1dUWXWv-kRwKMoAlP4Bgb7…/edit

EGC/LOA

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Ciudad de México.- De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, de cada 100 delitos cometidos, 14 se resuelven y solo se denuncian 6, es decir, que de un delito que pudiera darse, la probabilidad de que se resuelva es de un  0.9 por ciento, una probabilidad nula, casi inexistente, de que se resuelva.

Más de 20 organizaciones sociales, colectivos, grupos de víctimas, activistas y academia, presentaron hoy, 17 de octubre, el colectivo #LaJusticiaQueQueremos, con la finalidad de transformar el sistema de justicia en México, en particular el desempeño de las fiscalías, tanto la federal como las locales, en aspectos tan básicos como sus capacidades (de investigación, presupuestales, persecución penal, transparencia, entre otras), la independencia de sus titulares, actos de corrupción, impunidad de fuerzas armadas ante violaciones de derechos humanos y el análisis de iniciativas de reformas que pueden implicar retrocesos e la procuración de justicia.

“En los últimos años ha habido un retroceso en la fiscalía general respecto a la ley orgánica y un cierre de los espacios de interlocución con el fiscal general;  no sabemos donde está, ni de lo que se está ocupando. A eso se suma la falta de transparencia y rendición de cuentas en las fiscalías locales, ya que no es fácil obtener información y la falta de autonomía, seguimos viendo que las fiscalías son utilizadas como un espacio más de poder político para callar a las personas que les son incómodas y para proteger a las personas que quieren proteger”, señaló  durante la presentación, Ana Lorena Delgadillo Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho (FJEDD).

Otro de los objetivos importantes de este colectivo es que “la justicia tenga un piso parejo para todas las personas, ya que ésta no debe tener dos caras. De pronto, las fiscalías son el cuello de botella para poder acceder a una justicia pronta, para acceder a un juez o a una reparación integral”, comentó Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Mexicana (CMDPDH).

Con el deseo de que la impunidad deje de ser costumbre en el país y bajo el lema “La justicia que tenemos no es la justicia que queremos”, las y los integrantes del colectivo señalan que el país está en un nivel de impunidad generalizada que supera el 90 por ciento y también supera el 90 por ciento de la cifra negra de gente que no quiere acercarse a las fiscalías.

“No es una opción para las víctimas acercarse a las fiscalías denunciar, si lo pueden evitar, prefieren hacerlo porque saben que de hacerlo serán víctimizadas”, comentó Delgadillo.

Situación confirmada por Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quien comentó que el pasado 7 de octubre se realizó la Séptima Reunión de la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, en San Luis Potosí. En dicho evento, las familias de personas desaparecidas señalaron las tres principales preocupaciones que tienen ante las fiscalías y que son: la revictimización, la impunidad que es prácticamente absoluta y la falta de independencia de los poderes fácticos. Además, acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no atrae casos locales, mientras que los fiscales locales inventan pruebas, como en el caso de Guanajuato, donde incluso las autoridades llegan a catalogar los homicidios dolosos como suicidios.

Los participantes de este movimiento de occidente, que aglutina a 18 entidades federativas (Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, SLP, Querétaro y Nayarit, entre otras) coincidieron en que, en todos los casos, los fiscales locales se niegan a cumplir sentencias del poder judicial que obligan a reabrir los casos e investigarlos.  

Para Grace Hernández, del Colectivo Búscame, quien lleva casi 15 años buscando a su hermano, la incapacidad de las fiscalías para la investigar los delitos se ve reflejada en la baja judicialización “la FGR tiene poco más de 1,800 carpetas en la fiscalía especializada en la desaparición de personas y de esas, únicamente tienen ocho judicializaciones. Además, de los más de 110 mil desaparecidos, solo hay 36 sentencias”, denunció la activista.

“Otro fenómeno que vemos es que las autoridades dejan la responsabilidad de hacer investigación y búsqueda a las víctimas ‘Si usted no me trae información, ¿qué quiere que yo trabaje?’, nos dicen. Y lo hemos hecho, pero aún así no hay investigación. Eso es parte de lo que necesitamos ayudar a transformar”, concluyó.

En este sentido, para Ana Lorena Delgadillo “las fiscalías deberían ocuparse de lo que más nos está doliendo en el país que son la criminalidad, las despariciones, los homicidios, la corrupción, de esto no hemos visto ningun resultado”.

Para Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, a pesar de los esfuerzos de crear fiscalías especializadas de dotarlas de herramientas legales y técnicas para mejorar sus investigaciones, lo que se ha visto es que han ejercido facultades de atracción de manera discrecional con un criterio puramente político y también en algunos casos donde se trastocan ciertos intereses, los avances no son los que se esperan.

Un largo camino  para encontrar justicia

El colectivo #LaJusticiaQueQueremos, deriva de varias acciones del pasado y de la experiencia de cada organización participante. Una experiencia previa fue la iniciativa Fiscalía que Sirva, que después, durante la pandemia se transformó en el Colectivo contra la Infodemia. Ahora, reagrupados para promover la justicia en el país, trabajarán en lo inmediato en cuatro puntos:

  1. Identificar y visibilizar las causas que impiden el acceso a la justicia plena en México
  2. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de que las autoridades respeten y garanticen la autonomía de las fiscalías y la independencia judicial y promover el acercamiento y conocimiento de estos dos pilares de la cemocracia y del Estado de Derecho.
  3. Promover el equilibrio de poderes para salvaguardar la independencia judicual y la autonomía de las fiscalías
  4. Fortalecer las capacidades de las instituciones de procuración y administración de justicia, para prevenir violaciones a derechos humanos.

En total son 27 organizaciones nacionales, tres internacionales y varios colectivos y personas activistas en derechos humanos quienes integran el colectivo. Organizaciones: Fundación para la Justicia (FJEDD); México Evalúa; México Unido contra la Delincuencia; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Mexicana; Observatorio de Designaciones Públicas; Artículo 19; Colectivo Búscame – Buscando Desaparecidos México; Magistrada Ya; Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Sin Fronteras IAP; Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Impunidad Cero; Mexico A.C.; BORDE; Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM); Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA). Colectivo de buscadoras : Justicia Pro Persona A.C.; Colectivo de Buscadoras de Guanajuato; Colectivo Justicia y Esperanza; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; Justicia Transicional en México (JTMX); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara); Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). Así como tres organizaciones internacionales: Fundación para el Debido Proceso; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Cyrus R. Vance Center for International Justice.

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Ciudad de México.- Todo lo que desees buscar en internet, lo encuentras; siempre y cuando no se trate de temas de mujeres, como biografías de activistas, movimientos, feminismos o liderazgos y para contrarrestar la falta de información en el principal sitio de referencia en internet, mañana se realizará una Editatona con motivo del 70 aniversario del voto femenino en México que, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), busca visibilizar a las mujeres que participaron en el movimiento sufragista en México, así como en otros momentos históricos que abrieron el camino a la paridad de género en la política nacional.

“En la Wikipedia no existen datos del sufragio femenino en México, entonces mañana, en un maratón de edición de contenidos los vamos a trabajar. También tenemos un listado de artículos de activistas y luchadoras sufragistas mexicanas que se van a editar, como Hermelina Tiburcio, Elvia Carrillo Puerto, Refugio García, Adelina Zendejas, Griselda Álvarez, Aurora Jiménez Palacios, ente otras, de quienes vamos a crear sus biografías”, comentó en entrevista para Cimacnoticias, la geógrafa por la UNAM.

Una Editatona es una jornada donde mujeres se reúnen para editar y ‘wikificar’ información sobre temas específicos. Durante más de cinco horas, las participantes dan estructura y formato a la información en la gran enciclopedia libre en español, ya sea que integren nuevos datos, los actualicen o incluyan referencias bibliográficas o de sitios verificados, siempre integrando una perspectiva de género en los artículos que la conforman.

“El 90 por ciento de quienes escriben y editan Wikipedia son hombres blancos del norte global, entre 30 y 45 años de edad, entonces por supuesto que se replican actitudes machistas, misóginas y sexistas”, comentó Isamar Cerón Pacheco, oficial del Programa de Género de Wikimedia México A.C.

Primera Editatona «Feminismos», en el Instituto Simone de Beauvoir, Ciudad de México. Licencia Wotancito l CC BY-SA 4.0

“Es necesario que las mujeres ocupemos el territorio, en este caso el espacio digital,  que no sólo consumamos contenido, sino que colaboremos para construirlo, porque tenemos mucho que aportar al conocimiento, incluídas nuevas formas de repensar el mundo y nuestra existencia en él”, puntualizó.

Desigualdad informativa

En 2011 la Fundación Wikimedia realizó una investigación para saber qué porcentaje de las personas que editaban Wikipedia eran mujeres. Los resultados fueron alarmantes: de 10 personas que editaban, solo una era mujer.

Si bien, esta investigación fue para la enciclopedia en español, los datos no distaban mucho de las otras wikis. En las 333 wikipedias existentes en diferentes idiomas, se registraron serias brechas de género y en algunos artículos, la representación de las mujeres está sesgada con una redacción machista: ‘la hija de’, ‘la mamá de’, ‘la esposa de’, o con una visión sexista, como el estado civil, las medidas o estatura.

Para contrarrestar esta desigualdad informativa y de contenidos, en 2015 nació el proyecto Editatona, una iniciativa de Wikimedia México, organización que también promueve iniciativas educativas como la seguridad digital y tecnologías colaborativas.

“Estas jornadas sí han funcionado para dar visibilidad a las mujeres. En 2014, del 100  por ciento de biografías que existían en la wikipedia en español, sólo el 12 por ciento eran biografías de mujeres, principalmente de científicas icónicas como Marie Curie, artistas, modelos y artistas porno; no existían biografías de activistas, políticas, defensoras de derechos humanos o simplemente de otras disciplinas, situación que para 2021 cambió, con el registro de 22 por ciento de este tipo de información, sigue siendo una cifra baja, pero sí se ha registrado un crecimiento importante en la visibilidad de las mujeres”, compartió Cerón.

Información digital en otras lenguas

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2021 ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que a nivel individual son 88.6 millones de personas en México, que usan internet, mientras que a nivel hogares, son 24.3 millones, es decir, 66.4 por ciento de los hogares cuentan con acceso a internet; de éstos, la cifra de hogares conectados en áreas rurales frente a las zonas urbanas es muy amplia:  56.5 contra el 81.6 por ciento, respectivamente.

Llevar información digital a todo el país es un reto. Las mujeres indígenas enfrentan condiciones de exclusión y obstaculización al ejercicio pleno de sus derechos, tanto por ser integrantes de pueblos subordinados y culturalmente diferenciados, así como por su condición de pobreza y marginación. Aunado a todos estos obstáculos, se suma la falta de información en sus propias lenguas, por ello, se agradece que gracias al trabajo colaborativo liderado por Wikimedia México ya exista la Wikipedia náhualt, con más de siete mil artículos y esté en proceso la Wikipedia maya.  Además, el año pasado crearon la Escuela de Mujeres Wikipedistas, en colaboración con el Laboratorio Cultural Ciudadano en Nuevo León y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias. A la fecha, la segunda generación ya cuenta con más de 50 personas inscritas, tanto en Monterrey, como en Sonora.

El proyecto Editatona ha ganado la Medalla Omecíhuatl, entregada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y el Premio FRIDA, otorgado por la organización Seed Alliance. Y ha sido referente en otros países como Ecuador, Costa Rica y Perú.

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“Invertir en nuestro planeta” fue el lema del Día Mundial de la Madre Tierra este 2023, que, como cada 22 de abril, desde 2009, nos invita a la reflexión acerca de los problemas que afectan al medio ambiente y a crear conciencia para hacer frente al cambio climático. Esta reflexión debe estar encaminada, también, a los efectos que tiene la crisis climática en la movilidad humana. Reconocer que los desplazamientos pueden tener una causa medioambiental es parte de reconocer la crisis climática como un tema que requiere de una atención urgente, coordinada, internacional e interinstitucional.

Si bien es cierto que el fenómeno migratorio obedece a una multiplicidad de causas, el cambio climático es una de ellas y tiene influencia en una variedad de impulsores económicos, sociales, políticos y demográficos que, a su vez, afectan la movilidad.

Una respuesta a la falta de interés y voluntad de algunos Estados para reconocer la crisis climática como un problema apremiante, es que los efectos e impactos medioambientales se viven de manera desigual. La vulnerabilidad ante el cambio climático obedece esencialmente a tres factores: el grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación que las personas tengan.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Los países catalogados como “en desarrollo” son quienes se ven particularmente afectados, ya que, aunque no tengan un grado de exposición alto a fenómenos climáticos, un solo evento ambiental extremo podría ser devastador sino se cuenta con la capacidad para hacerle frente.

Un ejemplo es Honduras, un país centroamericano en el que las mujeres representan el 51.7% de su población y que además tiene un alto porcentaje que vive en situación de pobreza y desigualdad. En 2020, Honduras no sólo enfrentó una crisis sanitaria, también una de carácter ambiental pues en noviembre, Eta e Iota, 2 huracanes de categoría 4 azotaron al país agravando las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia de COVID-19.

Ambos huracanes afectaron el sector agropecuario nacional dañando cultivos, fincas, suelo de siembra y pérdida de ganado. El sector agrario representa casi la mitad de la población hondureña económicamente ocupada, lo que implicó una pérdida patrimonial para muchas familias.

De acuerdo con ONU MUJERES, Eta e Iota afectaron a más de 4 millones de personas en Honduras y han obligado a muchas a dejar sus hogares. Se contabilizaron 96 mil personas albergadas y 494 mil evacuadas, de las cuales, aproximadamente el 40% son mujeres y el 20% niñas, niños y adolescentes. Entre los damnificados, también se encuentran los pueblos misquitos, lencas y garífunas.

Es cierto que la posición geográfica de Honduras influye en la aparición de ciertos fenómenos ambientales, sin embargo, existieron otros factores que incrementaron la vulnerabilidad de la población hondureña ante Eta e Iota: el nivel socioeconómico, el tipo de vivienda, la actividad económica, el acceso a vías de comunicación, así como otros factores que, aunque no lo parezca, también incrementan el riesgo, tales como el género, la edad y el origen étnico-racial.

Y es que ser mujer, pertenecer a un grupo étnico-racial determinado y salir de tu país en busca de condiciones de vida dignas puede dar pie a una serie de prácticas violentas y discriminatorias avaladas por una cultura xenófoba y racista que se cuela en las políticas migratorias de los países.

Por ejemplo, en México las detenciones migratorias están basadas en el perfilamiento racial de las personas, es decir, los agentes del Instituto Nacional de Migración detienen a las personas por su apariencia -tono de piel, acento y vestimenta. El Observatorio de Racismo en México y Centroamérica señala que el perfilamiento racial en el país afecta, sobre todo, a la población migrante centroamericana y afrodescendiente que transita de manera irregular por el territorio mexicano.

Incluso en mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió inconstitucionales las revisiones migratorias porque la nacionalidad no se ve. No obstante, a más de un año el legislativo no ha derogado los artículos que siguen permitiendo esta
práctica.

Los motivos por los que las personas deciden salir de sus países de origen son múltiples, uno de ellos es el cambio climático, mismo que puede influir en la agudización de otras vulnerabilidades. Eta e Iota motivaron la salida de miles de personas hondureñas; en 2020 y
2022, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) la nacionalidad con mayor número solicitudes de asilo en México fue la hondureña, mientras que, en 2021 ocuparon el segundo lugar, tan sólo después de Haití.

No hay que matizar el problema que enfrentamos, sobre todo cuando en distintas partes del mundo las políticas migratorias antinmigrantes son letales y el discurso negacionista del cambio climático tiene mucho eco. Prepararnos para la llegada de personas desplazadas por motivos medioambientales es una manera de invertir en nuestro planeta.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 48/2023 al Instituto Nacional de Migración (INM) y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Oaxaca, tras acreditar violaciones a los derechos humanos a la vida, al principio del interés superior de la niñez y a la seguridad jurídica en agravio de tres víctimas, una de ellas una niña en contexto de migración internacional puesta a disposición del INM junto con sus familiares, de nacionalidad guatemalteca y resguardadas en un centro de asistencia social de Oaxaca por el DIF estatal.

El 10 de marzo de 2021, personal de la Comisión Nacional se entrevistó con la madre de la niña, quien manifestó que el 15 de febrero de ese año, fue asegurada por elementos del INM junto con las otras dos víctimas, debido a que no acreditaron su regular estancia en México, por lo que las llevaron a un albergue, lugar en el que esperarían que la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Oaxaca emitiera el plan de restitución de derechos. 

Asimismo, la víctima aseguró que el 5 de marzo de 2021 se encontraba en entrevista con un cónsul de su país (testigo de los hechos), momento en que la menor, junto a otra de las víctimas, se dirigió a la cocina del albergue con la intención de consumir una fruta. Minutos después se escuchó un ruido, el refrigerador industrial las había lastimado. En seguida, dos empleados del albergue privado levantaron el electrodoméstico, cuando llegaron los paramédicos para asistir a la niña, ésta ya había fallecido. 

La madre señaló que una semana antes del accidente les reportó a los asistentes del albergue que el refrigerador, de aproximadamente dos metros de altura, no estaba bien colocado, ya que se movía al abrirlo, a lo que éstos hicieron caso omiso. 

Cabe señalar que la quejosa víctima expresó su temor de ser deportada a su país de origen por las amenazas que le hizo su esposo, quien se encuentra privado de la libertad en Guatemala, por lo que se iniciaron los trámites para darle una visa humanitaria y regularizar su situación migratoria, pero tanto en el INM como en el DIF local, personas servidoras pública incurrieron en omisiones e irregularidades que impidieron dar protección a las tres víctimas. 

El análisis lógico-jurídico de las evidencias permitió acreditar violaciones a los derechos humanos en agravio de la niña, a la seguridad jurídica en detrimento de la quejosa víctima y de la segunda víctima, así como al principio del interés superior de la niñez en agravio de las dos menores, atribuibles a personal del INM y al sistema DIF estatal. 

Por tal motivo, la CNDH solicitó al INM y al DIF de Oaxaca la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional en la materia para que se proceda a la inmediata reparación integral del daño causado, además de otorgarles atención psicológica y tanatológica. 

Asimismo, el INM deberá colaborar en la presentación de la denuncia administrativa que se haga en contra de dos personas servidoras públicas del Instituto por los actos y omisiones precisadas en estos hechos e impartir un curso en materia de derechos humanos relacionado con el procedimiento administrativo migratorio referente a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, y que puedan resolver los expedientes administrativos migratorios de ese grupo de población al personal de la Oficina de Representación en Oaxaca, en especial a la autoridad responsable citada en la presente Recomendación.

Por lo que se informó que el DIF estatal debe colaborar con la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca en la denuncia administrativa que presente la CNDH en contra de cinco personas servidoras públicas por la omisiones precisadas en el documento recomendatorio e impartir un curso en materia de derechos humanos sobre la relevancia del interés superior de la niñez al personal del DIF Oaxaca encargado de la atención a niñas, niños y adolescentes en contexto migratorio, adscritos al Albergue de Tránsito, en especial, a tres autoridades responsables. 

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Ciudad de México.- A 10 meses de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las revisiones migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, por ser una medida discriminatoria y racista, proyecto de sentencia que sentó un precedente para la libre circulación y la seguridad de las personas mexicanas y migrantes en el país, el pasado 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece que el Instituto Nacional de Migración (INM) podrá llevar a cabo revisiones migratorias dentro del país conforme a sus protocolos.

Esta iniciativa, turnada al Senado, no solo es inconstitucional y contraria a lo que la SCJN estableció el 18 de mayo de 2022, sino que perpetúa el actuar racista y discriminatorio en las revisiones migratorias. Desde hace más de dos décadas el INM cuenta con protocolos y manuales, como el manual de fenotipos de 2002 en el que se establecía cómo eran los rasgos de las personas centroamericanas o los protocolos sobre “Procedimiento sistemático de operación para analizar documentos de viajes” y el “Procedimiento sistemático de operación de revisiones migratorias” de 2013, no obstante, ningún protocolo puede establecer cómo se ve una persona extranjera y cómo una persona mexicana, porque la nacionalidad no se ve, por lo que en la práctica los agentes de migración seguirán llevando a cabo revisiones migratorias bajo perfilamientos raciales.

“A las y los diputados se les olvida que el perfilamiento racial que utilizan los agentes de migración en las revisiones migratorias no tiene que ver con un protocolo sino con una discriminación enraizada en cada persona (agente migratorio) que ve como inferiores a las personas indígenas y afrodescendientes, resultando en detenciones migratorias arbitrarias, desconocimiento de documentos oficiales como actas de nacimiento, credenciales del Instituto Nacional Electoral -aun si no es su facultad revisar la veracidad de esos documentos- y documentos migratorios que ellos mismo expidieron, e incluso deportaciones a países como Guatemala, Cuba o Haití”.

Desde 2014, en el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) han documentado cómo las revisiones migratorias son discriminatorias, racistas e inconstitucionales con impactos en la población migrante y mexicana.

En 2015, agentes de migración detuvieron a tres personas indígenas tseltales de Chiapas “porque no parecían mexicanas” aún si mostraron sus documentos de identidad; en 2015 y 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 2 recomendaciones al INM por más de 10 casos de personas mexicanas detenidas por días u horas, en diferentes lugares y tiempo, porque “no parecían mexicanas”.

Entre 2018 y 2022, se han reportado detenciones de personas mexicanas en estaciones migratorias porque los agentes de migración señalan “no se ven como mexicanas”. En 2019, como parte de la reparación del daño a las hermanas tseltales, el comisionado del INM, Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública en la que reconoció que “El motivo de su detención fue su fenotipo, el poco entendimiento del español y analfabetismo, y (sic) según los agentes migratorios, eran personas con aspecto de migrantes… por lo que nos comprometemos a la no repetición de estos actos”.

Por lo que llamamos a las y los senadores a no pasar esa iniciativa y a recordar que no hay una sola forma de ser o parecer mexicana o mexicano, que la nacionalidad no se ve y que la SCJN fue clara al señalar que se deben derogar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración. No hay forma que un protocolo garantice el libre tránsito de las personas mexicanas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución mexicana, que no afecte desproporcionadamente la movilidad de las población indígena y afromexicana, y que garantice la inclusión y la incorporación de una perspectiva de género.

Cabe señalar que un día antes, el 7 de marzo, por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre racismo y movilidad humana en la que se expuso como los agentes de migración utilizan perfiles raciales durante las revisiones migratorias y la decisión de la SCJN esperando se derogará el articulado de la Ley de Migración que permiten estas acciones.

Con información del Instituto para las Mujeres en la Migración

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Por los hechos ocurridos en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocaron la muerte de más de 30 personas migrantes, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra Francisco “N” y Antonio “N”, directivos del Instituto Nacional de Migración (INM) “por incumplir obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo”. 

La FGR informó que además se procedió penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las personas migrantes.

En la investigación de antecedentes se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”. 

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”. 

Además, la Fiscalía detalló que se detectaron diversas irregularidades dentro de la empresa de seguridad privada y el propio INM, quienes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. 

“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”.

Fue la noche del pasado lunes 27 de marzo cuando personas migrantes, que se encontraban hacinadas en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron víctimas de lesiones y 40 más fallecieron luego de que se originara un incendio que fue ignorado por personas que se encontraba en ese momento en el lugar. 

CIMACFoto: César Martínez López
CIMACFoto: César Martínez López

Y es que esa noche, tras registrarse el incendio, el personal del Instituto Nacional de Migración omitió auxiliar a las personas migrantes privadas de la libertad para salir de la celda, pese a los llamados de auxilio; no realizaron acciones inmediatas de contención del fuego y se le dio preferencia al desalojo de personal administrativo sobre las personas migrantes extranjeras recluidas.

Entonces, organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Mexiro y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, aseguraron que las personas que fallecieron en Ciudad Juárez “estaban privadas de la libertad”, ya que, señalaron, “la estancia provisional es un espacio de detención, no un albergue”. 

Por ello responsabilizaron al Gobierno de México y particularmente al Comisionado del INM por la falta de protocolos y rutas de evacuación en caso de siniestros y sobre las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos, como la  falta de información y resolución efectiva de los casos. 

Ante ello, el pasado 31 de marzo la Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), IMUMU, Asylum Access México y Uno de Siete Migrando, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resultara responsable por el delito de homicidio, lesiones y detención ilegal de personas migrantes en Ciudad Juárez.

“La investigación se ha enfocado en guardias y agentes migratorios que estuvieron en Ciudad Juárez. Por eso solicitamos que la fiscalía investigue también la responsabilidad de los titulares de las instancias encargadas de la política migratoria, incluido el canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López”, expresó Gretchen Kuhner, integrante de IMUMI. 

Sin embargo, el anuncio de la FGR puso en evidencia que ni el canciller ni el secretario de Gobernación están siendo investigados por la muerte y lesiones de personas al interior de instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

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