Urge actualizar el marco social y jurídico para combatir la creciente violencia de género en Guerrero, donde fueron asesinadas por homicidios dolosos y culposos 863 niñas y mujeres entre 2001 y 2005, informó hoy la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, durante la presentación de su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos y la violencia en contra de las mujeres en el estado de Guerrero, el pasado 24 de noviembre.
Evidenciamos -dice la Red a través de un boletín- que la situación de violencia de género es sistemática, pues no distingue condición económica, identidad indígena, edad o grupo religioso.
En Guerrero, una de las entidades federativas con mayor índice de pobreza, la marginación y discriminación que viven las mujeres conlleva la violación de sus derechos humanos más esenciales como la alimentación, la educación, la salud, y por ende la justicia, lo que las convierte en las víctimas de las víctimas.
Los datos sobre los asesinatos dolosos o culposos de mujeres, reportados por la Procuraduría General del Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) constituyen un reflejo de los altos y preocupantes índices de violencia que existen en nuestro estado, panorama que se agrava aún más cuando hablamos de los grados de impunidad en los que se encuentran estos casos, lo que representa la peor violencia institucional en contra de la mujer.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia hacia las Mujeres, aplicada por el Instituto Nacional de Salud Pública entre 2002 y 2003, Guerrero ocupa el lugar 25 a nivel nacional en el índice de violencia contra las mujeres, pues el 15.6 por ciento de las guerrerenses entrevistadas reportó sufrir violencia doméstica en ese momento actual.
Sin embargo, si se considera a las mujeres que alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual y económica) el porcentaje se eleva al 65.9 por ciento, situándose por encima de la escala nacional (60.4 por ciento) y ubicándose en el sitio 8 entre las entidades con mayor nivel de violencia de la denominada de por vida.
Los delitos más reportados en la entidad, según estimados de la PGJEG, entre 2004 y lo que va de 2006 fueron la violación sexual y la violencia doméstica.
Cabe destacar que en Guerrero la militarización es otro de los factores alientan la violencia contra las mujeres que han sufrido violaciones sexuales por soldados del Ejército Mexicano.
En un rastreo minucioso de notas periodísticas elaborado por nuestro equipo e incluido en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos y la violencia en contra de las mujeres en el estado de Guerrero, continúa el boletín, evidenciamos que en el entorno familiar la violencia impacta principalmente a las madres de familia (entre los 20 y 49 años) que viven con su pareja y en su mayoría son amas de casa.
PRENSA Y AGRESIÓN
Sobre el manejo periodístico que hacen los medios de comunicación de los casos de violencia de género evidenciamos un trato amarillista y alarmista que incumple las normas éticas y viola la intimidad de las víctimas al sobre-exponerlas a la opinión pública.
Según el seguimiento hemerográfico incluido en el informe, es en la casa de la víctima donde ocurre el 65.4 por ciento de los casos de violación a los derechos humanos; es en ese mismo entorno donde se registró el 57.1 por ciento de los homicidios; el 78.2 por ciento de las lesiones; el 91.7 por ciento de los suicidios; y el 45.5 por ciento de las violaciones sexuales.
Reveló también que el principal derecho violado es la integridad física y representa el 66.1 por ciento de los casos, de los cuales el principal son las lesiones con un 43.3 por ciento, seguido del homicidio y la violación sexual con un 22 por ciento, y el suicidio con el 9 por ciento. En segundo lugar está el derecho a la vida, con un 31.5 por ciento.
Por lo que se refiere a los homicidios descritos en las notas, encontramos que en el 7.1 por ciento se usó arma de fuego; en el 3.1 por ciento, arma blanca; y el 0.8 por ciento fue provocado por quemaduras de tercer grado. Sobre los responsables de estos homicidios, el 60.7 por ciento se adjudica a extraños, el 21.4 por ciento a la pareja, y el 7.1 por ciento a familiares que no incluyen padres, hijos y hermanos.
Del total de casos de decesos, el 72.5 por ciento representa homicidios y el 27.5 fueron suicidios. En tercer lugar el derecho que más se viola es el de la integridad psicológica, con un 2.4 por ciento de los casos, entre los que destacan las amenazas con un 18.9 por ciento. Los responsables en un 66.7 por ciento son las propias parejas de la víctima.
En los tres tipo de derechos violados (vida, integridad física y psicológica) aparece como agresora la pareja, excepto en la violación sexual y el suicidio, donde destaca la participación de extraños.
EL PUÑO COMO LEY
Ante ese desolador escenario, los organismos no gubernamentales abordamos el tema de la violencia de género desde la perspectiva de los derechos humanos, partiendo de las necesidades expuestas por las mujeres indígenas, campesinas y urbanas que cohabitan en el estado de Guerrero.
Partimos de la hipótesis de que las mujeres en México viven en un esquema y una sociedad patriarcal que ejerce una permanente discriminación en contra de ellas por el hecho de ser mujer. En este contexto es claro que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una vivencia cotidiana de nuestra existencia, una práctica cultural de poder que se reformula en el ámbito de lo privado y lo público, en este ultimo caso desde las estructuras legales y judiciales del Estado.
A nivel estatal y nacional hay legislaciones que contienen disposiciones referentes a actos de violencia directa e indirecta contra las mujeres, sin embargo aún no se incluyen al conjunto de leyes que rigen nuestro país los tratados, convenios y declaraciones internacionales firmados y ratificados que determinan que la violencia en contra de la mujer es una práctica de tortura, discriminación y exclusión por parte del que la ejerce.
En cambio, lo que persiste en el país a nivel estructural es la desigualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al derecho a la justicia. A esto se añade la insensibilidad e ineficacia de las dependencias gubernamentales encargadas de procurar y administrar justicia en los casos de violencia contra las mujeres que al verse desprotegidas (en un porcentaje considerable aún) se resisten a denunciar por temor a las represalias de su agresor que resulta ser en la mayoría de los casos un familiar o conocido cercano.
Reiteramos, concluye el boletín, la urgencia de que el sistema de procuración de justicia analice la necesidad de que existan los derechos de las mujeres y de que se actualice el marco jurídico para resolver los casos de violencia intrafamiliar. Es intolerable que casos de maltrato y abuso (violencia de género) actualmente sean considerados por los juzgadores -en algunas ocasiones- como casos de crisis matrimonial.
06/GG
