98 por ciento de impunidad ante violencia sexual en Colombia

Cada año en Colombia –país sudamericano que pasa por un proceso de paz tras una cruenta guerra civil de décadas– se registran más de seis mil violaciones sexuales contra niñas de entre 10 y 14 años de edad; no obstante, se retrocedió en las políticas públicas que atienden de manera integral la salud de las víctimas.
 
Tal información se hizo del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia solicitada por grupos civiles colombianos, como parte del 156 periodo de sesiones del mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Washington.
 
María Adelaida Palacios, responsable del área jurídica de Corporación Humanas, señaló que la violencia sexual contra mujeres y niñas en Colombia “es una práctica constante, habitual y extendida, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra”.
 
Abundó que en los tres años recientes, 51 mil 578 colombianas asistieron al Instituto de Medicina Legal, tras ser víctimas de violencia sexual. Agregó que las niñas y las adolescentes entre 10 y 15 años son la población más afectada, ya que entre 2012 y 2014 se registró un promedio anual de 6 mil 800 víctimas de violencia sexual en este rango de edad.
 
Ello en un contexto en el que la respuesta del Estado colombiano ha sido deficiente, toda vez que las leyes no son efectivas, pues 82 por ciento de las víctimas no denuncian y aquellas que lo hacen han tenido que soportar procesos judiciales de más de 15 años de duración, recayendo en ellas la carga de la prueba y la continuidad de los juicios.
 
Palacios señaló que hay altos índices de tolerancia a la violencia institucional, ya que en una investigación en la que se cuestionó a funcionarios se descubrió que 23 por ciento de ellos dijo estar de acuerdo en que las mujeres “que se visten provocativamente merecen ser violadas”.  
 
Jineth Bedoya, periodista que fue secuestrada, torturada y violada en el año 2000 por tres paramilitares, sostuvo ante la CIDH que preocupa la inoperancia del sistema de justicia colombiano, toda vez que los procedimientos llevan a la revictimización de las mujeres.  
 
“Somos millones de mujeres que tenemos marcados nuestros cuerpos y vidas como consecuencia de la violencia sexual y la falta de actuación por parte de la Fiscalía de la Nación”, subrayó la periodista al señalar que en el país existe 98 por ciento de impunidad en los casos, lo que manda el mensaje de que la violencia sexual no es un crimen que se pueda sancionar en Colombia.  
 
Erika Rodríguez Gómez, integrante de la Casa de la Mujer, expuso que uno de los aspectos más preocupantes en la nación sudamericana es que las mujeres no están recibiendo la atención médica integral que requieren.
 
Del total de las víctimas registradas, 40 por ciento no tuvo atención en salud y quienes la recibieron manifestaron que ésta no se prestó de forma eficiente o con calidad.
 
Rodríguez Gómez recordó que en 2014 el Estado colombiano promulgó la Ley 17-19, que adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, especialmente en aquellos casos ocurridos en el conflicto armado.
 
Aunque esa ley representa un avance en términos judiciales –acotó la activista–, es un retroceso en materia de salud, ya que estableció que el modelo de atención integral (que existía previamente) ya no es obligatorio, por lo que ahora “no es posible garantizar la atención oportuna, confidencial y de calidad a las personas víctimas de este delito”.
 
Por ello, las organizaciones civiles pidieron a la CIDH emitir recomendaciones al Estado colombiano para que atienda debidamente la violencia sexual en el país sudamericano.
 
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