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A cinco años de la explosión en la mina Pasta de Conchos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

A cinco años del siniestro en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida, la sanción a la empresa y castigo a las autoridades responsables pasaron a segundo término, las esposas, hijas y madres de los trabajadores del carbón sólo exigen el rescate de los restos de sus seres queridos.

Para ellas, lo más importante es sepultar sus restos conforme a sus creencias, coincidieron las familiares de algunos de los 63 trabajadores del carbón, que tras la explosión en Pasta de Conchos quedaron atrapados en la mina, cuando las autoridades y la empresa suspendieron las labores del rescate.

La misma semana de la tragedia, registrada el 19 de febrero de 2006, los rescatistas dijeron que se suspendían las obras “porque estaban en espera de equipo proveniente de Estados Unidos”; han pasado cinco años y el equipo nunca llegó.

Pasaron los días, y las autoridades argumentaron que “el agua podía estar infectada, luego que había gas y después que había demasiada agua”. A pesar de que estas son problemáticas de las minas de carbón, “no buscaron cómo revertir esas condiciones, e intentar un rescate”, señaló a Cimacnoticias Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

TANIA Y ELVIRA: “LAS PROMESAS”

Tania Muñoz, hija del minero Jorge Vladimir Muñoz, lamenta el desinterés de las autoridades por la vida de los trabajadores. Ahora pesa la ausencia de su padre, circunstancia que se agrava porque dice “no nos despedimos de sus restos y tampoco pudimos darle una sepultura a donde ir a llorar, a rezar”.

La joven, de 18 años de edad, destacó que pese a la adversidad “vamos a seguir en la lucha hasta donde se pueda, buscando soluciones en el ámbito internacional”, debido a que en México las autoridades “nos cerraron todas las puertas”.

Pese a las “promesas” del gobierno de Coahuila para brindar becas escolares a las y los hijos de los mineros, éstas fueron retiradas, por lo que desde hace año y medio Tania, su hermano de 16 años y su hermana de 8 años de edad, enfrentan problemas económicos, sin embargo ellos continúan estudiando.

La familia de Tania es sustentada por su madre, Elvira Martínez, quien después de luchar por el rescate de su esposo y los derechos de las familias, consiguió un empleo que le permite mantener a sus hijas e hijo, a este ingreso se suma la pensión de cerca de 3 mil pesos mensuales, que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

TERESA: “LA CITA DE CADA MES”

La situación de Elvira Martínez se asemeja a la de Teresa Contreras, viuda del minero José Porfirio Cibrián Mendoza, también recibe una pensión del IMSS, de 2 mil 150 pesos al mes, para mantener a su hijo de 13 años de edad, que recién ingresó a la secundaria.

Como la pensión es insuficiente, Teresa, de 35 años de edad, se dedica a la venta de ropa para completar el gasto.

La viuda asiste cada mes a la mina Pasta de Conchos, donde realizan una misa, en memoria de los trabajadores del carbón. “Ahí, desde afuera de la mina o en las parroquias, pedimos por su rescate y porque se haga justicia y no sigan muriendo más mineros en la región”, refirió.

“Desde hace cinco años, hemos demandado el rescate, pero las autoridades han hecho oídos sordos”, tan es así, que el miércoles pasado, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social convocó a una reunión para que expresaran sus peticiones, lamentó.

Mañana que se cumplen cinco años del siniestro, Teresa Contreras permanecerá en San Juan Sabinas, en las inmediaciones de Pasta de Conchos, donde llevarán a cabo una eucaristía, simultánea a la que viudas y familiares integrantes de OFPC, celebrarán frente a Grupo México, en el Distrito Federal.

TRINIDAD: “EL DESGASTE FÍSICO”

A la misa que se realizará afuera de la empresa concesionaria de múltiples yacimientos en la región carbonífera de Coahuila, acudirá Trinidad Cantú, madre del minero, madre de Raúl Villasaña Cantú, quien desde hace un lustro exige que rescaten los restos de su hijo.

Trinidad ha permanecido en pie de lucha, pendiente de las acciones en el país y el extranjero. El pasado 16 de febrero acudió a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el caso en contra del Estado mexicano por violaciones a las garantías de los mineros y sus familias.

La mujer, de más de sesenta años de edad, sigue visitando la mina, aunque desde junio pasado -cuando la empresa junto con la policía estatal desalojaron a las familias- “sólo llegamos a unos metros de la mina, no nos podemos acercar”, debido a que sigue resguardada.

Durante su lucha, la mortificación se tradujo en desgaste físico y emocional, que llevó a su esposo a sufrir un infarto, por esa razón, dijo, “hicimos una pausa en nuestra participación en la lucha, no se trata de miedo o derrota, es una cuestión delicada de salud”, recalcó.

Trinidad y su esposo, viven con la pensión de 3 mil pesos mensuales, que el señor obtuvo por más de veinte años de labor como minero del carbón.

Pese a los problemas económicos y de salud, Trinidad Cantú asegura que se mantendrán en la exigencia del rescate de los restos de su hijo, pues mientras las autoridades no actúen, para las familias “no hay descanso, no sabemos que pasó, ni siquiera tenemos a que ir al panteón”, concluyó.

11/GCJ/LGL

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