Inicio A dos años del “Providagate”, la justicia espera…

A dos años del “Providagate”, la justicia espera…

Por Rafael Maya

Han pasado casi dos años desde que el ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Pazos de la Torre, orquestó el desvío de 30 millones de pesos al Comité Nacional Provida, al recortar de manera unilateral e ilegal el presupuesto federal aprobado para atender programas contra el VIH/Sida en el país.

Dos años en los que hasta ahora ninguno de los y las responsables (entre ex legisladores, funcionarios y dirigentes de Provida), han sido castigados por uno de los escándalos de corrupción más graves de los tiempos recientes en México. Aquí un recuento cronológico de los hechos.

2002

16 de diciembre.- La Cámara de Diputados aprobó una ampliación de 600 millones de pesos al presupuesto para salud de las mujeres y otros programas como el de atención del VIH/Sida.

2003

9 enero.- La Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja envió un oficio a Luis Pazos, presidente de la Comisión de Presupuesto, para detallar la distribución de los recursos adicionales, entre los que se encuentran 208 millones de pesos para el programa de VIH/Sida.

10 enero.- El titular de la Secretaría de Salud (SS), Julio Frenk Mora, recibe un oficio del diputado Pazos (con fecha 17 de diciembre de 2003), en el que el legislador informa de una distribución presupuestal distinta a la aprobada por el pleno. Pazos reduce los montos para el combate del VIH/Sida a 178 millones de pesos, e integra un nuevo rubro: los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), con 30 millones de pesos.

17 enero.- Diputadas priístas de la Comisión de Equidad, como Concepción González y María Elena Chapa, envían oficios a Luis Pazos en protesta por la asignación "inconstitucional" de 30 millones de pesos para Provida, y exigen que se respeten los montos aprobados.

27 marzo.- Tras la denuncia en diversos medios informativos (entre ellos Cimacnoticias) sobre el desvío de fondos a Provida, el diario La Jornada publica una carta de Luis Pazos, en la que el entonces diputado niega haber recortado recursos al programa de VIH/Sida, y rechaza tener atribuciones para aumentar o disminuir el presupuesto de egresos.

13 agosto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que "respeta" la asignación presupuestal en materia de salud enviada por el diputado Pazos.

28 octubre.- En reunión con la Comisión de Equidad y Género, el subsecretario de Prevención y Protección de la Salud de la SS, Roberto Tapia Conyer, confirma la entrega de recursos por parte de esa dependencia a Provida.

6 noviembre.- Organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres y combate al VIH, dan un plazo de 30 días a la Cámara de Diputados para que esclarezca las irregularidades cometidas en la entrega de recursos a Provida, autorizada unilateralmente por Luis Pazos.

6 diciembre.- Las ONG denuncian que la Cámara de Diputados no cumplió con su compromiso de responder a la ciudadanía sobre el escándalo.

8 diciembre.- En respuesta a una solicitud del Senado de la República, la Auditoría Superior de la Federación y se compromete a investigar el caso y dar sus resultados el 31 de marzo de 2005, tras la revisión de la cuenta pública de 2003.

2004

27 enero.- La vicepresidenta de Provida, Rocío Gálvez, declara que fueron 60 millones y no 30 los que recibió su organización de parte del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la SS. La dependencia niega esa afirmación.

17 mayo.- Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Sipam, Letra S, Equidad de Género y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, dan a conocer los resultados de una auditoría realizada a Provida, en la que descubren una serie de anomalías en las que se comprueba que el grupo contrario al aborto legal cometió "fraude y evasión fiscal" en el ejercicio de los 30 millones de pesos.

16 julio.- Luego de que la prensa nacional da amplia difusión al escándalo Provida y se descubre que esa organización estaría practicando abortos clandestinos en los CAM, las agrupaciones autoras de la auditoría ciudadana denuncian el silencio del secretario de Salud Julio Frenk sobre el caso, y reiteran su demanda de que las autoridades deslinden responsabilidades por la asignación irregular de recursos y el mal manejo de los mismos.

Hasta entrada la noche de ese día, la SS emitió un comunicado en el que advertía que debido a las irregularidades cometidas por Provida (detectadas en una auditoría "en curso"), la dependencia suspendió desde "hace dos meses y medio" la entrega de los recursos correspondientes a 2004. No obstante, la prensa informa que Provida ya había recibido este año 4.5 millones de pesos de parte de la SS.

19 julio.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión da entrada a la demanda ciudadana para esclarecer el llamado Providagate.

20 julio.- Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezados por Malú Micher, presentan a la mesa directiva de la Cámara baja una solicitud de juicio político contra el ex diputado y actual director del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), Luis Pazos, por el desvío de fondos a Provida.

27 agosto.- En reunión con las organizaciones civiles, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, anuncia que la auditoría que realiza su dependencia a los gastos de Provida arrojó las mismas anomalías detectadas previamente por los grupos ciudadanos. Establece que se harán las gestiones para que la agrupación de Jorge Serrano Limón devuelva los 30 millones.

30 agosto.- Al comparecer ante la Comisión Permanente, el secretario Frenk deja más dudas que respuestas sobre el caso Provida al encarar los severos cuestionamientos de las y los legisladores. Se desataca la denuncia de que el grupo de Serrano Limón estaría especulando con recursos públicos en las bolsas de valores de México y Nueva York.

23 septiembre.- Julio Frenk anuncia ante diputadas y diputados de la Comisión de Salud que, con base en las recomendaciones de la SFP, comenzará un proceso legal contra Provida para que restituya los 30 millones de pesos.

24 septiembre.- El PRD en la Cámara baja presenta ante la PGR una denuncia penal por peculado contra el apoderado legal de Provida, Jorge Serrano Limón, y su vicepresidenta Rocío Galvez. Las y los diputados anuncian que demandarán por el mismo delito a Luis Pazos, y que analizan la posibilidad de entablar juicio político contra Julio Frenk.

29 septiembre.- En uno más de sus intentos por justificar sus actos de corrupción, Serrano Limón publica un desplegado en la prensa nacional y acude a diversos medios electrónicos para denunciar la "campaña de linchamiento" en su contra. Las ONG descalifican los argumentos de Provida y exigen castigo para sus dirigentes.

4 octubre: Frenk Mora asegura que a más tardar en tres semanas la SS acudirá a los tribunales para exigir que el grupo ultraconservador devuelva los montos mal ejercidos.

2004/RM/LR

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