El equipo de abogados internacionales de la finada abogada mexicana, Digna Ochoa, está listo para seguir el proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario frente al inminente «carpetazo» de la fiscal especial Margarita Guerra.
Así lo señaló a Cimacnoticias en entrevista telefónica desde San José, Costa Rica, Juan Carlos Gutiérrez, coadyuvante del caso ante la justicia internacional como director regional del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil)-Mesoamérica.
Ante el anuncio de la fiscal especial, Margarita Guerra, segunda fiscal en la investigación de la defensora de los derechos humanos, hallada muerta en su despacho por arma de fuego el 19 de octubre del 2001, para quien «cerrar la investigación ahora sería desconocer el compromiso del gobierno mexicano con la CIDH».
El abogado colombiano sostiene que el informe del experto criminólogo, Pedro Díaz, solicita que se profundice en todas las líneas de investigación y no nada más en la del suicidio, que de acuerdo con Gutiérrez, encargado del caso ante la CIDH, es la única que investigan.
Argumentó que es fundamental el trabajo de la CIDH –que envió un equipo de tres peritos a validar las pruebas en el primer semestre del 2003—con la complacencia del gobierno de México.
Y consideró que no se puede soslayar que en la investigación «llegaron a las conclusiones que apuntan a lo que las ONG en el trámite veníamos insistiendo: en las fallas estructurales de la averiguación previa».
«El informe abre dudas respecto de las hipótesis o dicho de otra forma genera dudas frente a la única hipótesis de la Fiscalía, la del suicidio», aseguró.
Para el abogado colombiano, aún no están agotadas las investigaciones ni sobre el trabajo de la abogada en el sureño estado de Guerrero, o sobre el novio de Digna Ochoa, hipótesis que fueron sugeridas por las autoridades mexicanas en un primer momento.
Lo más grave, dijo Gutiérrez frente al cierre de la investigación, es que la fiscal después de muchos rastreos, diligencias y vueltas en el despacho de la colonia Roma, donde Digna Ochoa perdió la vida, aparecieron 18 meses más tarde un fardo de periódicos y una bolsa con la etiqueta «polvo para manos» que se habría encontrado en el cadáver.
«Es un craso montaje» que deja una gran duda, reiteró Gutiérrez, que lleva también el primer caso contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«La fiscal no está leyendo bien. Continúa haciendo una lectura equivocada y parcial de ese informe» aseguró tras reprochar que se niegue a los familiares se repitan algunas de las diligencias tal y como ellos lo solicitan.
«Estamos ante una actitud digamos una mirada exclusiva de la fiscal para valorar una hipótesis dando carpetazo a una investigación que genera duda», lamentó.
Juan Carlos Gutiérrez asegura no estar a favor de alguna hipótesis en particular «no hay que caer en ese error. No tenemos una u otra versión insistimos que la CIDH que investigar debe ser asumida el esclarecimiento de los hechos.»
LA CORTE INTERAMERICANA
El caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de que la nueva jurisprudencia de esta corte internacional donde se establece que la inadecuada investigación por parte del Estado viola el derecho a la vida, de acuerdo con una sentencia fallada el mes pasado contra Honduras.
Juan Carlos Gutiérrez recordó que el gobierno mexicano incumplió en el caso de Digna Ochoa dado que ella contaba con medidas cautelares emanadas de la CIDH que nunca se investigaron. «Se puede concluir que falló no solamente para prevenir los hechos sino para investigarlos» e infringe también el derecho de los abogados externos a investigar.
Por su parte, el representante de la familia Ochoa y Plácido, Jesús Ochoa, dijo vía telefónica que está listo el amparo que interpondrán tras el fallo de la fiscal Margarita Guerra y Tejada «porque ya veíamos venir lo del suicidio».
Ochoa sostiene que el expediente de la averiguación previa se refiere al suicidio de la ex religiosa y solamente le faltaría un documento con el visto bueno de la fiscal.
Se refirió al acercamiento con el gobierno de la Ciudad de México y con su ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador quien designó a Martí Batres para interceder por la familia Ochoa ante la fiscal y lograr se incluyan nuevos peritajes.
Esta semana la fiscal se negó a admitir estas pruebas, a decir de Jesús Ochoa y de Guillermo Baltasar, asesor de Batres, secretario general de Gobierno quien no abundó más sobre el punto.
2003/MR/MEL
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
