Inicio A seis años de la masacre de Acteal, se espera aún justicia

A seis años de la masacre de Acteal, se espera aún justicia

Por Mónica Pérez

María, Alejandro, Martha, Juan Carlos, Manuela y Alonso son nombres de mujeres, hombres, niños y niñas escogidos al azar de entre los 45 que aparecen en la lista de las personas que fueron asesinadas el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, del municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, al sureste de México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) señala que en Acteal murieron 45 indígenas tzotziles: 19 mujeres, cuatro de las cuales estaban embarazadas; ocho hombres, 14 niñas y cuatro niños. Otras fuentes indican que fueron 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres. Todos y todas tenían nombre, aunque generalmente sólo se conozcan las cifras.

Sin embargo, a seis años del crimen los inculpados no han sido sentenciados por una instancia legal a reparar el daño que perpetraron contra las víctimas y sus familiares.

En un comunicado reciente CDHFBC indica que “las sentencias resueltas conforme a derecho no condenan a la reparación del daño a favor de las víctimas y de sus familiares… A la fecha el Estado mexicano sigue en deuda con las 19 mujeres, ocho hombres, 14 niñas, cuatro niños y cuatro más que aún no nacían”.

En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Itzel Silva, abogada de esa organización, dijo que en ningún caso donde ya se dictó auto de formal prisión hay sentencia para el pago de la reparación del daño. “Y aunque se espera que condenen en este sentido, por la experiencia que hemos tenido, probablemente los jueces no apliquen esta sentencia”, apuntó.

Indicó que el argumento de los jueces para no dictaminar este tipo de sentencias se basa en que el Ministerio Público como instancia legal no acreditó los montos a pagar.

La abogada asegura que “en Acteal no hay justicia, porque la justicia no es sólo que los responsables materiales del crimen estén en la cárcel. La justicia consiste en saber la verdad completa y mientras no haya reparación del daño para las víctimas y un juicio a los autores intelectuales, no habrá justicia”.

Hoy se sabe que la matanza de Acteal, zona de influencia zapatista, fue perpetrada por un grupo paramilitar contra los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas cuando éstos hacían una jornada de ayuno y oración por la paz en Chiapas.

De acuerdo con Mercedes Olivera, doctora en antropología social y docente de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el gobierno priista estatal, entonces encabezado por Julio César Ruiz Ferro, acosó a las regiones indígenas identificadas con el zapatismo con la guerra de baja intensidad.

Esta incluye el uso de paramilitares para confrontar a diferentes sectores de la población y hacer creer que el conflicto no es con el Estado, sino intercomunitario o interfamiliar. El objetivo es aislar a la insurgencia, eliminando la base social que la apoya y atemorizando a la población en general.

El entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo, afirmó que el origen de la matanza tenía tres causas: las pugnas históricas entre los diferentes grupos indígenas de la zona; la instauración ilegal del Concejo Municipal Autónomo de Polhó, establecido en 1996, así como la ausencia de un Estado de derecho.

Sin embargo, antes de la masacre diversos organismos civiles y de derechos humanos denunciaron la proliferación de grupos paramilitares que agredían y desplazaban arbitrariamente a la población indígena.

El 4 de diciembre de 1997 la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas anticipó que si el gobierno no detenía la violencia y la militarización en la entidad habría una masacre derivada de una guerra civil.

Así, en el contexto de guerra que se vivía en Chiapas a partir de 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), muchas comunidades indígenas fueron desplazadas de sus lugares de origen debido a la violencia que desplegaban los grupos paramilitares en su contra.

La Sociedad Civil de Las Abejas fue uno de los grupos afectados por los constantes ataques paramilitares promovidos por el gobierno municipal en Chenalhó, entonces encabezado por el priista Jacinto Arias Cruz.

Las Abejas fue fundada en 1992 en la localidad de Tzanembolom en el municipio de Chenalhó. Hasta 1998 contaba con miembros en 24 comunidades de ese municipio. Esta organización se definió como parte de la sociedad civil que trabajaba por la paz y la justicia.

En este sentido, mantuvo su autonomía de la dirigencia zapatista y sus asentamientos se consideraron territorio neutral. Sus integrantes son indígenas católicos vinculados a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y al CDHFBC. Desde su orígenes impulsaron el trabajo organizativo de las mujeres, quienes han jugado un papel fundamental en la organización.

De acuerdo con Georgina Rangel, psicóloga social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, el hecho de que las víctimas de la masacre hayan sido en su mayoría mujeres y niños, fue un intento por destruir elementos simbólicos fundamentales para los indígenas.

Como resultado de los hechos violentos el entonces gobernador de Chiapas, Luis Ferro, renunció 16 días después de la masacre y lo sustituyó Roberto Albores; mientras que Jacinto Arias Cruz, presidente municipal en Chenalhó fue aprehendido como sospechoso de haber proporcionado el armamento al grupo que masacró a Las Abejas.

Asimismo fueron sustituidos Homero Tovilla, y Uriel Jarquín, secretario y subsecretario de Gobierno de Chiapas. Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo y actualmente diputado federal, también fue removido de su cargo.

Por su parte la Procuraduría General de la República (PGR), en los resultados previos de las averiguaciones, señaló que la mayoría de los 45 indígenas fueron asesinados por la espalda con armas como la AK-47, mejor conocida como Cuerno de Chivo.

En un informe de 1998 el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) señala que “los atacantes persiguieron a las víctimas hasta las cuevas y la cañada en donde estaban huyendo. Los mutilaron con armas blancas y desgarraron los vientres de mujeres embarazadas”.

Actualmente el CDHFBC le da seguimiento a los procesos judiciales de los inculpados presos en el penal de Cerro Hueco, ubicado en la capital Tuxtla Gutiérrez, y brinda asesorías a los sobrevivientes de la matanza de manera conjunta con los abogados del Ministerio Público.

En un comunicado del 4 de diciembre del presente año, esta organización manifiesta su preocupación por la impunidad a seis años de la masacre en Acteal y sostiene que los hechos violentos en esa comunidad no son producto de conflictos intercomunitarios y mucho menos de filiación religiosa.

En este sentido, Itzel Silva también advirtió que la matanza no correspondió únicamente a conflictos religiosos entre las comunidades indígenas de esa región.”Para encontrar una explicación al caso Acteal es necesario tomar en cuenta el todo, el contexto de contrainsurgencia en el estado”, apuntó.

Actualmente permanecen recluidos en el Penal de Cerro Hueco alrededor de 80 civiles relacionados con el crimen, de los cuales ya hay varios sentenciados.

Respecto a estos procesos penales, la abogada precisó que las causas abiertas son seis y se conforman de la siguiente manera: la 201/97 del fuero federal con 18 civiles sujetos a proceso, y la 224/97 del fuero federal con 24.

Además están la 46/98 del fuero federal donde había 40 personas procesadas, pero en 2001 fueron absueltas seis; la 402/99 del fuero común con un procesado; la 15/98 del fuero federal con un civil procesado, así como la 129/99.

Las causa penales cerradas son dos: la 224/97, donde se condenó a 36 años de prisión a 24 personas, y la 5/98, con dos sentenciados.

Sobre los civiles pesan tres acusaciones: homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia, de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea.

Recientemente varias iglesias evangélicas del país, entre ellas la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostés, Asambleas de Dios, la Coordinación Alianza de Pastores y la Sociedad Bíblica de México dieron a conocer una carta abierta dirigida al presidente Vicente Fox en la que le exigían reanudar las averiguaciones en el caso Acteal.

El documento también fue dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela , y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , Rafael Macedo de la Concha.

En ella denuncian irregularidades en las investigaciones, así como la falta de procuración de justicia por responsabilizar de la matanza a indígenas cristianos evangélicos que no participaron en el crimen.

En entrevista para Cimacnoticias, el pastor presbiteriano Abner López, Director de la Sociedad Bíblica de México, dijo que Fox se comprometió con miembros de la Iglesia evangelista, hace más de dos meses en una comida en la residencia de Los Pinos, a designar a un investigador especial para revisar el caso de los indígenas evangélicos detenidos y encarcelados en el Penal de Cerro Hueco por su presunta participación en la masacre.

Asimismo, señaló, durante el proceso se cometieron graves injusticias no sólo con indígenas evangelistas, sino también con católicos, por lo que más que un asunto religioso es un conflicto entre zapatistas y priistas.

Sobre la reparación del daño a los familiares de las víctimas, dijo que los dos abogados que llevan la defensa de los procesados en Cerro Hueco han tratado de establecer contacto con los afectados, sin encontrar la forma de colaborar porque los perciben como enemigos políticos.

“Ellos dicen que reconocen a los victimarios, pero en las investigaciones existen claras contradicciones, no es posible que los sobrevivientes hayan podido reconocer a todas las personas acusadas”, afirmó.

En este sentido, explicó que la demanda de las iglesias evangelistas no es que liberen a todos los presos, cinco de los cuales ya se declararon culpables del crimen, sino que se inicie una investigación seria.

De igual forma dijo que para el presidente Vicente Fox ni los indígenas ni los evangélicos son una prioridad, por lo que planean realizar marchas y un plantón el próximo 22 de diciembre frente a la Secretaría de Gobernación, para presionar al gobierno.

Al respecto, Marina Pagés, coordinadora en Chiapas de la oficina de SIPAZ, dijo a Cimacnoticias que para el gobierno en este momento resulta peligroso reabrir dichas investigaciones, sobre todo después del diagnóstico de México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado a Vicente Fox el pasado 8 de diciembre.

Respecto a la situación actual de tres de las víctimas más afectadas en la masacre de Acteal, la hermana Josefina Arteaga, integrante de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), así como de la mesa directiva de la parroquia en el municipio de Chenalhó, relató a Cimacnoticias parte de su seguimiento y atención.

Zenaida Pérez Luna tiene nueve años y es una sobreviviente. En Acteal perdió a su padre, a su madre, a dos hermanas de seis y nueve años y a un hermano de 15. Actualmente vive en esa comunidad con su abuelos y tíos.

A la niña se le diagnosticó “pérdida del campo visual” como resultado de una bala que le atravesó la cabeza. El 22 diciembre de 1997 fue trasladada, junto con los otros 26 heridos, al hospital de San Cristóbal de las Casas. Entonces la Diócesis de ese municipio y organizaciones no gubernamentales le brindaron apoyo para su atención médica.

Gracias a este apoyo Zenaida fue trasladada a Washington, Estados Unidos, donde le proporcionaron atención médica y rehabilitación del nervio óptico. Ahora, ella alcanza a ver a dos metros de distancia, se mueve por sí sola pero con dificultad porque vive en la montaña.

Actualmente es atendida en el hospital Conde Valencia de la Ciudad de México, donde los médicos le han dado la esperanza de recuperar la vista en su totalidad. Zenaida habla tzotzil y no asiste a un escuela de educación especial.

La hermana Josefina calcula que hace aproximadamente un año y medio el gobierno, estatal y federal, empezó a brindar atención médica a los heridos de la masacre. Sin embargo, también afirmó que los servicios médicos para los heridos aún son deficientes.

“Ni la comunidad, ni la mesa directiva de la parroquia estaban de acuerdo en recibir el apoyo porque después de lo sucedido en Acteal la justicia todavía no se aplica realmente”, dijo.

Apenas el cuatro de agosto del presente año, la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) y la Organización Civil Las Abejas firmaron un convenio para garantizar la atención médica que requieren los sobrevivientes.

Jerónimo Vásquez Pérez, de ocho años y a quien una bala le perforó el brazo izquierdo, y Efraín Gómez Luna, de siete años, que presenta un cuadro de desnutrición severo debido a que una bala se introdujo en su mandíbula y no ha podido recuperar la movilidad, son parte de la lista de “heridos graves”.

Sobre la atención psicológica destaca la labor de varias organizaciones no gubernamentales como SIPAZ y el CDHFBC, quienes han trabajado con las y los sobrevivientes de Acteal, así como con comunidades desplazadas en los campamentos, proporcionándoles talleres de terapia y salud mental.

En el aspecto espiritual la parroquia del municipio de Chenalhó mantiene contacto con la comunidad de Acteal y les proporciona talleres de desarrollo personal desde hace ya tres años.

Finalmente en el aspecto económico, la religiosa afirmó que ni el gobierno estatal ni el federal han apoyado a la comunidad de Acteal y que la única ayuda que reciben, como despensas, es por parte de la Cruz Roja Internacional.

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