Inicio Aborto en Uruguay: una discusión sin consenso

Aborto en Uruguay: una discusión sin consenso

Por Isabel Villar*

El martes 13 de abril no se aprobó el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, pero igualmente fue un día histórico. No sólo porque por primera vez una iniciativa de esta naturaleza llegó al plenario del Senado, sino porque se desató un proceso que sólo puede desembocar en una solución al grave problema de salud pública y justicia social que representa el aborto en Uruguay.

El debate en la Cámara alta continúa, hasta agotarlo, el 4 de mayo. Mientras tanto se buscan consensos político partidarios para que sea la ciudadanía quien resuelva el tema, a través de una consulta popular.

Luego de 66 años de vigencia de una ley que penaliza el aborto y de cuatro iniciativas de ley para modificarla, el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva que fue aprobado en la cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2002; desde el pasado 13 de abril está siendo considerando por el pleno del Senado.

Nunca se había llegado tan lejos a nivel parlamentario; tampoco se había ampliado tanto el debate público, y eso es mérito de la bancada parlamentaria femenina que no le quitó el ojo al proyecto, y de las organizaciones de mujeres y sociales, que agrupadas en una coordinación nacional empujaron en tal sentido.

En las dos sesiones destinadas al tema en la semana que hoy termina, primero se recreó el contrapunto entre quienes abogan por sancionar la ley en nombre de la salud pública, los derechos de las mujeres y la justicia social, y quienes se atrincheran en la presunta defensa de una vida ideal que poco tiene que ver con la realidad de las ciudadanas.

La novedad vino por el lado de las coincidencias entre legisladores de diferentes partidos con representación parlamentaria para dirimir la cuestión por democracia directa, mediante una consulta popular.

La senadora Mónica Xavier presentó un informe que da cuenta de la realidad nacional sobre la salud reproductiva en general, y del aborto en particular.

Por su propia naturaleza, no hay estadísticas oficiales de incidencia. Pero una amplia investigación de la Universidad para la Paz concluye que de cada l0 concepciones, 4 se abortarían.

“¿Si toda la represión no evita que las mujeres aborten, qué sentido tiene agregar más represión?”, se pregunta Xavier, convencida de la ineficacia de la ley vigente. No sólo porque no se aplica en su función sancionadora, sino porque ha contribuido a consolidar un circuito clandestino y lucrativo de prestadores de servicios.

De la misma investigación surge que la mayoría de los abortos se realizan en clínicas clandestinas, con participación de profesionales de la salud, el resto corresponde a los realizados mediante prácticas de sabiduría popular (tes de yuyos, perejil, agujas de tejer, etcétera).

Un estudio sobre mortalidad vinculada con el embarazo, parto y puerperio en Uruguay, muestra que en el quinquenio l995-1999, murieron 17 mujeres como consecuencia de abortos provocados en condiciones de riesgo, lo que sobre un total de 62 muertes maternas, es el 27.9 por ciento.

Pero en el Hospital Pereira Rossel, al que acuden las mujeres de menores recursos, el porcentaje se eleva a 47 por ciento. A nivel mundial, el promedio de mortalidad materna es de 13 por ciento, en América Latina de 21por ciento y en Sudamérica de 24 por ciento.

A los costos en salud de las mujeres, hay que agregar el impacto económico. Xavier lo explica así: “Si tomamos en cuenta que en Uruguay se producen 33 mil abortos y que el 81 por ciento se realizaría en clínicas, estos ascenderían a 26 mil 730.

Si consideramos que el precio comercial de un aborto en una clínica clandestina es de entre 500 y 600 dólares, veremos que los abortos mueven una cifra de aproximada de 15 millones de dólares, cantidad que no paga impuestos, que no genera inversión productiva y que más bien tiende a profundizar el desequilibrio de quienes tienen que distorsionar su presupuesto familiar para poder acceder al procedimiento.

Si a este cálculo sumamos el gasto del Estado y salud privada por los efectos de un aborto realizado en condiciones de riesgo, la cantidad a considerar es claramente mayor.

“El proyecto de ley que hoy tratamos nos ofrece una disyuntiva histórica: mantener la hipocresía de pensar que debemos seguir reprimiendo en la faz pública lo que aceptamos y utilizamos en la vida privada, o remover de una vez por todas los falsos esquemas y comenzar a asumir las deudas que tenemos con la sociedad”. concluye Xavier.

El senador Walter Riesgo no va a votar el proyecto de ley. Sus cuestionamientos se sustentan en la defensa de la vida desde la concepción. No obstante, “podría aceptar el aborto hasta antes de la anidación del óvulo fecundado”, es decir durante los primeros l0 días posteriores a la concepción.

A la contradicción el legislador suma desinformación cuando afirma que “Lo más peligroso de un embarazo es un aborto”, y hace responsable a esa práctica de extremo estrés y otras cosas. Incluso sugiere que el cáncer de mama podría tener relación directa con el aborto.

Pese a que dice querer “ayudar a las mujeres”, no está dispuesto a concederles la oportunidad de poder eliminar el producto de un embarazo que no desean por múltiples razones de peso, incluídas las económicas.

Porque les reconoce “el derecho a no quedar embarazadas”´, las remite a los métodos anticonceptivos, entre los que menciona las pastillas, el preservativo, el Dispositivo Intrauterino (DIU) y otros sistemas que como hombres no sabemos”.

Como alternativa propone la educación sexual, que “es un seguro de vida”. No es la primera vez que cuando se inicia el debate público sobre el aborto, sus detractores oponen como alternativa la educación sexual.

En la segunda sesión que el Senado dedicó al tema, el 16 de abril, se escucharon cinco intervenciones a favor de la iniciativa, mayoritariamente inclinadas por una consulta a la ciudadanía.

Con elocuente pragmatismo, el senador Rafael Michelini pinta un cuadro de situación: “Si la ley no se vota hoy, ¿qué es lo que tenemos?: miles de abortos”, se trate de l5 mil, de 33 mil o de l50 mil, que son las cifras manejadas en diferentes ámbitos y momentos.

Parte de una realidad: “No hay ninguna sociedad en el mundo que haya eliminado la interrupción del embarazo. No hay dios que pueda cambiar la decisión de una mujer”, en tal sentido, Michelini está convencido de que legalizar su práctica es la única vía para disminuir la incidencia del aborto. “Me aferro a la vida, a salvar la mayor cantidad de vidas. El proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva salvaría más vidas que la ley de l938 vigente”, asegura Michelini.

“La sociedad uruguaya va a tener que optar, que decidir, mirar hacia su interior, luchar contra su propia hipocresía, la nuestra, la de todos, y adoptar una decisión, y esa la aceptaremos todos, sagradamente, como se acepta un veredicto popular”, dice Julio Herrera.

Alberto Cid dice que “estaría dispuesto a apoyarla calurosamente, porque sería la forma de apoyarlo definitivamente”´.

Para Marina Arismendi “No es motivo de temblores que se hable de pronunciamiento popular. Siempre defendimos los plebiscitos”. “Acá no existe nadie que esté a favor de la muerte. No estoy a favor del aborto. Ojalá nadie tuviera que pasar por la experiencia, que es traumática siempre”, dice la senadora al tiempo que convoca a dejar de susurrar en los corredores y desnudar el problema.

José Korzeniac, rechaza categóricamente cualquier diatriba que le impute estar contra la vida, y asume que para él la vida humana comienza con la concepción. Sin embargo, apoya el proyecto de ley por su contenido social y ético, enmarcado en el Derecho Penal, que en su versión moderna prioriza “que las conductas no deseables se reduzcan o al menos se produzcan de la mejor manera posible” por sobre el castigo.

“La ley actual es obsoleta: no generará nada bueno ni para las mujeres ni para los embriones”´, sentencia Korzeniac, quien también prefiere que el tema de sea resuelto por una manifestación del cuerpo electoral, camino al que pone dos condiciones: conocer previamente qué piensan cada uno de los senadores y senadoras, y que la consulta no esté inserta “en los procesos de elección de los gobernantes de este país”.

Hubo un planteo del Partido Colorado a la bancada de senadores del Frente Amplio/Encuentro Progresista sobre la posibilidad de instrumentar un mecanismo de consulta popular vía enmienda constitucional, que encontró buena disposición en la coalición de izquierda. Las condiciones de esta última serían que concluya el proceso en el Senado con la votación del proyecto de ley, y que la decisión la tomen los órganos políticos.

* Este documento se publicará el próximo domingo en el suplemento La República de las Mujeres, del diario La República, y fue editado por esta agencia noticiosa.

www.diariolarepublica.com

2004/BJ

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