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Aborto inducido, otra vez en debate

Por Redaccion

La reciente despenalización del aborto en México y Portugal volvió a llevar a la palestra pública un asunto tan sensible como polémico, un delicado problema de salud, informa el Especial de prensa latina Mujeres del Tercer Milenio.

Al respecto, también subyace un asunto de competencia de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y el que plantean entidades civiles y religiosas en torno a la vida.

Considerada una de las formas más antiguas de regulación de la fecundidad y también la más controvertida hasta la aparición de la fertilización in vitro, ningún otro procedimiento quirúrgico de carácter voluntario produjo con anterioridad el debate que desató éste.

Hasta 1954 el aborto era ilegal en todos los países del mundo, excepto en Islandia, Dinamarca, Suecia y Japón. En las tres décadas que siguieron, más de 30 naciones, incluidas algunas de las más populosas como China e India, modificaron sus leyes restrictivas para permitirlo, bajo el requerimiento de la mujer o debido a una amplia gama de indicaciones sociales.

Sin embargo, penalizado en gran parte de América Latina y el Caribe, en la región se practican más de cuatro millones de procedimientos clandestinos, de los cuáles 800 mil requieren hospitalización por complicaciones subsecuentes.

Y ahí no acaba el problema. De todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo, aproximadamente entre el 10 y 50 por ciento necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones.

Abortos incompletos, hemorragia e infecciones son algunos de los riesgos que corren ellas al no recibir un tratamiento adecuado con las condiciones necesarias para garantizar vida y salud.

Cada mil mujeres en edad reproductiva (15-49 años) se realizan 30 abortos inseguros, según estimados, y el promedio de muertes maternas es de 194 por cada 100 mil nacidos vivos, a pesar de que con medidas de bajo costo las consecuencias podrían prevenirse o mitigarse.

En 1996, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que el aborto era la causa primordial de mortalidad materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, segunda causa de muerte en Costa Rica y tercera en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

Las condiciones actuales no distan mucho de entonces, a pesar de que se producen algunos avances en Bolivia, Argentina y Colombia.

En otras naciones, como Ecuador y Chile, se desarrollan debates interesantes sobre los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a servicios para la población. En Chile, en enero de 2007, la presidenta Michelle Bachelet firmó un decreto aprobatorio del suministro de la píldora anticonceptiva del día después.

Desde tiempos lejanos, las mujeres se vieron impulsadas a interrumpir un embarazo por muchas y muy diversas razones. La necesidad de no procrear más, dificultades económicas asociadas a la manutención del hogar, problemas congénitos en el feto, que la gestación sea producto de una violación sexual o incesto, conservar un empleo, continuar un programa de educación, son algunas de las más frecuentes.

El incremento de las relaciones sexuales no seguras, el desconocimiento de la anticoncepción y el difícil acceso a los servicios de regulación de la fecundidad, determinan que aún hoy exista un gran número de embarazos indeseados y muchas busquen su terminación.

Sin embargo, está demostrado que el uso de anticonceptivos, junto con el buen desempeño de los servicios de planificación familiar, pueden reducir enormemente las gestaciones no programadas.

Por ello se hace cada vez más evidente y necesaria una legislación flexible, que facilite el camino a servicios de aborto en condiciones adecuadas, y erradicar así la práctica clandestina.

De igual forma se necesita una mayor y mejor atención en salud, incluyendo métodos seguros y efectivos de planificación familiar y atención obstétrica de urgencia, concluye el Especial de prensa latina Mujeres del Tercer Milenio.

ARGENTINA LUCHA POR SU DERECHO

El caso de Argentina es casi paradigmático de lo que ocurre en América Latina, pues aunque existe una ley que permite el aborto terapéutico, la realidad de una sociedad conservadora, con sectores misóginos y de ultraderecha, impiden que la norma se aplique.

Las organizaciones promotoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito relatan en un comunicado que en el hospital de San Pedro, Provincia de Jujuy, atendieron a una joven tras la violación, pero no le dieron la píldora del día después. Y muchas personas ofrecen ayuda para que pueda interrumpir el embarazo.

También en San Pedro, Romina Tejerina fue violada y no pudo acceder a un aborto ?como tampoco a anticoncepción de emergencia ni a educación sexual- y así violentada llegó a la tragedia y a la cárcel.

Y en Santa Fe acaba de morir una mujer, Ana María Acevedo, que padecía cáncer y le negaron el aborto necesario para poder darle tratamiento oncológico y salvarle la vida.

Nuestro Código Penal, dice el texto, permite el aborto en estos casos. Demandamos su cumplimiento y la ampliación de la despenalización y su correspondiente legalización.

“Cuando hablamos de aborto no punible estamos hablando de aborto legal. Las mujeres tenemos derecho al aborto legal avalado por la nueva jurisprudencia que lo reconoce en caso de peligro para nuestra vida y nuestra salud y en todos los casos de embarazo por violación, que daña nuestra integridad personal y nuestra salud mental.

“Si no se hace esta práctica legal, no se cumple una obligación como funcionario o funcionaria de salud pública. La interpretación del Código Penal por parte de la jerarquía y de grupos de ultraderecha católicos se hace desde una moral masculina y misógina, que no respeta la ley, los derechos, ni la vida de las mujeres”.

Los enormes logros alcanzados en la lucha de estos años no son aún suficientes para desarticular el intento de colonización y comercialización del cuerpo de las mujeres, dice el comunicado de la Campaña.

Es mucho lo que se ha avanzado y es claro el límite que estamos imponiendo a la injerencia de instituciones y discursos religiosos sobre la sexualidad, la reproducción y la libertad en la toma de decisiones.

Nos falta un buen trecho todavía para lograr el diálogo necesario sobre el rol del Estado y la ciudadanía. Como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito nos pronunciamos por un Estado Laico como premisa fundamental para la profundización de la democracia.

Por ello, concluye el texto, exigimos: que el Estado garantice el aborto legal a la joven de Jujuy; que se lleve a cabo en todo el país el protocolo de aborto no punible; que se forme e informe a los profesionales de la salud y la justicia en derechos humanos y en las obligaciones legales y constitucionales sobre derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

Demandan también las organizaciones y personas integrantes de la Campaña juicio y castigo a los culpables del crimen de Ana María Acevedo, así como educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

07/GG/CV

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