Academia y OSC exigen a Estado mexicano esclarecer caso Atenco

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y académicas celebraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasara en su intento por detener la denuncia que 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En una carta pública difundida cinco días después de la audiencia de fondo que se realizó en Washington (14 de  marzo) las agrupaciones civiles aplaudieron que las 11 mujeres denunciantes rechazaran la “solución amistosa” ofrecida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y se sumaron a este rechazo.
 
Luego de que el Estado mexicano ofreciera esta propuesta en voz de los representantes de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Bárbara Italia Méndez, una de las peticionarias ante la CIDH, leyó una carta a nombre de sus compañeras en la que expresó su negativa para acordar una solución amistosa con el Estado mexicano.
 
El argumento fue contundente  “éste ha sido incapaz de responder a nuestras demandas de verdad y justicia, que sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia y que las únicas acciones que ha realizado coinciden con los avances en el litigo a nivel interamericano”.
 
En la carta de apoyo, académicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros centros educativos, señalaron que la audiencia ante la CIDH representó la primera oportunidad de que las mujeres de Atenco plantearan sus testimonios.
 
Explicaron que este proceso a nivel internacional, que comenzó en abril de 2008 con la petición de admisibilidad del caso, significa un paso fundamental para exigirle al Estado mexicano que responda por los actos represivos de mayo 2006, cuando fueron detenidas 47 mujeres y 26 de ellas fueron víctimas de abuso y violación sexual.
 
“Por lo mismo nos indigna profundamente que los representantes del gobierno de Peña Nieto hayan respondido ante sus legítimos reclamos de acceder a la justicia con una simple disculpa verbal por parte de Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, dijeron.
 
Argumentaron que bajo ninguna circunstancia permitirán que los actos de tortura sexual sean clasificados por el gobierno de Peña Nieto como “excesos cometidos por las fuerzas del orden” que se pueden borrar del presente mediante un acto informal que pretende ser una disculpa pública.
 
Los colectivos que firman la carta de apoyo – que también han sido víctimas de la criminalización de la protesta social-señalaron que en este caso el Estado ha respondido con supuestos avances que sólo reflejan intentos por bloquear la lucha de las mujeres.
 
“Tal grado de impunidad las llevó a agotar todas las posibilidades ante las instancias internacionales. Y en estos  últimos cinco años el gobierno mexicano ha hecho lo posible por evitar que presenten sus casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
 
En este contexto celebraron que el gobierno mexicano fracasara en su intento por parar el caso ante la CIDH y se comprometieron a acompañarlas como lo han hecho con otras mujeres como las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, también víctimas de violación sexual por elementos del Estado: militares.
 
Las y los firmantes de la misiva entre los que destacan el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Grupo Interdisciplinario Feminista, entre otros, señalaron que los actos de violencia sexual por parte de militares y policías son “un mensaje de dominación contra los que nos organizamos y exigimos transformaciones de fondo en México.
 
Por eso sabemos que la lucha de ustedes es también una lucha de la sociedad en su conjunto, porque los actos de represión estatal contra los cuerpos de las mujeres son una expresión íntima de las violencias estructurales en el país”.
 
Pidieron al Estado el pleno esclarecimiento de los hechos violentos, la sanción efectiva de los responsables materiales e intelectuales, y medidas de reparación para evitar la repetición de agravios, porque de lo contrario “no se pueden lograr cambios”.
 
13/AGM/LGL