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Aceptaría la CIDH el caso Paulina

Por Miriam Ruiz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde actualmente se ventilan los casos de Digna Ochoa y las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, estudia la posibilidad de aceptar el caso de la niña Paulina, a quien se le negó el derecho a un aborto legal en el norteño estado de Baja California.

El caso Paulina es emblemático para el continente americano por ser una constante en la región, refrendó este lunes un grupo de especialistas en derechos sexuales y reproductivos visitantes en la CIDH, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyas sesiones se llevan al cabo en esta ciudad.

“Con Paulina se violó el derecho a la protección de la ley y ante la ley”, sostuvo la mexicana Marta Lamas, directora del Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE). “Ese caso es emblemático de la forma en que los obstáculos ideológicos impiden la administración de justicia de acuerdo a derecho, pero no es el único”.

Los gobiernos de América Latina violan los derechos que las mujeres tienen sobre su sexualidad y su reproducción, denunciaron hoy las representantes de la sociedad civil continental.

En esta región del mundo las mujeres “mueren a diario por negligencia estatal, ya sea que quieran llevar a término su embarazo o interrumpirlo”, señalaron al recordar que las altas tasas de mortalidad materna en la región y la penalización absoluta del aborto constituyen una violación al derecho a la vida según los acuerdos vigentes.

Así ocurre también cuando los Estados son discriminatorios al negar servicios de salud que solamente necesitan las mujeres, dice el informe presentado, entre otras, por el Centro de Ley y Derechos Reproductivos.

Marta Lamas expuso que nuestro continente es una de la regiones del mundo donde el aborto está más estrictamente reglamentado; incluso en tres países: Chile, Colombia y El Salvador, está totalmente prohibido.

En el caso de México, a pesar de tener una de las legislaciones más progresistas, y la reglamentación en casos de violación, “acceder a este derecho depende no de cuestiones legales, sino de la forma en que el acceso a la justicia está mediado por la clase social o la información de las mujeres en los grupos más populares”. En esos casos también “es determinante el peso de las creencias religiosas o ideológicas de quienes imparten justicia o dan acceso a los servicios de aborto legal, como el personal médico”.

Igualmente denunciaron la prevalencia de la violencia sexual y familiar, que en Colombia se ha utilizado como una forma de amedrentar a las poblaciones en conflicto, y el aumento del embarazo adolescente en las depauperadas poblaciones desplazadas, mientras que 70 por ciento de las mujeres desconocen qué es un Papanicolau en Ecuador.

Por todo ello, llamaron hoy a que “todas las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyan específicamente los derechos humanos de las mujeres que ya empezaron a ser incorporados”, explicó Luisa Cabal.

A própósito de los primeros 10 años de la Convención Belem do Pará, solicitaron un informe de acceso a la justicia y los derechos sexuales y reproductivos, uno de los grandes obstáculos de estos derechos.

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