En Guerrero, son los militares del Estado, los verdes o los guachos, como les dicen en la Montaña, quienes mantienen a la población temerosa y en vilo por los constantes ataques que sufren los indígenas.
Fortunato Sierra es un voluntario civil de la policía municipal. También es comerciante, sube a la Montaña a vender todo tipo de frutas de temporada, legumbres, quesos y hasta chivos.
Hace seis años, militares violaron a su esposa, pero como si no hubiera sido suficiente, ahora sufre el acoso constante de un grupo de paramilitares.
En repetidas ocasiones lo han golpeado y amenazado de muerte, todo por no quedarse callado y denunciar, primero la violación contra su esposa y ahora las ataques en su contra.
Por esto, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me´Phaa, solicitaron por escrito medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida e integridad de Fortunato Prisciliano, Inés N y el resto de su familia.
La solicitud de las medidas cautelares formuladas ante la CIDH tiene la finalidad de que, una vez resueltas, el Estado mexicano tendrá la obligación de garantizar la seguridad, integridad y vida de todos ellos.
Incluso Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente debido al temor por la seguridad de Fortunato, pidiendo a las autoridades que garanticen que él y su esposa reciban medidas de protección para garantizar su seguridad, conforme a los deseos de los propios afectados.
También se pidió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas y el ataque contra Fortunato.
Los llamamientos se le hicieron al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, al procurador de Justicia, Eduardo Murueta, y al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, Juan Alarcón Hernández.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denunció en días pasados que el Ejército Mexicano se ampara en la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de armas de alto poder de uso exclusivo de la milicia para realizar vejaciones contra la población indígena, como en el caso de Fortunato Sierra y de la violación de su esposa en el 2001.
DESPLIEGUE
A mediados de este 2007, informes oficiales mostraron un despliegue total de 27 mil 579 militares, de los cuales 7 mil 600 efectivos fueron enviados sólo para el estado de Guerrero. Las comunidades indígenas se han visto afectadas directamente por este despliegue y el caso de Fortunato es tan sólo una muestra de ello.
Es una guerra de intimidación emprendida por el Ejército en contra de las poblaciones indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, bajo la justificación de su campaña de combate al narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que provoca violaciones sistemáticas a los derechos humanos de una población ya de por sí excluida de los beneficios sociales.
En el 2001, cuando Inés N, indígena Me´Phaa (tlapaneca), fue presuntamente fue violada por militares del 48 Batallón de Infantería, los militares no buscaron armas o droga. Les fue suficiente un trozo de carne que colgaba fuera de la casa de Inés para que los soldados entraran a su casa y la interrogaran. No fue todo lo que hicieron.
Inés y Fortunato denunciaron ante las autoridades locales la violación e inicialmente se abrió una investigación en el Ministerio Público de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero. No trascendió, y como frecuentemente ocurre, los militares tomaron la jurisdicción del caso y en 2003 cerraron las investigaciones.
Debido a que las autoridades mexicanas no pudieron resolver el caso, Inés levantó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington DC. Sin embargo, fue cinco años después, el 21 de octubre de 2006 cuando la CIDH aceptó formalmente el caso, (exp. 504-04).
Fue a partir de esta denuncia que el acoso hacia Fortunato comenzó. Ya no podía ni siquiera caminar tranquilamente por su comunidad. El 30 de junio de este año, el esposo de Inés estaba afuera de la comisaría de su poblado cuando dos hombres armados lo golpearon y lanzaron la siguiente amenaza: lo que estás denunciando con tu esposa Inés en contra de los guachos es mentira. Ya sabemos que hasta a Estados Unidos van a ir, pero no te va a servir de nada lo que estás diciendo, sentenciaron los uniformados.
Así ocurrieron otras dos amenazas, por lo que el pasado 8 de agosto Fortunato denunció los hechos ante el Ministerio Público del distrito de Allende. Tlachinollan y la Organización Me´Phaa respaldaron la acusación de Fortunato e hicieron un enérgico llamado a las autoridades para que investiguen el caso y el Gobierno deje de proteger a los culpables.
La vida de Fortunato en los últimos años se aleja por mucho de la normalidad. Ya no puede subir a la Montaña a vender la fruta y a conseguir dinero para sus chivos sin experimentar el miedo de una golpiza más. Las amenazas son constantes y la respuesta de las autoridades mexicanas nula.
07/JP/GG
