Lo dijo Mario Benedetti «No es el olvido lo que puede salvar a una comunidad del rencor y la venganza. Solo el ejercicio de la justicia permite que la comunidad recupere su equilibrio». Las causas que provocaron la matanza de Acteal a nivel económico, social y político, siguen sin resolverse en Chiapas.
¿Fue un crimen de Estado o una batalla intercomunitaria? Por primera vez en la historia de México un jefe de Estado, en este caso Ernesto Zedillo, podría ser acusado de crímenes de lesa humanidad por la limpieza étnica en Acteal, luego de que las víctimas agotaran las vías judiciales en el país.
La maquinaria del Estado se mueve a gran velocidad para exculpar la responsabilidad del ex-presidente y se espera la liberación de los autores materiales. Ninguno de los autores intelectuales de esa masacre ha sido detenido. Y el Estado pretende ahora borrar el crimen de Acteal y para ello cuenta con sus propagandistas especializados en opinión pública: algunos intelectuales y periodistas.
La revisión que actualmente realiza el gobierno de Felipe Calderón sobre la matanza ocurrida hace once años pretende eximir de responsabilidad al Estado mexicano, pero difícilmente lo lograra a pesar de invertir millones de pesos en ello. Por una simple razón: los hechos, son los hechos.
Y los hechos, hablan por sí mismos: eran las 11:30 de la mañana del 22 de diciembre de 1997 cuando los paramiliatares del grupo denominado «Máscara Roja» entraron a la iglesia de la comunidad de Acteal, en el municipio de San Pedro Chenalho, Chiapas, armados con fusiles AK-47 y M-16, armas de alto poder de uso exclusivo del ejército— y mataron a 18 niños, 19 mujeres, 7 de ellas embarazadas y 8 hombres, todos indígenas tzotziles.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Colectivo Alas, Las Abejas de la Comunidad de Acteal, Chenalhó, Chiapas, entre otras organizaciones han organizado la Jornada de Acción por la Justicia y la Verdad sobre la matanza de Acteal.
Para las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, la matanza de Acteal fue un crimen de Estado, particularmente porque fue producto de una política deliberada y encaminada a exterminar a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También porque mientras ocurría la masacre, la policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación.
Es una matanza de Estado, sostienen, y como prueba exhiben la no acción de las autoridades del gobierno de Chiapas que fueron advertidas del inminente riesgo de la masacre y no hicieron nada.
El Estado ha negado el derecho de conocer la verdad de los hechos, pues no se han agotado las líneas relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente, porque los recursos legales interpuestos han resultado totalmente ineficaces y finalmente porque a 11 años de la masacre aun hay causas penales abiertas y los juicios se han extendido excesivamente desgastando a los familiares y testigos.
A pesar de que 87 indígenas fueron procesados, existen 27 órdenes de aprehensión pendientes contra civiles, dos más en contra de Jorge Gamboa Solís, entonces coordinador de la Policía Estatal y contra José Luis Rodríguez Orozco, director de la Policía de Seguridad Pública Estatal.
Los familiares de las 45 víctimas no han recibido reparación del daño, el desarme de los grupos paramiliatres no se ha producido y ninguno de los autores intelectuales ha sido castigado. Ante la negación de la justicia y la verdad en México, organismos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas han acudido a instancias internacionales.
En febrero de 2005 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado mexicano, pero el proceso es largo y aún esperan que la CIDH se pronuncie sobre la admisión del caso.
La otra posibilidad, según Blanca Martínez Bustos, de esa organización no gubernamental, es la búsqueda de un tribunal alternativo de otro país, invocando la jurisdicción universal, tipificada para casos de lesa humanidad o genocidio como en el caso de la matanza de Acteal.
El escritor Héctor Aguilar Camín sostiene que lo ocurrido no es un crimen de Estado. Para ello escribió hace año y medio, tres textos analizando los hechos que pretendían desmontar la versión de la Procuraduría General de la República y la de los organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Asegura que luego de revisar minuciosamente abundante documentación sobre la matanza de Acteal, ha llegado a la conclusión de que en Chenalho, Chiapas no había paramilitares, como el denominado «Máscara Roja», ya que, afirma, se trataba de grupos autoarmados, porque dice, que fueron los mismos indígenas los que hicieron una «cooperación» para comprar el armamento que utilizaron en la matanza.
Diversas fuentes han coincidido en destacar el ensañamiento de los asesinos de la matanza de Acteal, como los testimonios recogidos en el libro «La Otra palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal» coordinado por Rosalía Aída Hernández Castillo donde la indígena Micaela dice:
«Desvistieron a las mujeres muertas, les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete».
Sin embargo, Héctor Aguilar Camín asegura que los testimonios que hablan del ensañamiento con las mujeres embarazadas no están sustentadas científicamente, ya que ha podido acceder a las autopsias y en ningún caso se certifica que los agresores les abrieran el vientre: para Aguilar Camín el proceso judicial de la matanza de Acteal esta lleno de irregularidades y gracias a sus investigaciones dice que ha podido determinar que la justicia en Chiapas ha fabricado muchos culpables, por lo tanto denuncia la inocencia de la mayoría de las 78 personas actualmente presas.
La postura del escritor Héctor Aguilar Camín coincide con la exculpación que el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, hace de los acusados de la matanza de Acteal, al igual que sus argumentos sobre el crimen, el cual basan en un conflicto intercomunitario entre zapatistas y antizapatistas, sin la presencia de paramilitares.
El periodista Ricardo Raphael, subdirector de Opinión del periódico El Universal, encabeza un equipo de abogados desde el CIDE que defiende a los inculpados de la masacre de Acteal. Sostiene que a los 45 indígenas asesinados se suman otros 75 indígenas encarcelados «por un crimen que evidentemente no cometieron». Afirma que los encarcelados son «víctimas residuales» y por tanto lucha para liberarlos.
La gran pregunta que surge en este inusitado reforzamiento de la versión oficial, es: ¿Por qué al CIDE le interesa defender a los inculpados de la matanza de Acteal? Es decir, ¿por qué al CIDE le interesa este caso y no otros de los miles de casos de violaciones a los derechos procesales? ¿Por qué el CIDE no busca a los supuestos culpables? ¿Quién financia al CIDE para que defienda a los inculpados de Acteal y avale la versión del Estado?
En su página Web lo explican: El CIDE es un centro de investigación y educación superior especial en Ciencias Sociales y financiado con recursos públicos. Entonces ¿La defensa es gratis o pagada por el Estado que busca la exoneración a toda costa a través del CIDE y de algunos intelectuales?
La maquinaria del Estado se mueve a pasos agigantados para imponer un velo de olvido e impunidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgará próximamente un amparo para que sean liberados 12 indígenas sentenciados por su participación en la matanza de 45 tztoziles hace 11 años.
¿Dónde están los que planearon y dirigieron la matanza de Acteal?
09/SM/GG
