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Activistas aún ven fallas en proyecto de reforma al fuero militar

Por Anayeli García Martínez

Defensores de Derechos Humanos (DH) afirmaron que la propuesta de reforma al Código de Justicia Militar presentada por el Senado va en el camino correcto, aunque señalaron que se puede mejorar para lograr que los delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles sean realmente sancionados. 
 
En una reunión con la Comisión de Justicia del Senado, integrantes de grupos civiles exhortaron a las y los legisladores a aprobar una reforma al artículo 57 de ese código que concuerde con las recomendaciones de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
El llamado lo hicieron los Centros de Derechos Humanos Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Centro de Derechos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), los cuales defienden a víctimas de abusos castrenses.
 
Se sumaron también Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), que expusieron que la militarización de la seguridad pública derivó en violaciones a DH que, por ser investigadas en el fuero militar, no son sancionadas.
 
Santiago Aguirre, abogado de Talchinollan, afirmó que la reforma debe ir en concordancia con las resoluciones de tribunales como la CoIDH y la SCJN, y señaló que si bien la propuesta legislativa va en la senda correcta al incorporar preocupaciones de la sociedad civil, advirtió que se debe mejorar.
 
El abogado aseguró que esta reforma es una posibilidad de fortalecer a las fuerzas armadas desde la lógica democrática y constitucional, es decir, a partir de “de robustecer la legitimidad democrática que brinda el respeto de los Derechos Humanos”.      
 
En tanto, Alejandra Nuño, directora de la CMDPDH, afirmó que ante la falta de justicia en México muchas víctimas de abusos militares recurren al sistema interamericano en busca de justicia.
 
Citó el caso de las “Hermanas González Pérez”, tres indígenas de Chiapas que fueron violadas sexualmente por efectivos castrenses en 1994.
 
Nuño dijo que la primera versión de dictamen cumplía con los lineamientos internacionales, pero apuntó que la versión más reciente se aparta significativamente del tema, porque dice que no aplicará el fuero militar “cuando se lesionen bienes jurídicos cuyos titulares sean las personas”, interpretación que –observó– podría excluir derechos.
 
A lo anterior se sumó Jaqueline Sáenz, investigadora de Fundar, quien mencionó que el anteproyecto de dictamen difundido el pasado 2 de septiembre incluye una nueva forma de restringir la jurisdicción castrense, mientras que otros artículos del Código de Justicia Militar dejan abierta la posibilidad de que las fuerzas armadas indaguen las violaciones a DH.
 
Afirmó que la propuesta nuevamente mantiene excepciones injustificadas que merman los derechos de las víctimas, por lo que dijo que al parecer el anteproyecto pretende que se exceptúen los delitos que se cometen “en actos en campaña”, sin importar si se tratan de crímenes o violaciones a DH contra civiles.
 
Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh, lamentó se mantenga la policía ministerial militar para investigar, ya que se han constatado casos en los que manipula las escenas del crimen y las evidencias, lo que hace muy difícil continuar con las pesquisas. 
 
Señaló que todas las investigaciones que involucren delitos cometidos por militares contra civiles tienen que ir desde el inicio a los Ministerios Públicos civiles, porque si no se correría el riesgo de juzgar a estas personas en tribunales civiles, pero con investigaciones realizadas en el ámbito castrense.
 
En la reunión se informó que las comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos primera, y Estudios Legislativos segunda, ya elaboraron un anteproyecto de dictamen, aunque todavía falta la opinión de mandos castrenses.
 
Además está pendiente por definir qué otro artículo se debe reformar para excluir todos los delitos del fuero castrense, y cuál será la norma para decidir quién debe conocer primero un caso, si la autoridad militar o civil, y por tanto quién debe declinar su competencia.
 
13/AGM/RMB

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