Para impulsar propuestas públicas que respondan a la crítica situación en que viven las y los niños de las familias jornaleras agrícolas, uno de los grupos más marginados y excluidos de los servicios sociales, de la educación y de la protección, se realizó el Primer Encuentro Nacional Protección y Derechos de las Niñas y los Niños de Familias Jornaleras Agrícolas, los días 16 y 17 de abril en Sinaloa, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Cada año, aproximadamente 350 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos, según cifras de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB).
Casi la mitad de las y los hijos de los jornaleros agrícolas son indígenas, alrededor del 42 por ciento padece algún grado de desnutrición y muchos trabajan en los campos agrícolas con el consecuente riesgo para su salud y desarrollo.
Y menos del 10 por ciento de estas niñas y niños asiste a la escuela, estima la Secretaría de Educación Pública (2007), muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas por cambiar de lugar de residencia y, según el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (Pronim) de la SEP (2007), 50 por ciento de éstos, entre 6 a 14 años, que asisten a la escuela se encuentra en el primero o segundo grado de primaria, por lo cual en este grupo de población se registra el más alto grado de rezago educativo del país.
Por la complejidad del problema, durante el Primer Encuentro Nacional Protección y Derechos de las Niñas y los Niños de Familias Jornaleras Agrícolas se reunieron, por primera vez en un encuentro de este tipo, autoridades tanto a nivel federal como estatal, de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), de la Secretaría de Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y de la Secretaría del Trabajo.
También asistieron la Confederación de Asociaciones de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa, y organismos internacionales como Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de articular acciones para la protección y el cumplimiento de los derechos de las familias de jornaleros agrícolas.
COMPROMISOS
Entre los compromisos más importantes generados en el Encuentro está la creación de una boleta escolar única que permitirá que las niñas y niños puedan acreditar y dar continuidad a sus estudios, independientemente de sus constantes cambios de domicilio.
Las instituciones participantes en el foro también se comprometieron a coordinar acciones entre estados sobre el sistema de inspección en los campos agrícolas para no permitir la mano de obra infantil.
Se acordó de igual manera que los estados de origen y de destino denunciarán las contrataciones de jornaleros agrícolas y sus familias que realizan enganchadores al margen de la ley.
Se realizarán esfuerzos para registrar a los niños y niñas que no tengan actas de nacimiento, con el fin de que puedan acceder fácilmente a los servicios sociales. Este registro se hará a través de unidades móviles de registro en los lugares de destino.
Se creará un sistema de información alimentado con bases de datos de las diferentes instituciones que atienden a las comunidades agrícolas para conocer más a profundidad el fenómeno y poder dar una adecuada respuesta institucional.
Para atender todo lo anterior, los participantes del encuentro acordaron crear la «Coordinación Interestatal para la Protección de Derechos de los Hijos e Hijas de Familias Agrícolas» que tiene como objetivo garantizar la articulación de acciones entre los estados y entre todas las instituciones involucradas y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados durante el Encuentro.
En este foro, convocado por el Gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, trabajaron conjuntamente por primera vez las autoridades estatales de los programas que atienden a las familias jornaleras durante todo el ciclo migratorio (lugar de origen, tránsito y destino) de los estados de Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Particularmente importante fue la presencia de los propios empresarios del sector agrícola quienes mostraron su voluntad política para mejorar las condiciones de vida de los jornaleros, dice el comunicado de Unicef.
La inauguración del Encuentro corrió a cargo de Susana Sottoli, representante de Unicef en México, quien enfatizó que la responsabilidad compartida de los diferentes actores es un eje central para poder garantizar los derechos de los niños de jornaleros agrícolas desde una perspectiva integral. «Debemos trabajar todos juntos. Sólo así se podrán superar las brechas e inequidades que afectan a las comunidades rurales e indígenas y a los niños que están fuera del acceso a los servicios», expresó Sottoli.
Una niña o niño que no puede mejorar sus oportunidades a través de la educación, de la protección de sus derechos, va a seguir reproduciendo la propia situación de su familia. Nuestro reto es romper ese círculo de reproducción de la pobreza, agregó.
Unicef reconoce los avances en México para incluir en la agenda el tema de las familias de jornaleros agrícolas, así como las acciones encaminadas hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. El hecho de que por primera vez se hayan reunido todas las instancias involucradas y hayan generado acuerdos concretos, es sin duda un importante paso hacia la erradicación del trabajo infantil y hacia el cumplimiento del derecho a la educación y a la protección.
Sin embargo, se deben de redoblar esfuerzos para asegurar la efectividad de los mecanismos de vigilancia y seguimiento de los acuerdos generados, señala el comunicado.
Unicef reafirmó su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos de las autoridades y de la sociedad civil para superar la situación de exclusión y marginación en la que viven las y los hijos de jornaleros agrícolas y asegura que esto solo será posible a través de la implementación de políticas económicas y sociales a largo plazo.
Durante la inauguración del encuentro participaron también José Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación Básica de la SEP; Florentino Castro López, secretario de Educación Pública y Cultura, y Cecilia Landarreche, directora general del DIF Nacional.
En el encuentro se contó con la participación especial de la Procuradora Regional del Trabajo de Brasil, Eliane Araque, quien compartió la experiencia exitosa de Brasil en el combate al trabajo infantil. Araque enfatizó en que un aspecto clave de la estrategia brasileña fue trabajar desde un enfoque más integral con todos los sectores involucrados: salud, educación, asistencia social, sector privado, secretaría del trabajo y derechos humanos.
08/GG
