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Acusan a Fevimtra de perpetuar la impunidad

Por Lourdes Godínez Leal

Luego de tres años de tener “congelada” la investigación por tortura sexual (violación) contra 11 mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra) cerró el caso y declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Así lo dieron a conocer hoy en conferencia de prensa la abogada y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) Jaqueline Sáenz y Luis Arriaga Valenzuela, coadyuvantes del caso desde 2006, quienes acusaron a la Fevimtra de perpetuar la impunidad, ya que con esta acción se da un grave retroceso en el acceso a la justicia.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó la violación y abuso sexual contra 26 mujeres durante su detención, traslado y arribo a la cárcel, pero de éstas únicamente 13 decidieron denunciar ante la Fevimtra, y luego dos desistieron, para quedar sólo 11 mujeres denunciantes.

EL REGALO DE MORFÍN

Antes de su salida de la Fevimtra –instancia creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres–, Guadalupe Morfín Otero, quien asumió el cargo en enero de 2008, tras la renuncia de Alicia Elena Pérez Duarte, “dejó preparado” el acuerdo donde declina la competencia “por encontrarse apegado a derecho” a favor de la PGJEM, para que sea ésta la que continúe las investigaciones.

La ex titular, que dejó su encargo para buscar ahora la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde pretende defender y promover los derechos de los más de cien millones de habitantes del país, argumentó su decisión “en razón de que fueron delitos de competencia estatal, es decir, cometidos en el Estado de México y por agentes estatales, “por lo que no surte la competencia en razón del territorio ni en razón del fuero”, informó el Prodh.

Pese a que esta decisión está firmada por la Fiscal desde el 13 de julio de 2009, no fue sino hace un par de días que se notificó a los abogados coadyuvantes, cuando éstos acudieron, como lo hacen cada mes, para conocer el estado de la investigación.

El Prodh lamentó las declaraciones de Morfín Otero a principios de este mes donde señala que “estaba prácticamente concluida” la investigación en torno a las violaciones de que fueron víctimas las mujeres detenidas, donde se constató la existencia de tortura sexual y violaciones graves a los derechos humanos.

Declaraciones que hizo aunque sabía que ya había declinado la competencia a favor de la Procuraduría mexiquense, instancia carente de independencia e imparcialidad.

Cabe recordar que fue en esta instancia donde se le “siguió” el proceso al policía estatal Doroteo Blas Marcelo, identificado plenamente por una de sus víctimas de los operativos a quien obligó a realizarle sexo oral y quien fue sentenciado sólo por “actos libidinosos” a tres años dos meses y siete días de prisión y al pago de una multa por mil 877 pesos.

Pena que no compurgó al pagar una caución de 6 mil 549.40 pesos (adicional a los mil 877 de la primera sentencia), con lo que el acusado nunca pisó la cárcel.

MORFÍN EXONERA A POLICÍAS FEDERALES

En sus argumentos, la Fiscal consideró que las violaciones a derechos humanos fueron cometidas “únicamente por corporaciones policiales” del Estado de México, señalando a 34 elementos como responsables.

Concluyó también que “de los informes o constancias que obran en actuaciones no se evidencia la participación en los actos de tortura que sufrieron las víctimas y que son los hechos que esta Fiscalía investigó”.

Si la Fiscal contaba con estos elementos, denunció el Prodh, debió haber consignado ante un juez competente para que procediera a librar las órdenes de aprehensión y permitir a las mujeres denunciantes el acceso a la justicia ante los tribunales.

Las mujeres denunciantes de Atenco y el Prodh lamentaron que la investigación realizada por la Fevimtra –que siempre fue “infructuosa”– continúe perpetuando la impunidad y se haya vuelto un recurso inefectivo para las denunciantes.

Bárbara Italia, Edith Rosales y Claudia Hernández expresaron su “frustración” por esta noticia, aunque reconocieron que sabían que esto podía pasar, ya que la Fiscal nunca se comprometió con el caso; “es más, ni siquiera lo conocía a fondo” y es por eso que en abril de 2008 acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle la admisión de su caso, y esperan pronto ser notificadas de su aceptación.

09/LGL/LG

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