Acusado por difamación, tras haber denunciado el tráfico ilegal de bebés de Guatemala y México mediante la corrupción que prevalece en los procesos de adopción internacional que se llevan a cabo en Guatemala, Bruce Harris, director de Casa Alianza, enfrentará un juicio judicial el próximo mes de agosto.
La acusación que afrontará Harris se debe a Susana Luarca, exesposa del presidente de la Corte Suprema de Guatemala, Ricardo Umaña, quien en su calidad de notaria –según el director de Casa Alianza–utilizaba su posición para presionar a los jueces con el fin de que facilitaran los trámites de adopción que tenía a su cargo.
La décima segunda corte criminal guatemalteca fijó el 16 de agosto como fecha para iniciar el juicio contra Harris, quien podría cumplir una pena de hasta cinco años de prisión en caso de que Luarca ganara el juicio.
En septiembre de 1997, Harris fue invitado a una conferencia de prensa por el entonces procurador general de la nación, Asisclo Valladares, en la que se dieron a conocer los resultados de una investigación sobre el tráfico ilegal de bebés guatemaltecos y mexicanos a los que enviaban desde Guatemala a otros países por medio de las adopciones internacionales.
Días después de la conferencia, Luarca de Umaña interpuso una demanda en contra de Harris acusándolo de difamación, perjurio y calumnia; pero curiosamente no acusó al procurador general cuya oficina fue la responsable de la investigación.
Cabe recordar que Guatemala carece de una ley que regule las adopciones, por lo que la exportación de bebes se ha convertido en un gran negocio ya que –de acuerdo a datos oficiales– las adopciones internacionales tienen un costo de entre 15 mil y 25 mil dólares.
Tan sólo en el año 2001 se llevaron a cabo más de dos mil 300 adopciones; lo que equivaldría a 57 millones, 500 mil dólares.
Por su parte, el director de Casa Alianza argumenta que el artículo 35 de la Constitución de Guatemala protege la libertad de expresión y, conforme a derecho, debe ser juzgado por un tribunal de imprenta.
Este tribunal está conformado por cinco personas encargadas de resolver las acusaciones por difamación, sin embargo Luarca replica que el caso permanecerá en una corte criminal puesto que Harris no puede tener libertad de expresión debido a que no es periodista.
Debido a que en Guatemala la difamación es un delito que se castiga hasta con cinco años de cárcel, Bruce Harris ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la Corte determine que únicamente los periodistas tienen derecho a la libertad de expresión.
En este sentido es comprensible el desazón del director de Casa Alianza ya que son evidentes los antecedentes de este país por violación a los derechos humanos.
«Éste [el juicio] no es sólo un caso en mi contra: es un intento de intereses poderosos para mantener estrangulada a una sociedad que grita por paz y democracia. Pero sin libertad de expresión eso nunca podrá ser realidad.»
A pesar del apoyo a Bruce Harris por parte de grupos internacionales mediante escritos, éstos no han surtido efecto.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), grupo legal que apoya a víctimas de violación de sus derechos humanos, ha tomado el caso pero las expectativas de que se resuelva son a largo plazo, indicaron.
Cabe resaltar que desde 1997, y a raíz de la conferencia de prensa de ese año, países como Canadá, España, Reino Unido, Irlanda y Holanda, entre otros, han detenido todos los procesos de adopción con Guatemala.
En su visita en 1998 Ofelia Calcetas Santos, relatora especial sobre la venta de niños de las Naciones Unidas, informó que la mayoría de las adopciones de Guatemala son ilegales.Acusado por difamación, tras haber denunciado el tráfico ilegal de bebés de Guatemala y México mediante la corrupción que prevalece en los procesos de adopción internacional que se llevan a cabo en Guatemala, Bruce Harris, director de Casa Alianza, enfrentará un juicio judicial el próximo mes de agosto.
La acusación que afrontará Harris se debe a Susana Luarca, exesposa del presidente de la Corte Suprema de Guatemala, Ricardo Umaña, quien en su calidad de notaria –según el director de Casa Alianza–utilizaba su posición para presionar a los jueces con el fin de que facilitaran los trámites de adopción que tenía a su cargo.
La décima segunda corte criminal guatemalteca fijó el 16 de agosto como fecha para iniciar el juicio contra Harris, quien podría cumplir una pena de hasta cinco años de prisión en caso de que Luarca ganara el juicio.
En septiembre de 1997, Harris fue invitado a una conferencia de prensa por el entonces procurador general de la nación, Asisclo Valladares, en la que se dieron a conocer los resultados de una investigación sobre el tráfico ilegal de bebés guatemaltecos y mexicanos a los que enviaban desde Guatemala a otros países por medio de las adopciones internacionales.
Días después de la conferencia, Luarca de Umaña interpuso una demanda en contra de Harris acusándolo de difamación, perjurio y calumnia; pero curiosamente no acusó al procurador general cuya oficina fue la responsable de la investigación.
Cabe recordar que Guatemala carece de una ley que regule las adopciones, por lo que la exportación de bebes se ha convertido en un gran negocio ya que –de acuerdo a datos oficiales– las adopciones internacionales tienen un costo de entre 15 mil y 25 mil dólares.
Tan sólo en el año 2001 se llevaron a cabo más de dos mil 300 adopciones; lo que equivaldría a 57 millones, 500 mil dólares.
Por su parte, el director de Casa Alianza argumenta que el artículo 35 de la Constitución de Guatemala protege la libertad de expresión y, conforme a derecho, debe ser juzgado por un tribunal de imprenta.
Este tribunal está conformado por cinco personas encargadas de resolver las acusaciones por difamación, sin embargo Luarca replica que el caso permanecerá en una corte criminal puesto que Harris no puede tener libertad de expresión debido a que no es periodista.
Debido a que en Guatemala la difamación es un delito que se castiga hasta con cinco años de cárcel, Bruce Harris ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la Corte determine que únicamente los periodistas tienen derecho a la libertad de expresión.
En este sentido es comprensible el desazón del director de Casa Alianza ya que son evidentes los antecedentes de este país por violación a los derechos humanos.
«Éste [el juicio] no es sólo un caso en mi contra: es un intento de intereses poderosos para mantener estrangulada a una sociedad que grita por paz y democracia. Pero sin libertad de expresión eso nunca podrá ser realidad.»
A pesar del apoyo a Bruce Harris por parte de grupos internacionales mediante escritos, éstos no han surtido efecto.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), grupo legal que apoya a víctimas de violación de sus derechos humanos, ha tomado el caso pero las expectativas de que se resuelva son a largo plazo, indicaron.
Cabe resaltar que desde 1997, y a raíz de la conferencia de prensa de ese año, países como Canadá, España, Reino Unido, Irlanda y Holanda, entre otros, han detenido todos los procesos de adopción con Guatemala.
En su visita en 1998 Ofelia Calcetas Santos, relatora especial sobre la venta de niños de las Naciones Unidas, informó que la mayoría de las adopciones de Guatemala son ilegales.
En ese mismo año Estados Unidos, país que recibe más del 60 por ciento de los niños y niñas adoptados en Guatemala, impuso la prueba obligatoria del ADN para el bebé y la supuesta madre biológica.
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