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Advierten negligencia judicial en desaparición de niña

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A 15 años del asesinato de la joven Lilia Alejandra García Andrade en Ciudad Juárez, Chihuahua –caso emblemático del feminicidio en la urbe fronteriza que data de 1993–, su madre y activista, Norma Andrade –fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa–, sigue en lucha por la justicia para todas las mujeres y niñas víctimas de asesinatos, desapariciones y trata de personas.
 
Durante la presentación del documental “Seguir viviendo” –que aborda el caso de Lilia Alejandra– en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la activista estuvo acompañada por los padres de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años de edad que desapareció el pasado 13 de enero en San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando iba a la escuela.
 
Tanto Andrade, como Iván Romero y Olga Tezmol, exigieron a las autoridades que investiguen el paradero de la menor de edad. Los padres de la niña señalaron: “Karla corrió con la mala suerte de nacer mujer en un territorio donde es común el secuestro y la desaparición de forma constante y sistemática. Este ha sido el mes más largo, lleno de miedo, temor y desesperación.”
 
Además, su madre comentó que al momento en que ellos denunciaron la desaparición, las autoridades culparon a la familia del hecho.
 
Iván Romero y Olga Tezmol relataron que Norma Andrade les orientó para que lograran el pasado 5 de febrero –23 días después de la desaparición– la activación de la Alerta Amber para la localización de su hija. También organizaron brigadas civiles de búsqueda, aunque hasta ahora no hay noticias de Karla.
 
Norma Andrade demandó a las autoridades el esclarecimiento de ese y todos los casos de secuestro, trata de personas y feminicidio.
 
La activista denunció la falta de respeto y sensibilidad del personal judicial hacia las familias de las mujeres asesinadas o secuestradas. “Somos víctimas de un Estado negligente que minimiza la vida de las mujeres, y que con sus omisiones facilita el fortalecimiento del crimen organizado”, alertó.
 
Por su parte, la profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Karina Ansolabehere destacó que el “hilo conductor” en los casos de feminicidio y trata de personas es la impunidad y la corrupción de las autoridades.
 
Karla Michelle Salas, abogada feminista que litigó el llamado caso Campo Algodonero –con el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció a México por su inacción ante el feminicidio en Juárez–, destacó que aún falta vencer el incumplimiento de las leyes creadas contra este flagelo.
 
Añadió que muchas veces la sociedad tiende a normalizar la violencia de género, sin embargo –apuntó– es necesario evitar estas actitudes, ya que debemos exigir el esclarecimiento de los crímenes contra las mujeres.
 
Norma Andrade concluyó que las familias afectadas no son víctimas, sino sujetos con derecho a exigir justicia. Agregó que no descansarán hasta que Karla Romero Tezmol regrese a su casa con vida.
 
CASO EMBLEMÁTICO
 
Lilia Alejandra García Andrade –hija de Norma Andrade– era madre de una niña y un niño. Desapareció el 14 de febrero de 2001. Al día siguiente, su madre interpuso una denuncia.
 
El 19 de febrero de ese año, una mujer habló a la línea 060 y le dijo a la policía que una joven corría desnuda en la calle y que era agredida por un sujeto.
 
Las autoridades no acudieron al llamado. Dos días después (21 de febrero), el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual, tras haber estado en cautiverio más de una semana.
 
Las autoridades no investigaron la desaparición de la joven a pesar de que en ese momento ya se contaba con el llamado Protocolo Alba para localizar a personas desaparecidas.
 
Ante esas y otras inconsistencias judiciales que derivaron en negación de justicia, el caso de Lilia Alejandra fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptó revisar el caso el 10 de mayo de 2012, por lo que ahora se está a la espera de que la CoIDH pudiera intervenir y emita una nueva sentencia contra México por su negligencia ante los casos de feminicidio.
 
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